El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, consideró que El Chapo primero debió ser juzgado y sentenciado en México, pero hubo mucha presión de Washington y una urgencia del gobierno mexicano para no tener en el sistema carcelario a alguien con tanto poder de seducción y de amenaza
, el cual se escapó en dos ocasiones.
“El gobierno federal entregará a El Chapo a Estados Unidos, sin haber sancionado a los altos funcionarios que permitieron su fuga del Centro Federal de Readaptación de El Altiplano”, recalcó Dolores Padierna.
El senador Alejandro Encinas recordó que el miércoles pasado los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional expresaron a representantes de Gobernación y de la cancillería que México debe pugnar porque se aplique el tratado internacional en la materia, a fin de que los recursos millonarios –que se calculan entre uno y 10 mil millones de dólares– se repartan equitativamente con Estados Unidos.
Es obligación del gobierno federal, recalcó, estar pendiente de que 50 por ciento de los recursos económicos de Guzmán Loera queden en México, a fin de resarcir al pueblo mexicano el daño provocado por su actividad en el narcotráfico.
A título personal el perredista Waldo Fernández, integrante de la Comisión de Justicia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, expuso que la decisión de las autoridades mexicanas permitirá poner fin a la novela negra o mito que se ha generado alrededor de Guzmán Loera, a quien se considera un súperdelincuente
.
Estimó que al ser juzgado en otro país y declarar ante otra autoridad, puede ayudar a obtener información sobre su red criminal de la que quizá las autoridades mexicanas no tienen conocimiento.
El diputado priísta César Domínguez, también integrante de la Comisión de Justicia, puntualizó que el envío de Guzmán Loera permite garantizar la seguridad del territorio nacional y que se dé una sanción ejemplar a quienes ha generado daños no sólo en México, sino en todo el continente.
El senador panista Juan Carlos Romero Hicks sostuvo que el anuncio es parte de una estrategia del gobierno de Peña para distraer sobre otros temas, como las trabas a las leyes anticorrupción.
Andrea Becerril y Georgina Saldierna