Denuncia discrecionalidad en entrega de 318 mil mdp
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunció el uso ineficiente y con motivaciones político electorales del Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de trasferencias discrecionales al Ramo 23, que en 2017 tuvo un incremento seis veces mayor al registrado en educación.
De acuerdo con el Gobierno federal, el “Ramo 23, tiene como uno de sus objetivos otorgar recursos a entidades federativas y municipios a través de fondos específicos. En total, para 2017, la Cámara de Diputados aprobó 34 mil 792.19 mdp, que serán solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por las entidades federativas y municipios firmando un convenio para su transferencia”.
En un documento titulado, Por una Regulación Inteligente del Ramo 23, el organismo patronal asegura que el “ejercicio el Gobierno federal desatiende y se aparta de lo autorizado en el PEF y existen fuertes discrepancias entre el gasto aprobado y el ejercido”.
El texto detalla que el uso discrecional del Ramo 23 favorece su utilización como instrumento de control político del Gobierno federal sobre los gobiernos estatales; permite el ejercicio presupuestal con inspiración político-electoral y erosiona el equilibrio en las finanzas públicas porque permite endeudamientos inoperantes.
Afirma que “en lo que va de la presente administración, cerca de 318 mil mdp, un equivalente a 30 por ciento de los nuevos ingresos, derivados de la reforma hacendaria, se han transferido discrecionalmente a tres programas del Ramo 23”.
En su estudio Arquitectura del Ramo 23, la organización civil México Evalúa establece que “además de promover un uso transparente, eficaz y eficiente del gasto público en todos los programas, incluidos todos los fondos del Ramo 23, es necesario dotar esta arquitectura de un diseño que controle la discrecionalidad en el gasto, y en cambio promueva una toma de decisión más objetiva y democrática, privilegiando programas e intervenciones de política pública vinculados con objetivos institucionales, que cuenten con diseño documentado en reglas de operación, y estén sujetos a monitoreo y evaluación”.
Sobre el texto de la organización ciudadana, Coparmex manifiesta que “el análisis de México Evalúa evidencia que este gasto tiene un sesgo electoral y partidista, y en un fenómeno que no es exclusivo de los gobiernos de una extracción partidista en particular, presente en las dos últimas administraciones federales. Un año antes de los procesos electorales para la Presidencia de la República, 2011 y 2017, respectivamente, las transferencias en subsidios se concentran en las entidades con gobiernos estatales que comparten filiación partidista con el gobierno federal en turno”.
El documento de Coparmex expone: “En 2018, el costo financiero del sector público presupuestario alcanzará su máximo histórico, creciendo 25 por ciento en sólo un año, y con un incremento de 82 por ciento respecto a 2012 en que inició su mandato el actual gobierno. En contrapartida, el gasto del gobierno en inversión fija va en declive”.
Además, advierte que “la discrecionalidad en el gasto viene acompañada de un incremento en la deuda pública. Sabemos que menos de la mitad de los estados cuentan con un endeudamiento sostenible”.
Coparmex se pronuncia por contemplar “la regulación secundaria del Ramo 23 para definir claramente cómo y a quién se otorgarán los recursos. Con esta medida podrían establecerse reglas claras de operación, además de condicionamientos generales a los gobiernos estatales para acceder a estos recursos, en aspectos como responsabilidad fiscal, planeación de los proyectos y eficiencia operativa.
También pide fortalecer el profesionalismo y desvinculación partidista, de los servidores púbicos vinculados al diseño e implementación del gasto público; regular con mayor contundencia el destino de los ingresos excedentes y las reasignaciones presupuestales. Por un lado, debe dotarse al Congreso de capacidad y facultades técnicas para cuestionar a la SHCP.
También demanda la formación de un Consejo Fiscal Independiente. “El CFI opera en casi 50 países con un mandato claro para reducir el déficit público y mantener vigente las política presupuestal del Estado”.
Piden conformar un Catálogo Nacional de Programas Sociales, un Padrón Universal de Beneficiarios y la Clave Única de Identidad. “La implementación de estas medidas, contribuirán a evitar redundancias, ineficiencias y corrupción”.