Jueces y magistrados destituidos remarcan que el Poder Judicial es muy vulnerable a las presiones políticas y carece de independencia, al depender de un presupuesto propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Legislativo. “Cuando alguna resolución genera polémica en los medios, de inmediato se ordenan medidas severas contra los juzgadores”
Primera parte
Fueron destituidos del cargo como magistrados y jueces federales, acusados de corrupción y complicidad criminal, pero optaron por enfrentar al Consejo de la Judicatura, defender su nombre y ventilar lo que llaman anomalías durante el proceso de sanción.
Desde una mirada opuesta, Crónica cuenta las historias de quienes, desde el escarnio público y el derrumbe familiar o profesional, agotaron todas las instancias de audiencia al interior del Poder Judicial de la Federación: promovieron impugnaciones ante la Suprema Corte y, sintiéndose inocentes, decidieron seguir la batalla en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Señalan que jamás se les pudieron comprobar responsabilidades en la vía penal…
“La cúspide del Poder Judicial en México es muy vulnerable a las presiones políticas”, dice el ex magistrado federal Juan Manuel Serratos García para explicar el origen de su destitución, a finales de 2015… Un año antes el CJF le inició un procedimiento disciplinario por conceder suspensiones a favor de importadoras de autos usados o chocolate, las cuales incumplían requisitos fiscales y evadían el pago de impuestos. Según la institución, ocurrió durante su gestión como titular del Juzgado Tercero de Distrito en Baja California, con residencia en Mexicali.
“En mi caso, hubo una injerencia muy fuerte del Poder Ejecutivo Federal”, cuenta por primera vez.
“El Secretario de Hacienda (Luis Videgaray) y el jefe del SAT (Aristóteles Núñez) de aquella época violentaron la independencia del Poder Judicial: la primer noticia que tuve de mi situación fue cuando ambos salieron en televisión nacional pidiendo a los jueces que rindieran cuentas sobre los autos. ¿Por qué tal intromisión? Tres días después de sus declaraciones me suspendieron. Fue obstrucción e invasión de la independencia judicial”.
Tras más de 3 años de presentar pruebas a su favor y justificar sus resoluciones, apenas en enero pasado la SCJN le notificó el cese definitivo. En las próximas semanas, Serratos presentará una queja ante la CIDH.
“Voy a aportar pruebas, más allá de mis dichos. No sólo es mi caso, hay muchos injustos… Yo ya estoy abocado a otros proyectos profesionales, pero quiero que la Comisión conozca que México y el Consejo de la Judicatura no han atendido sus recomendaciones en cuanto a independencia judicial ni acatado las resoluciones de la Corte Interamericana en cuanto a protección de jueces”.
Busca ser el primer juzgador mexicano cuyo expediente sea llevado ante la Corte Interamericana.
INFLUENCIABLES. Estuvo 17 años en el PJF: de 1999 a 2016. Comenzó como asesor jurídico de la Defensoría Pública, hasta convertirse en juez y luego en magistrado, vía concursos libres de oposición.
—¿Qué noticias tuvo, desde dentro, sobre la venta de exámenes? —se le pregunta.
—Se comentaba que había un grupo privilegiado que traía la información de antemano, pero, ¿cómo lo pruebas? Lo cierto es que involucrar tantas áreas en el proceso incrementa la posibilidad de fuga y al final los designados no son los mejores.
Pero la charla ahora se concentra en la independencia judicial…
“Los jueces y magistrados mexicanos viven angustiados por cómo se considera su labor en los medios. Sus asuntos llegan a hacerse muy públicos, y no pasaría a mayores si las autoridades del Consejo fueran menos influenciables, pero cuando alguna resolución genera polémica, de inmediato ordenan medidas severas contra los juzgadores”.
—¿Dónde queda la independencia? —se le cuestiona.
—El juez debería resolver con el derecho como única guía, pero esto no se logra cuando actores políticos tienen intereses en la resolución. No es que se comuniquen con el juez o magistrado, lo hacen directamente con las autoridades supremas del Consejo y llegan a manipularlos. La falta de independencia judicial explica la corrupción y la impunidad a nivel político; si traen controlada a la Judicatura, es fácil, por ejemplo, desviar el dinero público o lograr sentencias absolutorias en casos que no lo merecen.
—Hay la percepción de que la independencia es cosa exclusiva de los jueces…
—Es de todos. Ahora que están las campañas, ningún candidato ha dicho que vaya a defender la independencia judicial, raíz para terminar con la corrupción e impunidad. No hay independencia en el Poder Judicial desde el momento en que el presupuesto lo da el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo. En otros países se establece un porcentaje del PIB sin que los mandos del Poder Judicial tengan que andar negociando o mendingando ante los políticos. Hace cuántos años que la Suprema Corte no declara inconstitucional un impuesto, sus resoluciones no tocan temas importantes de recursos, sólo tangenciales. A esos niveles, no hay independencia.
—¿Cómo explicamos la ecuación: dependencia judicial-corrupción?
—Si un actor político es señalado como corrupto, la primera que debe actuar para armar la investigación es la Procuraduría, pero ésta depende del Ejecutivo y el procurador es designado por medios políticos, difícilmente hará una integración seria. Cuando el asunto llega a instancias judiciales, el juez ya no tiene independencia, porque está a la expectativa de quién está a favor y en contra, de manera que su resolución no afecte a su carrera y quede bien con todos.
SIMULACION. El exmagistrado ha retomado ya su labor como litigante, en especial en la zona norte del país. Formó el Grupo Serratos, con especialidad en derecho constitucional y administrativo. En un caso inédito, en 2017 demandó al CJF el pago de 93.2 millones de pesos por daño moral, psíquico y emocional. Un juicio aún pendiente.
“No hay reglas claras en los procedimientos de sanción. La Ley Orgánica tiene preceptos muy ambiguos. La Corte Interamericana se ha expresado en contra de causas de responsabilidad tan elásticas y el Consejo hace sus procedimientos a medida, no atiende ninguna reglamentación: hay juzgadores a quienes suspende antes de la investigación y a otros después. Unos pasan años suspendidos, cuando a nivel internacional se han prohibido plazos tan largos. Es como estar en tierra de nadie, en el limbo, y todo porque la resolución no gustó a la opinión pública o a políticos. La incertidumbre ha calado muy hondo en la conciencia de jueces y magistrados.
—¿Se castiga sin tener pruebas?
—Hay muchos casos en los que el Consejo no logra acreditar las faltas supuestamente cometidas, y entonces sanciona por otros motivos que nada tienen que ver.
—¿Cuáles?
—Por ejemplo: notoria ineptitud, que no se puede traducir en algo concreto, o error inexcusable, que también te lleva a una gama infinita de responsabilidades, y el Consejo aprovecha para acomodar la misma conducta en varias causas.
—¿Durante el proceso hay espacios para defenderse y ser escuchado?
—Faltan… La Corte Interamericana ha dicho que el órgano que te acusa no puede ser el mismo que te resuelva, es violatorio a los derechos humanos. Recién hubo una reforma a La Ley Orgánica que establece la creación de una instancia diferente al Consejo que será la que acuse. ¿Quién estará ahí, quién nombrará a los integrantes? El mismo Consejo, será una simulación. En mi caso, nadie presentó una queja, fue una investigación dizque de oficio.
—Y quedó marcado…
—Nadie está preparado para una cosa así. Me tomó mucho tiempo recuperarme y entender que la clase política tiene sus compromisos y presiona al Poder Judicial y la cúspide del Consejo deja muchos huecos.
—Tampoco podemos decir que no hay corrupción en el Poder Judicial…
—Sería iluso: la hay, pero también destituciones que nada tienen que ver con la actuación judicial, sino con otros factores. Se vale decir: este pelado se equivocó en esto, pero no es el demonio. Hoy los jueces y magistrados tienen la moral muy baja, casi terror de que el Consejo les dirija la mirada…