¿Cuál debiera ser la política de los precios de los energéticos en México?

La pregunta viene al caso por la discusión generada tras las declaraciones de López Obrador.

El pasado jueves 12 de abril señaló lo siguiente:

“De entrada les digo que ya no va a aumentar ninguno de estos energéticos, se van a congelar estos precios, ya no va a haber aumento en términos reales”.

Para cualquier analista atento, hay una obvia contradicción en lo dicho, pues que no aumenten en términos reales, no implica que se congelen.

Gerardo Esquivel, asesor económico de AMLO, ha subrayado con precisión que se trata de que los precios no suban más que la inflación.

Esto quiere decir, por ejemplo, que, con esta visión, tomando en cuenta la inflación acumulada en el sexenio hasta ahora, que es de 23.5 por ciento, el precio de la gasolina Magna no se hubiera congelado sino hubiera subido en términos nominales de 10.81 a 13.35, es decir, hubiera subido 2.53 pesos.

Lo anterior, por cierto, conduciría a que el gobierno perdiera una proporción importante de los ingresos obtenidos a través del IEPS.

Antes del ‘gasolinazo’, es decir, antes del incremento de enero de 2017, fue una política cercana a la que había seguido este gobierno, pues el precio de la Magna era de 13.98 pesos, no muy diferente al que tendría hoy, según la propuesta de AMLO.

En contra de lo que se cree, el gobierno actual sí ha usado el control de precios en un energético fundamental: la electricidad.

A diferencia de lo que sucedió con las gasolinas y con el gas natural, las tarifas eléctricas de bajo consumo, que son las que prevalecen en la abrumadora mayoría de los hogares, subieron sólo en 8.47 por ciento entre diciembre de 2012 y marzo de este año. Esto implica que, en términos reales, hubo un abaratamiento de 12.1 por ciento.

De hecho, es tan explícito el subsidio que los propios recibos domésticos los separan del costo real de la electricidad.

La determinación de los precios de los energéticos es un asunto complejo.

Hay que recordar que actualmente las gasolinas y el gas LP se fijan libremente. Pero el gobierno tiene una palanca importante para incidir sobre ellos: el IEPS.

A pesar del ‘gasolinazo’ de enero de 2017, a lo largo de todo el año, la recaudación por IEPS a gasolinas fue inferior en términos reales en 26.4 por ciento respecto a la de 2016.

Esto quiere decir que el gobierno dejó de captar alrededor de 61 mil millones de pesos respecto al año previo, con objeto de amortiguar el incremento de los precios de las gasolinas.

En contraste, no se amortiguó el incremento del gas LP, que en 2017 aumentó en promedio en 44 por ciento y que en lo que va del sexenio tiene un alza de 52.8 por ciento, es decir, de 23.7 por ciento en términos reales.

En pocas palabras la política de precios de los energéticos es compleja. Ni AMLO congelaría los precios –como dice– ni tampoco en esta administración tenemos ya precios que sólo están sujetos a la oferta y la demanda.

Se trata de una mezcla en la que hay implícitos tanto mecanismos recaudatorios como subsidios.

En todo caso lo que debe exigirse a los candidatos es que hagan explícito cuáles serán estos subsidios o mecanismos recaudatorios.

Por cierto, que los más regresivos de todos, los que benefician más a los de mayores ingresos, son los que se aplican a través del precio de las gasolinas, cosa que los asesores de AMLO entienden perfectamente bien.