En los días en que la atención pública ha estado concentrada en el debate presidencial de este domingo, la actitud de los candidatos, las posibles alianzas, las estrategias, los posibles misiles, las confrontaciones, mientras todo mundo volteaba a ver a lo que sucedió anoche en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, el gobierno federal y la cúpula de empresarios del país confeccionaron una camisa de fuerza para el próximo presidente de México que le vuelve altamente costoso revertir cualquiera de las llamadas reformas estructurales. Blindaron las reformas, pues.

Con dedicatoria, obviamente, a Andrés Manuel López Obrador, pero a partir de ahí extensivo para cualquiera.

¿Cómo funciona esta camisa de fuerza? El gobierno federal y la cúpula empresarial incluyeron los puntos centrales de las reformas en tres tratados comerciales internacionales que en estos días han estado amarrándose:

Primero, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) está ya en el Senado para su ratificación. Implica la alianza comercial con diez naciones de Asia y América, y la puerta está abierta para que se sume Estados Unidos.

Segundo, el fin de semana que recién concluye (mientras todo mundo andaba concentrado en el debate), el canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viajaron de Washington a Europa, a propósito de la gira del presidente Enrique Peña Nieto, quien anunció un “Acuerdo en Principio” (el término diplomático para decir: ya nos pusimos de acuerdo, ya nomás falta redactarlo a detalle) para modernizar el TLC con la Unión Europea. Modernizar significa, destacadamente, incluirle las reformas estructurales.

Tercero, Videgaray y Guajardo estaban en Washington y, tras una breve escala europea, regresarán a la capital estadounidense, a donde prácticamente se han mudado los negociadores mexicanos porque está ya en la recta final el estira y afloja del TLC con Estados Unidos y Canadá. Diversas fuentes apuntan a que la decisión sobre el “Acuerdo en Principio” sucedería antes del 4 de mayo, y quizá incluso esta misma semana. Dichas fuentes señalan que el presidente Peña Nieto ya delegó el poder de concluir la renegociación en el canciller Luis Videgaray, y el presidente Donald Trump hizo lo propio en su asesor y yerno Jared Kushner. Ellos tendrían la última palabra, por encima de los jefes de las delegaciones: el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el representante comercial Robert Lighthizer.

Con estos tres Tratados, el gobierno y los empresarios blindaron los contratos de la reforma energética para que no puedan ser echados abajo por una decisión presidencial. Tendría casi que salirse el país de los Tratados para hacerlo, con el subsecuente costo económico y político. Lo mismo para las inversiones en telecomunicaciones y hasta para ciertos avances del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue una exigencia fuerte del empresariado. Todo, con el objetivo de que queden negociados, firmados y ratificados por el Senado antes de que concluya la actual administración federal. Y la próxima tenga menos margen para moverse.

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