Cuauhtémoc Blanco Bravo, alcalde de Cuernavaca y aspirante a la candidatura de la coalición “Juntos Haremos Historia” por el Gobierno del estado, deberá presentar, entre mañana y martes, su declaración para aclarar la presunta firma de un contrato millonario por el que se habría comprometido en 2015 a ser candidato a la alcaldía por el Partido Social Demócrata (PSD), documento por el cual el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) determinó iniciar un Procedimiento Ordinario Sancionador.
Para la autoridad electoral local, es necesaria la declaración de los cuatro involucrados directamente en el caso: el propio alcalde, el actual secretario técnico del Ayuntamiento de Cuernavaca, quien entonces era su representante, José Manuel Sanz Rivera, y los hermanos Roberto Carlos y Julio César Yáñez Moreno, quienes representaron en el presunto acto de contratación al PSD.
De acuerdo con la versión de los hermanos Yáñez Moreno, ellos habrían buscado, a fínales de 2014, al entonces delantero del equipo de futbol Puebla F.C., para que fuera candidato a la alcaldía de Cuernavaca por el PSD. Para tal efecto, aseguran, fue firmado un contrato entre particulares en que a cambio de siete millones de pesos, Blanco Bravo aceptaba hacer campaña por el PSD por la presidencia municipal.
Los hechos, que desde la campaña eran un rumor, fueron denunciados por los hermanos Yáñez luego del rompimiento del ya entonces alcalde con el PSD que se evidenció con el despido de Roberto Carlos Yáñez de la Secretaría del Ayuntamiento, entre mutuos alegatos de corrupción. No obstante, al tener que exhibir el original del contrato ante las autoridades, Roberto Carlos Yáñez expuso que el documento original se había extraviado y se trabaja desde entonces sobre copias en una investigación en la que ha habido peritajes sobre las firmas. Unos inculpan a Blanco Bravo y otros lo exoneran. El alcalde también denunció a los hermanos Yáñez por difamación, pues alega que jamás había firmado tal documento.
Los alegatos sobre la presunta firma del documento habían sido revisados desde 2016 por el Impepac, que determinó, al no haber un original del supuesto contrato, que no había sustancia para sancionar a ninguna de las partes; no obstante, hace unos días, la misma autoridad electoral determinó el inicio de un nuevo Procedimiento Ordinario Sancionador, en el que ya ha declarado Roberto Carlos Yáñez, presentando además un nuevo peritaje privado que califica de auténtica la firma de Blanco Bravo en las copias del contrato que se investiga; y sobre el que Blanco Bravo tendría que presentar declaración en los próximos días.