Violencia ¿Cómo detenerla?
Con más de 130 ejecutados en menos de dos meses, el 2018 es el año más violento en la historia de nuestro estado. El tema no es menor, representa una crisis sin precedente y merece una reflexión que vaya más allá del debate político mediático. El gobierno de Graco Ramírez no pudo resolver el problema a pesar del esfuerzo y la inversión hecha; el próximo gobernador debe tener presente la magnitud del conflicto y el impacto que genera. ¿Quién puede regresar la paz al estado?
Hace seis años los candidatos hablaban de la seguridad como un problema latente en la entidad, se referían a ella en sus discursos y anunciaban soluciones mágicas. El candidato del PAN planteaba regresar a los policías de barrio, el del PRI no decía nada y el del PRD enumeraba los mecanismos para atender la crisis: evaluación, depuración, profesionalización, capacitación, modernización…
De los tres aspirantes a la gubernatura Graco Ramírez fue sin duda el que más dominaba el tema, era el único cuyas referencias iban más allá del planteamiento político y quien, además, se fijaba metas y plazos concretos para resolver el dilema. Encabezaré todos los días una reunión de seguridad con representantes de los tres poderes, de las policías, del ejército, del poder judicial y de la sociedad, decía el abanderado del PRD en sus actos públicos y en sus entrevistas de prensa.
A la vuelta de cinco años los resultados no son los que se esperaban. El gobierno invirtió miles de millones de pesos en armas y vehículos, en profesionalización de los cuerpos policiacos, en equipo de investigación e inteligencia, en cámaras de vigilancia y en la construcción y operación de un moderno centro de control e inteligencia. A pesar de ello Morelos no ha salido de los primeros lugares en la comisión de delitos y sigue estando entre las entidades más inseguras.
El problema de inseguridad y violencia es mayor a lo que los políticos piensan, no se resuelve con discursos y como ha quedado claro ahora, tampoco con dinero. En Morelos se ha destinado mucho tiempo y dinero al combate de los grupos delictivos, se importó un jefe policiaco con ínfulas de estrella de cine y se equiparon a los cuerpos de seguridad con armas y vehículos de ciencia ficción. A pesar de ello las cosas no mejoran, la violencia sigue, los asaltos continúan y la estadística sigue demostrando a las autoridades que las cosas no van bien.
Ya no se puede pensar que este gobierno acabe con el problema; es imposible que en tiempos electorales las cosas mejoren o las autoridades actúen. En el mejor de los casos podrá haber una contención de la crisis, pero es casi imposible que en unos meses el gobierno estatal haga lo que no pudo lograr en cinco años.
La pregunta es otra ¿Cómo regresar la paz al estado? Más aún ¿Quién puede regresar la tranquilidad a Morelos?
Ninguno de los aspirantes ha puesto el problema de inseguridad y violencia como eje de su discurso. Algunos la mencionan, pero no profundizan; otros de plano la ignoran y enfocan su mensaje a otras cosas. Nadie ha debatido el problema, ni mucho menos se ha comprometido a enfrentarlo.
El tema de la inseguridad y la violencia se ha vuelto tabú en los discursos de campaña en Morelos; quizá porque todos saben de su complejidad o porque les da miedo hacer compromisos en un asunto que no entienden, ni saben de que forma combatir. Nadie hasta ahora ha referido la gravedad del problema, ni mucho menos ha planteado un camino para resolverlo.
Ubiquemos a los contendientes y pensemos cuál de ellos es capaz de regresarle al estado la tranquilidad perdida hace muchos años. Más aún: analicemos quién de los aspirantes es capaz de mantenerse ajeno a las tentaciones de la delincuencia y a las redes de complicidad que se han tejido a lo largo de los años. En castellano: ¿Qué personaje no se vincularía con la delincuencia?
Las propuestas están en la mesa: ahí está Cuauhtémoc Blanco, el alcalde de Cuernavaca que recientemente decidió no llevar a cabo la Feria de la Primavera porque no existían las condiciones de seguridad para realizarla. También Rodrigo Gayosso, el ex presidente del PRD, Jorge Meade, el ex delegado de la Sedesol, Víctor Caballero, el diputado del PAN o Alejandro Vera, el ex rector de la UAEM. Uno de ellos será el próximo gobernador de Morelos y tendrá que asumir el reto y la responsabilidad de un estado inseguro, violento y geográficamente rodeado de entidades en conflicto.
Durante años nos han vendido el discurso político de la seguridad, nos prometen soluciones mágicas e inmediatas y luego, cuando las cosas no resultan y los ciudadanos reclaman la falta de resultados los llaman desestabilizadores, agoreros del desastre o cómplices de los grupos delictivos. Nos ha pasado una y otra vez y siempre caemos: nos venden un discurso mágico con soluciones simplistas y el enojo nos hace comprarlo, aunque en el fondo sabemos que se trata de algo falso.
Dos temas hay pendientes y urgentes en la agenda del estado: la corrupción y la inseguridad. Estamos en un proceso electoral en el que vamos a escuchar muchas promesas, pero vale la pena poner atención en los detalles. No basta que un candidato, cual sea, nos diga que es capaz de resolver los conflictos, que tiene la voluntad de hacerlo y el carácter para lograrlo. Exijamos más: ¿Cómo piensa lograrlo? ¿De qué forma? ¿Con quien?
Entendamos que el reto de la inseguridad y la corrupción es superior al esfuerzo individual de cualquier persona; la delincuencia ha demostrado estar más organizada que el gobierno y por eso todo el tiempo les lleva la delantera. El que prometa enfrentar y resolver la crisis de inseguridad debe entender que el conflicto es tan grande que resulta imposible solucionarlo solo; para que la situación mejore se requiere de la participación de los alcaldes y el gobierno federal. Quien ofrezca resolver estos dos conflictos debe tener claro la necesidad de trabajar en equipo, de apoyarse en gente experta, honorable, confiable, pero también abrirse a la participación de la sociedad y el resto de los actores de poder.
Uno de los factores que hizo naufragar la estrategia de seguridad del gobierno actual es que Graco Ramírez intentó dar la batalla solo y al final terminó enfrentado con la sociedad; el mandatario no aceptó ayuda federal, hizo de lado a los presidentes municipales y nunca escuchó a la sociedad. Sólo no pudo y lo peor, terminó enfrentándose con la ciudadanía.
La estructura que deja el gobierno actual en materia de seguridad es importante, corresponderá a la próxima administración sacarle provecho y ponerla al servicio de los ciudadanos. Independientemente de la estrategia que se defina y de los caminos que se sigan para tratar de resolver la crisis, es fundamental que el próximo gobierno se haga acompañar de los ciudadanos y arme un frente común entre los tres niveles de gobierno.
Sin la confianza de la gente, es imposible que cualquier estrategia de seguridad de resultados.
- posdata
La designación de Uriel Carmona como nuevo Fiscal General de Morelos generó polémica y molestia en diversos grupos sociales y de abogados. El notario llega al cargo sin merecimientos, sin trayectoria judicial, sin experiencia para ese cargo y sin ganas de estar ahí. Ítem más, algunos señalan que se trata de un hombre que fue designado para servir a los intereses del gobierno saliente y para cubrir las historias de corrupción de su esposa.
Carmona Gándara puede ser sujeto de un procedimiento legal para removerlo del cargo toda vez que su designación fue, en el mejor de los casos, precipitada de parte de los diputados. La terna de la cual resultó electo fue enviada a la cámara a las 11.30 horas del día y menos de dos horas más tarde, a las 13 horas, ya había tomado protesta. Carmona no sabía que iba a ser Fiscal General, él quería sustituir a Juan Salazar en la Fiscalía Anticorrupción.
¿En dos horas los diputados pudieron analizar la terna, los perfiles y el currículum de los aspirantes? ¿Se revisó la propuesta de cada uno de ellos y se valoró si su historial profesional y público eran los adecuados para un cargo tan importante? ¿Se cumplieron con todos los pasos que marca la ley para designarlo? ¿Cumple el nuevo fiscal con el perfil profesional que requiere el cargo? Aún más ¿Conocieron todos los diputados a quién y por qué se estaba votando? Insisto ¿Todo eso lo pudieron hacer en menos de dos horas?
A unos días de su nombramiento Uriel Carmona Gándara ya es conocido por algunos como el Fiscal Carnal de Morelos. Su designación atrajo la atención nacional, generó polémica local y podría derivar en acciones legales para destituirlo del cargo.
Si alguien se decide, hay elementos suficientes para echar abajo el nombramiento del congreso. No sería la primera vez que esta legislatura pierde un caso.
- nota
Los panistas en resistencia (así se llaman ellos mismos) alzan la voz en contra de su dirigencia. Por enésima ocasión este grupo de militantes, entre los que destaca Germán Castañón, Oscar Velasco y Luis Miguel Ramírez, despotrican contra su partido y la forma como se conduce.
La crisis que vive Acción Nacional en Morelos es grave. Producto en gran medida de lo que hicieron los hoy autonombrados Panistas en Resistencia.
- post it
El gobierno de Cuernavaca determinó cancelar la Feria de la Primavera 2018 porque no hay condiciones de seguridad para llevarla a cabo. La decisión generó polémica, porque al tiempo de suspender este evento, realiza el carnaval de la colonia Antonio Barona, una de las zonas más violentas y con mayores índices de inseguridad en la capital.
Frente a la decisión del alcalde ya surgieron diferentes voces que lo critican y proponen realizar la feria sin la intervención del municipio; algunos hablan de revivir aquella histórica Feria de la Flor que caracterizó a nuestra ciudad en todo el país; otros piensan que es momento de quitarle al gobierno la organización de este evento y llevárselo a la iniciativa privada.
Año con año la Feria de la Primavera ha venido a menos debido a su mala calidad, su pésima organización y los incidentes que ahí ocurren. En el 2017 el empresario encargado de llevarla a cabo fue asesinado a plena luz del día durante la cabalgata inaugural; hoy, tomando eso como pretexto, se decide no organizarla.
El problema de fondo no es la cancelación de la feria, sino la manera como se hizo. El gobierno municipal simplemente anunció que no habría feria por la inseguridad, pero paso por alto que la seguridad es parte de su responsabilidad como autoridad, aún cuando el control de la policía esté bajo las ordenes del estado.
Cuauhtémoc Blanco pudo argumentar mejor su decisión, ubicarla en un plano más consistente y vender su fallo como algo bien pensado y no el resultado de una ocurrencia. Si el problema es la inseguridad ¿No debió pedir apoyo al estado o a la federación para reforzar la vigilancia? ¿No era prudente convocar a grupos sociales, asociaciones empresariales y cámaras de comercio para valorar la decisión? ¿Nadie le comentó al futbolista del impacto económico que representa para muchas personas esa festividad?
Cancelar la Feria de la Primavera por motivos de seguridad suena feo. Hacerlo sin dar mayor explicación sonó peor.
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