Después de más de cinco años de silencio, Genaro García Luna finalmente habló públicamente. El controvertido secretario de Seguridad Pública federal en el gobierno de Felipe Calderón reapareció en una entrevista transmitida este domingo en El Financiero/Bloomberg, a propósito de un nuevo libro que será distribuido a partir de hoy a través de las diversas plataformas del diario. Salió de México fuertemente criticado por el alto costo de vidas en la lucha contra el crimen organizado, que en 2013, en el comparativo de aprobación presidencial, tenía a Calderón con 80% de rechazo, contra 20% del entrante Enrique Peña Nieto. Cincuenta meses después, los porcentajes se invirtieron por una razón objetiva: la tasa de homicidios dolosos en ese periodo superó en 23% la alcanzada en los 72 meses del sexenio de Calderón. En su libro, García Luna explica que fue resultado de la involución en la política de seguridad pública, eufemismo del desastre que se sigue viviendo en la administración peñista.

García Luna detalla los porqués del colapso de la seguridad pública en el gobierno. “No se pueden entender las dimensiones, la naturaleza y el poder de fuego del crimen organizado en México, si no se examina el raquitismo de las instituciones del Estado”, escribió en el prólogo Tony Payán, director del Centro México del Instituto Baker de Política Pública de la Universidad de Rice. “Es la desnutrición institucional del Estado mexicano lo que justamente abre espacios al quebrantamiento de la ley, habilita a los delincuentes con impunidad, crea las condiciones para su crecimiento y alienta así la evolución del crimen organizado hasta alcanzar la potencia que tiene hoy. Los delincuentes olfatean la debilidad del Estado, como un tiburón percibe un tiño de sangre en el agua”.

No fue un proceso de generación espontánea del gobierno de Peña Nieto. Fue peor. Durante los últimos 40 años, recuerda García Luna, las instituciones de policía de los estados y municipios sufrieron un abandono estructural y de inversión, que “deterioró su operación, su infraestructura básica y tecnológica, así como sus recursos humanos”. El Estado mexicano empezó su transición hacia un combate al crimen organizado en 1989, y tras casi 25 años de una política de Estado con altibajos y deficiencias, conflictos y contradicciones, derivó en 2008 en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que firmaron los tres órdenes de gobierno, empresarios, ONG’s y representantes sociales. Entre los signatarios estaban los gobernadores del Estado de México y de Hidalgo, Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong.

Al llegar al poder en 2012 tiraron todo a la basura, a partir de un diagnóstico primitivo: hay un conflicto en el gabinete de Calderón que no permite la coordinación; la violencia es porque se combate al crimen organizado. Por tanto, la clave era la coordinación y dejar de combatir al narcotráfico durante ocho meses. Sucedió no sólo lo contrario, sino que se metieron al peor de los mundos. Desde el primer momento, describe García Luna, comenzó la involución. El 2 de enero de 2013 se suprimió la Secretaría de Seguridad Pública y la absorbió Gobernación. Cuatro sexenios de esfuerzo institucional se borraron mediante un decreto. Ese paso, escribe García Luna, “implicó un retroceso de más de 40 años en el modelo institucional para la atención a la seguridad”. El diseño de Peña Nieto y Osorio Chong “corresponde al modelo de los años 70, cuando el esquema de seguridad obedecía a un patrón de control social más que de combate al delito y protección de la sociedad”.

Se desmantelaron los sistemas de interconexión de telecomunicaciones de Plataforma México con todos sus bancos de datos e inteligencia para combatir criminales. Se dejó de invertir en mejorar las estructuras y capacidades de la Policía Federal y en tecnología –la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán es el mejor ejemplo del daño al Estado que provocó esa negligencia–, y de evaluar a las policías municipales y los controles de confianza se aplazaron durante dos años. “En el marco de esta involución de la seguridad y del abandono de la conducción institucional del gobierno en las tareas de seguridad pública”, argumenta García Luna, se institucionalizaron las autodefensas. “En un esquema sin precedentes, el gobierno mexicano renunció a su obligación constitucional de garantizar la seguridad a los mexicanos”, afirma.

El colapso de la seguridad pública contribuyó de manera importante al colapso del gobierno peñista. Las estrategias implementadas por García Luna se habían utilizado con éxito en el mundo, y varias de ellas son sujetas de un análisis comparativo en el libro titulado Seguridad con Bienestar. Esto llevó a que el máximo de violencia previsto en México fuera en mayo de 2011, a partir de lo cual comenzó a bajar la incidencia delictiva ante la superioridad del Estado. La inercia, no la estrategia como decía Osorio Chong, redujo los niveles de violencia y los homicidios dolosos, señala García Luna. De haberse mantenido la estrategia y el esfuerzo institucional de cuatro gobiernos, la tasa de homicidio doloso en 2016 casi habría empatado la de 2008 –sin control territorial del narcotráfico como entonces–, con tendencia a la baja.

El diseño peñista provocó un rebote en 2015, que cada mes, en el acumulado de homicidios dolosos, alcanza máximos históricos que no se ve cómo puedan controlarse. Lo pomposo de la declaración de los responsables de la seguridad al principio de sexenio, de terminar la violencia en 90 días, se convirtió en la pesadilla que acompañará para siempre el recuerdo de Peña Nieto.