- Pretenden diputados nombrar a su sucesor en el Tribunal de Justicia Administrativa, pese a ordenamiento de un juez
-Director jurídico del Poder Legislativo local aspira a sucederlo y puede incurrir en un conflicto de intereses
Una nueva pifia legal sumó la Cámara de diputados en el procedimiento que inició hace unos días para designar al “sucesor” de Orlando Aguilar Lozano, magistrado aún del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Y es que con fecha 15 de febrero del presente año, el juez segundo de distrito en el Estado de Morelos, Carlos Anuar Jaimes ordenó al Congreso local “abstenerse de concluir el procedimiento que inició, así como realizar la designación”.
Lo anterior, debido a que Aguilar Lozano logró la suspensión provisional en el juicio de amparo (219/2018-II) que promovió en contra de la convocatoria emitida por el Congreso morelense para la designación del magistrado que habrá de sucederlo en ese encargo (una vez que ha rebasado el límite de edad permitida: 65 años de edad).
Los efectos de la suspensión decretada por el juez segundo de distrito determinan que la Cámara de diputados “podrá continuar con el procedimiento de selección por el cual pretende elegir un magistrado para el Tribunal de Justicia Administrativa, pero se abstengan las autoridades responsables de concluir el procedimiento, esto es, no emitan la declaratoria correspondiente de magistrado y por ende, la designación del nombramiento” (sic).
El Congreso morelense fue emplazado a rendir por duplicado en un plazo de 48 horas, un informe previo sobre los hechos impugnados por el magistrado Orlando Aguilar; la audiencia incidental del juicio de amparo fue señalada para el 22 de febrero próximo.
Debe señalarse que el director jurídico de la Cámara de diputados, Humberto Serrano Guevara a quien le corresponde la defensa legal del Congreso, también se registró en el procedimiento que abrió la Junta Política y de Gobierno para buscar al ‘sucesor’ de Aguilar Lozano, lo que lo ubica en un evidente conflicto de intereses.