Al entregar su escrito le propusieron que declarara; él respondió que sólo entregaría un oficio con su petición
Entre militantes panistas, que en todo momento eran alentados por Jorge Romero para que le echaran porras a su candidato presidencial, Ricardo Anaya acudió ayer a las instalaciones de la PGR para exigir que la dependencia aclare si él ha cometido algún delito derivado de la investigación que la dependencia realiza sobre un presunto caso de lavado de dinero a partir de la compraventa irregular de un inmueble en Querétaro.
Acompañado por los dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, y del PRD, Manuel Grados, el abanderado de Por México al Frente entregó en la PGR un solicitud dirigida a Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho.
Sin contestar preguntas de los medios, Anaya emitió un breve mensaje, en el que acusó a la dependencia federal de “prestarse a la guerra sucia” en su contra.
- El Dato: El jueves autoridades mexicanas informaron que Manuel Barreiro, presunto socio de Anaya, fue localizado en Canadá, pero sus abogados tramitaron un amparo para él.
“Este gobierno federal priista usa a la Procuraduría General de la República para dañar a quienes somos sus opositores; hace tres días la PGR emitió un muy ambiguo boletín de prensa para confundir a la opinión pública, dañando mi imagen y buscando favorecer al candidato del PRI. Dolosamente, omitieron señalar que a quien están investigando es a otra persona y no a mí. La PGR se ha prestado a la guerra sucia del PRI”, aclaró.
Ante ello, el dirigente panista demandó: “Por estar en curso un proceso electoral y porque los mexicanos tienen derecho a conocer la verdad, y yo tengo el derecho a no ser difamado, exijo que con la misma rapidez con la que emitieron un boletín de prensa hace tres días, sin pretexto alguno, informen a los ciudadanos si después de cinco meses de investigación encontraron algún dato de prueba que implique la comisión de alguna conducta indebida de mi parte”.
En el documento que dirigió a Elías Beltrán, enfatizó que con motivo de una compraventa estrictamente legal que efectuó, sus adversarios políticos le imputaron, falsa y dolosamente, una conducta delictiva.
“Es del dominio público que los hechos supuestamente irregulares (lo cual no afirmo) son atribuidos exclusivamente a la parte compradora, no a la vendedora que yo representé, que recibió el precio de la operación a través de una transferencia bancaria y que pagó los impuestos respectivos.Es evidente que el escándalo público, producido arteramente, tiene como propósito manchar mi prestigio y beneficiar al candidato del PRI, aunado a que mis demás adversarios lo aprovechan con cobardía que les caracteriza”, detalló en el documento.