Nueva York.— El futuro del equipo de abogados de Joaquín Guzmán Loera está en una fase de incertidumbre, un compás de espera que sólo se decidirá en tres semanas. La intención del gobierno de Estados Unidos de presentar los costes de defensa como prueba incriminatoria contra El Chapo, con la intención de demostrar una “incomprensible riqueza e ingresos sustanciales” que vendrían del narcotráfico, podría convertir a los abogados en testigos de la noche a la mañana, impidiendo al acusado su defensa.
En la audiencia prejuicio, celebrada ayer en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, el juez Brian Cogan dijo que esperará a que la fiscalía explique los motivos por los que deberían aceptarse los pagos como prueba en el caso para tomar una decisión.
Si el juez acepta esto como evidencia, los letrados Eduardo Balarezo y William Púrpura se convertirían en testigos de la causa contra Guzmán Loera, obligándoles a terminar de forma abrupta con su trabajo de defensa.
“Estamos gratificados de que el juez vaya a tomar en cuenta la oposición a la moción del gobierno que quiere usar los pagos legales contra el señor Guzmán, porque eso lo va a poner en una situación donde posiblemente tenemos que ser testigos de él o abogados de él, pero no podemos hacer las dos cosas”, se congratuló Balarezo tras la audiencia.
El juez Cogan pareció posicionarse en favor del abogado defensor, señalando a la fiscalía que si tan fundamental era incluir los pagos como prueba, era señal de que su caso contra El Chapo tiene “grandes problemas”.
Desde el inicio de las sesiones preparatorias del juicio, el asunto del pago de la defensa siempre ha sido un elemento problemático por la incertidumbre de si el gobierno incautaría cualquier pago por asumir que el dinero provenía del narcotráfico.
Hasta el momento, Balarezo sólo ha confirmado que se le ha pagado un tercio del primer pago acordado. El asunto de los honorarios aumentó en importancia después de que EL UNIVERSAL revelara que la familia de Guzmán se estaba planteando cesar el coste de la defensa.
El abogado de El Chapo defendió que, por las condiciones de aislamiento del capo sinaloense, el pago no lo pudo ordenar él. “Obviamente el señor Guzmán no fue la persona que hizo el pago”, señaló. “Si el juez permite [al gobierno] que use esa información, nosotros nos volvemos testigos, para decir ‘esto nos llegó de esta manera, esta persona nos pagó’. Y si somos testigos no podemos ser abogados también”, subrayó.
Eso afectaría al juicio que está previsto que inicie el 5 de septiembre.
Antes de esa fecha todavía tienen que pasar muchas cosas. En la audiencia del martes se decidió que el próximo 18 de mayo sea la fecha límite para que el gobierno presente pruebas y evidencias en el caso, que acumula centenares de miles de páginas y miles de horas de grabaciones. El gobierno vio cómo el juez Cogan les reprendió por su incumplimiento en la entrega de documentos, porque “no es justo para la defensa”.
Está la selección del jurado popular, proceso que empezará el próximo 31 de julio con el envío de un cuestionario de más de 100 preguntas a un grupo de entre 800 y mil personas, una cifra inusual, pero acorde a la magnitud del caso. De ahí, hasta finales de agosto, defensa y fiscalía deberán seleccionar un grupo de 40 personas, de las que se elegirán los 12 titulares y seis suplentes que tendrán que decidir a partir de septiembre, en un juicio que está previsto que dure entre tres y cuatro meses, si El Chapo es culpable de alguno de los 17 delitos de los que está acusado.