El diario español revela que notario desconoció firma en documento que permitía al panista deslindarse de empresa fantasma de Barreiro
El caso de lavado de dinero en el que presuntamente está involucrado el candidato electo a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, fue analizado por el diario español El País, que reveló que dos personas han levantado denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por falsificación de firmas en documentos de la compra venta de la nave industrial que el queretano vendió por más de 54 millones de pesos.
“Salvador Cosío, el notario (de la Notaría número 8, en Zapopan, Jalisco) que supuestamente firmó esos documentos, negó la pasada semana ante la PGR haberlo hecho. En su declaración Cosío asegura que no conoce a la persona de Manhattan Master Plan (Development) que solicitó el procedimiento ni al abogado al que los operadores recurrieron para el mismo y que, según el testimonio de Daniel Rodríguez, trabajaba en esa notaría. ‘No se trata de mi firma’”, afirma Cosío, quien también señala que los documentos no contienen algunas características que acostumbra a tener su forma de proceder”.
Según el rotativo ibérico, otra de las personas que presentaron una denuncia por falsificación fue María Amada Ramírez, esposa de Humberto Hernández, contador de Manuel Barreiro, quien fungía, junto con el chofer del empresario, como accionista de la empresa fantasma Manhattan Master Plan Development.
“Hernández declaró que se habían enterado por los medios de comunicación, por lo que asegura que todos los documentos con la firma de su mujer “son falsos”.
Lo mismo ocurre, según su declaración ante la Fiscalía, con los de Juan Carlos Reyes. Este periódico trató de contactar en vano con Juan Carlos Reyes.
Posteriormente, lo hizo con sus abogados —el mismo despacho que asesora a su hermano y a Manuel Barreiro—, pero prefirieron no posicionarse sobre el caso”, indica El País.
Agrega: “la Fiscalía mexicana abrió una carpeta de investigación a finales del pasado mes de octubre, poco después de la renuncia de su titular, Raúl Cervantes, una plaza cubierta desde entonces de forma provisional. Fuentes oficiales confirman, no obstante, que las primeras indagatorias se realizaron desde la Secretaría de Hacienda a finales de 2016, cuando se conocieron las primeras informaciones sobre la venta de la nave industrial”, cita el periódico.
Destaca que la investigación de la PGR incluye a los abogados David Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, quienes solicitaron a la dependencia someterse a la figura jurídica de “criterio de oportunidad”, por la cual pueden reconocer su participación en un acto ilícito, resarcir el daño y no ser juzgados.
Galindo y Rodríguez, socios de varias de las empresas investigadas en la red, comparecieron el 26 y 29 de enero, respectivamente, ante la institución.
“En sus declaraciones, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso EL PAÍS junto a decenas de documentos relacionados con la investigación, ambos detallaron el esquema con el que, supuestamente, hicieron llegar 2,9 millones de dólares a Manhattan Master Plan, la empresa que compró la nave industrial a Ricardo Anaya, a través de la compañía Juni Sierra, cuyo administrador único es el suegro del candidato”, señala el diario.
Precisa además que tanto Galindo como Rodríguez fueron contratados por Manuel Barreiro, el empresario queretano vinculado a Anaya.