En la zona hotelera de Puerto Vallarta, Jalisco, es ejecutado un sujeto de origen colombiano. Es la noche del 10 de marzo de 2017.

De acuerdo con los testigos, veinte pistoleros toman parte en la ejecución: el colombiano, de 28 años de edad, recibe ocho impactos. Se le identifica como operador financiero del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, Nemesio Oseguera, El Mencho.

La ejecución provoca una fractura en el cártel. El hombre que la ordenó, Carlos Enrique Sánchez Martínez, El Cholo, antiguo jefe de sicarios del Mencho, comienza a operar desde una organización antagónica: Nueva Plaza.

Todo esto va a provocar, exactamente un año después, que tres estudiantes de cine sean secuestrados, asesinados y disueltos en ácido.

La pugna entre el Cártel Jalisco y Nueva Plaza dispara el número de ejecuciones en Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque, municipios que El Cholo controla. En 2017, hay periodos en que llega a registrarse al menos una diaria.

A fines de año llegan, desde la cárcel, rumores que indican que un compadre del Cholo, Diego Gabriel Mejía —aprehendido en 2015 en posesión de drogas y armas—, está a punto de ser liberado.

El Cártel Jalisco moviliza a sus células para que Mejía sea ejecutado apenas pise la calle. Dichas células establecen un sistema de vigilancia fija alrededor de las propiedades del Cholo.

En marzo de este año detectan movimiento en una. Se trata de una casa de descanso en el municipio de Tonalá, a la que se conoce como La Cabaña.

El CJNG sabe que en esa casa pernoctó varias veces El Cholo. Averigua que la propiedad está a nombre de la suegra de Mejía -—a quien éste suele usar como prestanombres.

En esos días los halcones reportan a sus jefes que un grupo de hombres y mujeres han entrado en La Cabaña. Vienen a bordo de un Chrysler 330. Quienes lo conocen, afirman que el Chrysler 330 es el auto favorito de El Cholo. La instrucción es “levantar” al grupo.

No son sicarios quienes han entrado en La Cabaña, sin embargo, sino estudiantes de cine. Entre ellos se encuentran Javier Salomón Aceves, Daniel Díaz y Marco Ávalos. Hay un cuarto estudiante que salvará la vida porque el día de los hechos decide volver intempestivamente a su casa. Hay también tres muchachas: amigas y novias de los estudiantes.

Javier le ha pedido la cabaña a su tía Edna “N” para realizar un trabajo escolar. Según la Fiscalía de Jalisco, Edna también forma parte del equipo de testaferros de Diego Gabriel Mejía: incluso administra un conjunto de prostíbulos disfrazados de “estéticas masculinas”, en los que se esconde una red de trata.

Los estudiantes salen de la cabaña el 19 de marzo, hacia las ocho de la noche. Un desperfecto los obliga detenerse. Frente al fraccionamiento Colinas de Tonalá, los cercan dos vehículos en los que viajan seis hombres. Las jóvenes recuerdan que uno de los recién llegados tiró al aire y gritó: “¡Fiscalía de Jalisco!”. Todos parecían policías.

Los jóvenes fueron trasladados a una de las camionetas. “¡Mujeres no!”, ordenó uno de los agresores. Las camionetas aceleraron. No volvería a saberse de los estudiantes.
En abril fue ejecutado en Guadalajara un hombre apodado El Canzón. Su teléfono había rebotado la noche del 19 de marzo en una antena cercana al lugar donde se llevó a cabo el “levantón”. Sus rasgos coincidieron con el retrato hablado realizado por las jóvenes.

Según fuentes de la Fiscalía, en su teléfono había imágenes que permitieron ubicar a dos de sus cómplices. Uno de ellos, El Cochi, había estado entre los captores. El otro, un rapero conocido QBa, realizó labores de halconeo.

De acuerdo con los detenidos, los estudiantes fueron conducidos a un lugar de cautiverio y tortura ubicado en la calle Lechuza. Ahí se les interrogó sobre El Cholo. Los detenidos afirman que uno de los jóvenes “se les fue”, durante el “interrogatorio”, por lo que decidieron asesinar al resto.

Se llevaron los cuerpos a un tercer domicilio, en la calle Amapola. Ahí, las autoridades hallaron tinacos y tambos con ácido sulfúrico. El Cochi explicó cómo disolvió los cuerpos por dos días, sellando los tinacos con cinta adhesiva, y cómo vació el contenido final en bidones, que luego fue a tirar en baldíos cercanos.

El domicilio era una verdadera fábrica de disolución: había 46 bidones con ácido.

La Fiscalía asegura que los alumnos estuvieron, sin saberlo, “en un lugar de grave riesgo, vigilado por una célula delictiva”.

Lo que lleva a preguntar: ¿cuántos ciudadanos estamos o hemos estado, sin saberlo, en esa misma condición? ¿Cuántas historias malditas veremos desfilar antes de que termine este infierno?