Abogado denuncia en conferencia que 2 de sus clientes circularon dinero por empresas fantasmas; al final llegó a firma del candidato
Al igual que hace un par de semanas que fue evidenciado por realizar actos de triangulación de recursos y lavado de dinero y con el mismo modus operandi de vender y luego comprar propiedades a un valor mayor, Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, ahora es acusado de utilizar algunos paraísos fiscales en México, Canadá, Suiza y otros países.
Ello para realizar una transacción por más de 54 millones de pesos para adquirir una nave industrial en su natal Querétaro, por medio de la empresa Junisierra, propiedad de Anaya Cortés y su familia, denunció el abogado Adrián Xamán McGregor, representante legal de Alberto “N” y Daniel “N”, quienes crearon empresas exprofeso para “lavar dinero” a favor del panista.
“Para ocultar el origen del dinero, así como a su beneficiario final, Manuel Barreiro —socio y amigo de Ricardo Anaya— encargó a mis clientes constituir un esquema en el que se utilizaran empresas fantasma o fachada, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros, de toda la confianza del señor Manuel Barreiro y a través de las cuales se hicieron transferencias y triangulaciones económicas en distintas partes del mundo y de esta forma se perdiera el rastro del dinero, estratagema que culminaría con la recepción de los 54 millones de pesos por la empresa propiedad de Ricardo Anaya”, sostuvo el jurista en conferencia de prensa.
Además el abogado detalló la triangulación de recursos: “el dinero proveniente de empresas de Manuel Barreiro se trianguló por diversos países y paraísos fiscales para llegar a una sociedad llamada Tesorem.
Esta sociedad es propiedad de mis clientes y de este ente salieron 54 millones de pesos hacia una empresa de México llamada Manhattan Master Plan Development, que fue la que formalmente compró el lote a Juni Serra y le pagó los 54 millones de pesos”.
Sobre la empresa Manhattan Master Plan Development especificó que es una “fantasma”, sus propietarios originales eran dos empleados de Manuel Barreiro y al percatarse de que resultaría inverosímil que dos empleados de escasos recursos compraran una nave industrial de 54 millones de pesos, se estableció como propietario a Juan Carlos Reyes García, hermano de un alto ejecutivo de la empresa de Barreiro.
Precisó que el inmueble a comprar sería el lote de terreno marcado por el número 82, ubicado en carretera estatal 431, kilómetro 2+200 Hacienda La Machorra, en el municipio de El Marqués, en Querétaro, que cuenta con una superficie de 11 mil 582 metros cuadrados.
“Este lote había sido comprado por Juni Serra, empresa de Ricardo Anaya, al mismo señor Barreiro, un par de años antes, en 10 millones de pesos; es decir, la empresa de Ricardo Anaya compró el lote a una empresa de Barreiro en 10 millones de pesos y dos años más tarde se la vendió ahora como nave industrial en 54 millones de pesos”, expresó Xamán McGregor.
Apenas el 9 de febrero pasado el grupo Consenso Ciudadano por Querétaro presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el candidato a Los Pinos por enriquecimiento ilícito, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Panista califica de “risa loca” la acusación
Como de “risa loca” calificó el precandidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, las imputaciones por una transacción por más de 54 millones de pesos al señalar que este asunto fue aclarado desde hace cinco meses.
“Que amenacé a personas que no tengo el gusto de conocer y cuyo mismo abogado reconoce que no han tratado conmigo, es francamente absurdo y de risa loca.
“Nuevamente el PRI recurre a la guerra sucia para tratar de confundir a la opinión pública e intentar levantar la campaña en ruinas de su candidato. Y, nuevamente, no les va a funcionar”, precisó Anaya.
El político queretano precisó que el tricolor busca distraer la atención “de un gravísimo escándalo de corrupción detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que implicaría el desvío de más de mil 300 millones de pesos de programas sociales, por parte de la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y hoy titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles”.
Resaltó que su empresa vendió la nave industrial a precio de mercado y que está declarada en su 3de3.
Con información de María Cabadas