No importa quien gane las elecciones del 1 de julio, la próxima administración deberá emprender una nueva reforma fiscal.

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, en el foro sobre México que tiene lugar en nuestro país, comparó ayer el monto de la recaudación tributaria en América Latina, la cual promedia 22.5 por ciento del PIB, con la de México que, pese a la reforma aprobada en 2013, apenas alcanzó el 17 por ciento del PIB.

Es decir, simplemente tomando como referencia el promedio regional, se necesitaría una captación de impuestos de 5.5 puntos del PIB adicionales.

Esto implicaría subir la recaudación en 1.2 billones de pesos, prácticamente una tercera parte más que hoy.

Sin embargo, ninguno de los candidatos ha hablado hasta ahora de una reforma fiscal. De hecho, uno de ellos, Andrés Manuel López Obrador, ya planteó que no habría alzas de impuestos.

Y puedo anticiparle que no lo van a hacer porque ningún candidato, en ningún lugar del mundo, ha ganado una elección prometiendo elevar los impuestos… aunque como gobernantes, muchos sí hayan tenido que hacerlo.

En sus planteamientos ante los banqueros –como lo ha hecho en otras ocasiones– AMLO sí señaló la necesidad de reasignar los recursos fiscales y ha contabilizado que se pueden obtener 500 mil millones de pesos eliminando la corrupción en el gobierno y otros 300 mil millones, haciendo que el gobierno sea más barato.

López Obrador atina en esos dos objetivos. Tiene toda la razón en su propuesta de combatir la corrupción y de hacer un gobierno más eficaz.

Pero se equivoca completamente en el cálculo de los recursos que podría obtener con ambas medidas y de los métodos que tendría para realizarlas.

Todas las estimaciones del costo en el que un gobierno incurre debido a la corrupción son estimaciones bastante imperfectas.

Y más imprecisa aún es la cuantificación de los recursos que pueden ahorrarse en caso de combatirla.

Una política de gasto público basada en la obtención de 500 mil millones de pesos por eliminar los costos de corrupción simplemente es inviable.

Eso no quita la necesidad de combatirla de la manera más determinada. Pero el fondeo de proyectos de cualquier índole no puede basarse en un ingreso incierto.

En otras palabras, reitero lo dicho, cualquier candidato que gane el 1 de julio estará obligado por las presiones inerciales de gasto, así como el costo de sus propias ofertas de campaña, a gastar más.

Aunque gaste mejor –ojalá lo haga cualquiera que llegue– no habrá de otra que usar los instrumentos fiscales para recaudar más.

Los espacios están bien definidos. Por ejemplo, se requiere un cambio en el arreglo federal para empujar a los estados a cobrar el impuesto predial, que debiera ser su principal fuente de ingresos.

Es necesario cerrar más y más espacios a la elusión y evasión, sobre todo en el caso de las empresas. En otros países, el ISR corporativo es mucho mayor que el ISR a personas físicas y en México, la captación de los dos rubros es prácticamente la misma.

Y, no habrá otra que homologar la tasa del IVA o al menos reducir al mínimo los productos con tasa cero.

El otro tema es reducir y focalizar los subsidios a los energéticos, de donde pueden venir enormes ahorros.

Más vale que seamos conscientes de lo anterior para que luego no nos llamemos a sorpresa.