La decisión del relevo de Enrique Ochoa de la dirigencia nacional del PRI está tomada y será la próxima semana cuando se anuncie su salida, muy probablemente para ocupar un cargo en el gabinete. El presidente Peña Nieto moverá a partir del martes a algunos de sus secretarios que se irán como candidatos al Senado, uno de ellos el de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y en esos enroques se le podría dar entrada a Ochoa, como parte de los últimos cambios que ocurrirán en el actual gobierno con miras a las próximas elecciones.

 

Ochoa cumplió su ciclo ya al frente del PRI y no le es más útil ni a Peña y mucho menos al candidato José Antonio Meade. Al Presidente le sirvió muy bien hasta la designación del candidato. Entrón, habilidoso con la lengua y organizado, el ex director de la CFE cumplió perfectamente, hacia afuera, el papel para el que lo mandaron a dirigir al partido del que él había renegado públicamente —en su comparecencia para intentar ser consejero electoral— cuando negó ser militante o consejero del priísmo. Pero hacia adentro, ante el priísmo cupular y de los grupos, nunca fue aceptado ni llego a ser visto como uno de los suyos, menos como un líder.

 

Esa falta de aceptación, azuzada por las ambiciones y pasiones naturales que desata el actual reparto de candidaturas en las que se vio rebasado en su capacidad de operación, fue lo que emergió el martes pasado en la reunión plenaria de los diputados del PRI en donde al menos once legisladores federales se lanzaron abiertamente contra la permanencia del dirigente nacional, con quejas y adjetivos en los que le pidieron a su coordinador, Carlos Iriarte, que promoviera ante el presidente Peña Nieto el cambio del presidente del partido.

 

Aunque esa rebelión fue sofocada y acallada, por órdenes del propio Ochoa Reza, quien esa misma tarde le llamó enojado a Iriarte y le exigió a gritos —con el estilo prepotente que tanto le critican— que saliera a desmentirlo, la realidad es que las voces de inconformidad de los diputados no serían las únicas porque un par de días después el dirigente de la FSTSE, el senador Joel Ayala, también pediría, él sí públicamente, que el presidente Peña evaluara la necesidad de un cambio en la dirección nacional del PRI. Así que el domingo, que José Antonio Meade asuma la candidatura formalmente, podría haber una emotiva despedida para Enrique Ochoa, a quien le darán una salida más que digna si lo mandan a una de las dos o tres secretarias que quedarán vacantes por los que se van en busca de fuero a las listas de los senadores del PRI; es muy posible que pueda ir a la SCT.
 

De la marca del PRI a la marca Moreira. Ante la danza de nombres que comenzó para saber quién sería el sustituto de Ochoa, algunos se apuntaron y otros se descartaron. Emilio Gamboa, por ejemplo, al que comenzaron a mencionar insistentemente, llamó el jueves por la noche al noticiero del periodista José Cárdenas para decir que él no iba al PRI y darle su respaldo a Ochoa, a pesar de que ya para entonces el propio Gamboa sabía del relevo inminente. Otros mencionaron al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, y aunque éste siempre ha estado listo y con interés en el PRI, la realidad es que en este momento Alito está más ocupado e interesado en permanecer en Campeche que en llegar a una dirigencia en un momento tan incierto y complicado.

 

Otros nombres que se barajaron fueron el de José Calzada, secretario de Agricultura, Enrique de la Madrid, de Turismo, o el ex gobernador Eruviel Ávila, actual integrante del cuarto de guerra del candidato Meade. Algunos hasta especularon con la muy osada posibilidad de que trajeran desde Pachuca a Miguel Osorio Chong, en la que sin duda hubiera sido la mejor señal que pudieran mandar en este momento para la alicaída campaña del PRI, pero que se ve muy irreal ante los enconos y divisiones que existen.

 

La decisión de Peña, según se comenta ya en el equipo cercano de Meade, es que el relevo en el PRI se resuelva por el mecanismo estatutario de prelación: es decir, que ante la renuncia de Enrique Ochoa, la secretaria General, Claudia Ruiz Massieu, subiría como presidenta, y como nuevo secretario general sube Rubén Moreira, actual secretario de Organización. Luego, en un par de semanas, cuando Ruiz Massieu renuncie para irse como candidata al Senado, el ex gobernador de Coahuila se quedaría como presidente nacional por lo que resta de la campaña.

 

Así, en la óptica de Peña, un “operador electoral probado” como Rubén Moreira llegaría a la dirigencia del PRI; pero en la óptica de los ciudadanos el nuevo dirigente priísta sería también el polémico personaje que, junto con su hermano Humberto, protagonizaron todo un entramado de corrupción y endeudamiento excesivo de Coahuila y, de paso, el ex gobernador que “haiga sido como haiga sido” y, con violaciones evidentes a la ley, a los topes de campaña y un uso abierto de los recursos y programas públicos con fines electorales, logró ganar las pasadas elecciones en su estado e imponer, con la ayuda de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al actual gobernador Miguel Riquelme.

 

Es decir que si ya José Antonio Meade dijo en Tlalnepantla que “voy a ganar como lo hizo Alfredo del Mazo”, ahora, si se consuma la llegada de Rubén Moreira como presidente del PRI, que cada quién saque sus conclusiones.
 

Corral ganó el dinero, pero perdió el juicio. La decisión de un juez federal de otorgar la “inhibitoria” al caso del priísta Alejandro Gutiérrez, acusado por el gobierno de Chihuahua de presuntos desvíos de 250 millones de pesos de recursos federales para las campañas del PRI, representa un duro revés para el gobernador panista Javier Corral, que podría perder con este fallo la posibilidad de continuar con la investigación que le sirvió para impulsar no sólo su llamada “Marcha de la Dignidad”, sino también para presionar por la solicitud de extradición de su antecesor, César Duarte, además de cobrarle al gobierno federal 900 millones de pesos que se negaban a otorgarle.

 

Paradójicamente (¿sería casualidad?) un día después de que la Secretaría de Hacienda le hizo el primer pago por 450 millones de pesos, la mitad del “acuerdo político-financiero” que firmó con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, el gobernador Corral recibió la pésima noticia de que el juez de Control de la Ciudad de México, Gerardo Moreno García, el mismo que lleva el caso de Javier Duarte en el Reclusorio Norte, decidió asumir la instrucción del juicio contra Alejandro Gutiérrez y ordenarle al gobierno de Chihuahua que le entregue todo el expediente, que incluye la carpeta de investigación y las copias de la causa penal 780/2017, para que el juicio sea llevado a nivel federal, porque el gobierno estatal y su fuero común, nunca fueron competentes para abrir y llevar ese caso por tratarse de presuntos delitos cometidos con recursos públicos del ramo federal.

 

Lo que significa eso en los hechos es que toda la investigación que tanto presumió Javier Corral y que le valió no sólo apoyo de organizaciones civiles y académicos por “desnudar la corrupción y el modus operandi del PRI” para el desvío de recursos públicos, podría quedar invalida y ser sustituida por un nuevo proceso, si es que se confirma la razón del juez federal que declaró improcedente la indagatoria estatal. Para eso hace falta que el juez de Chihuahua que hasta hoy ha llevado el caso, acepte el dictado de la inhibitoria, y entregue los expedientes y carpetas en un plazo de 5 días. De lo contrario, si el juez local se opusiera, entonces tendrían que ir a un “conflicto de competencia” que resolvería un Tribunal Colegiado, que decide finalmente de quién es la competencia para llevar la investigación, si federal o local.

 

Es muy probable que el tema termine en el ámbito federal, igual que el otro caso de Chihuahua sobre el que también se pronunció el juez Moreno García, el del ex director de Adquisiciones de César Duarte, Antonio Tarín. Y si eso ocurre todo el show político montado por Javier Corral, que le valió un gran protagonismo político y mediático, que le ayudó a exigirle al gobierno federal y obtener el pago de 900 millones de pesos, se habría caído. Y si a eso se suma el inminente dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las denuncias de tortura sicológica y física contra varios de sus funcionarios por actos cometidos contra Alejandro Gutiérrez, la cosa se le podría descomponer al aguerrido Corral, que terminaría sí con su dinero pero sin caso y, muy posiblemente, acusado de encabezar un gobierno de torturadores.
 

Notas indiscretas… A propósito de las denuncias de tortura contra la Fiscalía de Chihuahua, familiares de Alejandro Gutiérrez aseguran que al priísta le estuvieron suministrando, durante varios días en la cárcel de manera obligada, una serie de medicamentos, drogas y sedantes, con los que pretendían “doparlo y confundirlo” para que firmar una confesión previamente redactada. En varias ocasiones, afirman sus familiares más cercanos, al visitarlo lo vieron drogado y hasta babeando y cuando investigaron, obtuvieron un reporte de la enfermería del penal en donde estaba recluido en el que le suministraban “Clonazepam 2mg una tableta en la noche y una en el día; Lorazepam y Losartan 50 mg una cada 12 hrs. Hidroclorotriazida 25 mg una cada 24 horas y Pravastatina 50 mg una tableta en la mañana y una en la noche”. El Clonazepam y Lorazepam son dos potentes sedantes e hipnóticos, mientras que la hidroclorotriazida es un diurético que aumenta la orina, y la Pravastina es un inhibidor de colesterol en la sangre… Qué tan mal estarán viendo las cosas algunos priístas para su partido, que en Durango la actual alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, renunció ayer a ser candidata del PRI a diputada federal por el distrito 02. De plano se bajó y dijo que no va, que se queda en el priísmo, pero que prefiere terminar su periodo en el municipio porque su compromiso es con Gómez Palacio. Ahora tendrán que buscarle quien la supla. ¿Tan fea vio la cosa doña Lety?... Los dados cierran con Escalera Doble. Buena semana.