Temen se colapse el túnel de La Mezquitera, en el Sur del estado, por falta de obras
Debido a que el trazo de la carretera Siglo XXI, afectó las tierras de los ejidatarios de Huitzililla, en el municipio de Ayala, los afectados informaron que ya se ampararon de la autoridad judicial para ser indemnizados conforme a la ley, porque sólo tienen un acuerdo de ocupación, pero no existe la expropiación de las parcelas de por lo menos 37 familias.
Acompañados por la candidata al Senado, Lucía Meza, denunciaron que están inconclusos los accesos laterales, los puestos y la reparación por daños a los canales de riego y guarda ganado, entre otras obras complementarias.
El presidente de la Pequeña Propiedad de la comunidad, Jacinto Lara, explicó que son cinco kilómetros de afectación por 60 metros de ancho de la vía, aunque recordó que en 2006, les pagaron de 25 hasta 40 pesos el metro cuadrado, señaló que otros ejidatarios no fueron indemnizados.
Sin embargo, en la actualidad, al haber aumentado el valor de la tierra hasta 350 pesos el metro cuadrado, piden que les sea cubierta la cifra que falta, ya que legalmente nunca hubo expropiación.
Por ello, la candidata al Senado de la República por Morena celebró que el juez séptimo de distrito en el estado de Morelos, Manuel Camargo Serrano, haya concedido un amparo a ejidatarios afectados por el trazo de la autopista Siglo XXI, lo que "significa un primer acto de justicia a las familias que reclaman justicia".
Meza recordó que en el fallo del Poder Judicial de la Federación, se precisa que el manifestante no debe ser despojado de una fracción de 300 metros pertenecientes al bien inmueble denominado Las Margaritas, ubicado en el kilómetro 43 de la carretera Siglo XXI, tramo El Higuerón (Xicatlacotla), en el poblado de Huitxililla, hasta que reciban las autoridades responsables la notificación de que se resuelva la suspensión definitiva.
La candidata de Morena, quien en días pasados se había reunido con los ejidatarios de la localidad, asumió el compromiso de brindar el apoyo jurídico necesario para que tomen las medidas legales requeridas ante el incumplimiento de las promesas por parte de las autoridades federales y estatales.