Cuando aún era jefa delegacional Claudia Sheinbaum, la administración de Tlalpan clasificó como de “acceso restringido” en “modalidad de reservada” toda la información relacionada con los expedientes de construcción y ampliación del Colegio Rébsamen, en el que murieron 19 niños y siete adultos, y del Tecnológico de Monterrey, donde fallecieron cinco jóvenes estudiantes, durante el sismo del pasado 19 de septiembre.
El argumento que ésta dio para evitar revelar esta información fue que formaban parte de un proceso judicial que no había sido concluido, de acuerdo con una serie de documentos de la Subdirección de Transparencia y Acceso a la Información delegacional, en poder de La Razón.
“La información que se cataloga como RESTRINGIDA en la modalidad de RESERVADA lo son todos y cada uno de los documentos que integran el expediente del procedimiento de verificación y administración, sustanciado ante los órganos jurisdiccionales competentes, ya que forman parte integral de los expedientes conformados con motivo de los procesos judiciales, respecto de los cuales a la fecha no existe resolución alguna que haya causado estado”.
Esta fue la respuesta que dio la administración de la ahora precandidata al Gobierno de la Ciudad de México a cuando menos 52 solicitudes de información que acumulaba hasta octubre de 2017. El fundamento de lo anterior era que había entregado dicha documentación a la Procuraduría capitalina.
La mayoría de las solicitudes hechas a la delegación que encabezaba la morenista, revelan los documentos, fueron presentadas por padres de las víctimas que buscaban saber cuáles habrían sido los motivos por los que sus hijos perdieron la vida en esas construcciones que supuestamente fueron inspeccionadas por la demarcación a su cargo, a fin de que cumplieran con todas las medidas de seguridad y no se corriera ningún riesgo.
Ante tales negativas, a casi cinco meses de aquel sismo, los padres de los 19 niños y los familiares de los siete adultos que murieron en el colegio Rébsamen no han podido conocer cómo fue que la delegación permitió o no impidió que la dueña del inmueble, Mónica García Villegas, construyera en la parte alta del colegio su departamento.
Gracias a diversas publicaciones en medios de información y al acceso que les ha dado la Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) al expediente del caso, los padres saben que durante la administración de Sheinbaun fueron construidos al menos dos pisos sobre la zona escolar. En ellos, instaló acabados de granito, pisos de porcelanato y techos de cerámica.
Sin embargo, no han podido tener acceso a los permisos que otorgó la demarcación debido a que el Comité de Transparencia de la Delegación emitió el acuerdo de clasificarlos como información restringida en la modalidad de reservada.
Una situación similar sucedió con los padres de quienes perdieron la vida en el Tecnológico de Monterrey. Aunque se ha hablado de una mala construcción en el puente escolar que se vino abajo, ellos tampoco han podido saber cómo fueron los permisos de edificación otorgados por la demarcación.
En el acta de sesión del 27 de octubre de 2017 quedó asentado que además del Rébsamen y el Tecnológico de Monterrey, la delegación decidió negar y clasificar como reservada toda la información referente a las construcciones del Walmart de Canal de Miramontes, y de Galerías Coapa por estar bajo un proceso judicial.
“Revelaciones causarían mayor perjuicio”
Con el argumento de que causaría un “mayor perjuicio a la generalidad” que beneficio a un particular, la delegación Tlalpan, que encabezaba entonces Claudia Sheinbaun, negó todo tipo de información relacionada con los expedientes de construcción y ampliación del Colegio Rébsamen, en el que murieron 19 niños y siete adultos, y los expedientes del Tecnológico de Monterrey, donde fallecieron cinco jóvenes estudiantes.
De acuerdo con documentos en poder de La Razón, Sheinbaun y su equipo argumentaron que relevar estos expedientes “se estaría realizando una afectación con la cual se pudiera generar una ventaja personal indebida; es decir, que la divulgación de la información requerida cause un mayor perjuicio a la generalidad que al proporcionarse al particular, así como la integridad e interés de las personas que se mencionan en el juicio”.
Según la ahora precandidata al Gobierno de la Ciudad el “daño que se produce” al revelar los permisos y demás expedientes de dichas construcciones afectaría los datos personales de todas aquellas personas que intervienen en los procesos y procedimientos mencionados”.
Con información de Carlos Jiménez