REPASO

 

 

En situación de descrédito se topa el gobierno que tripula Graco Ramírez respecto del espinoso asunto de las llamadas fosas clandestinas en Tetelcingo, Cuautla. Su tardía respuesta, consideramos nosotros, para atender los reclamos ciudadanos, principalmente de familiares que han sufrido la desaparición de uno de los suyos, lo pone en desventaja frente a la opinión pública.

Suceda lo que suceda, será muy difícil que los estrategas graquistas logren orientar a su favor el desenlace de las mencionadas exhumaciones. Sobre todo si no soslayamos el contexto de violencia, inseguridad y presunta corrupción, en el que se analiza la administración gubernamental que el tabasqueño avecindado en Morelos ha conducido con más yerros que aciertos.

El espectro no es nuevo. Las secuelas de ese descrédito al que nos referimos perduran mucho más que los impactos favorables de políticas implantadas que inciden en beneficios colectivos. Se recuerdan más los desaciertos, porque al final de cuentas son productos de la intolerancia, soberbia e insensibilidad del gobernante en asuntos harto sensibles para los pobladores morelenses. El de las desapariciones es uno de ellos, porque es recurrente el argumento oficial de negarlas o de difundirlas como hechos aislados y no como un fenómenos generalizado en todo el territorio estatal.

Así por ejemplo, se manejó durante la gestión de Antonio Riva Palacio López la desaparición de José Ramón García, activista de la región oriente. Las versiones oficiales nunca pudieron quitar esa mancha a la administración de Riva Palacio. Todavía en ese tipo de análisis sobre el tema se aborda, lamentablemente, para recordar episodios oscuros de otros sexenios. En el portal de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en un artículo titulado “De tumbas clandestinas y desaparecidos”, José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca, escriben:

“Hay que tener memoria histórica y recordar que los casos ocurridos a finales de los años 80, cuando a partir de las recomendaciones de la entonces creada CNDH, se buscaron y encontraron dos fosas clandestinas  en la comunidad de Amilcingo, en Temoac, en los límites con Puebla, en los que se hallaron 19 cuerpos como parte de las investigaciones del caso de José Ramón García Gómez, uno de los desaparecidos políticos del sexenio de Carlos Salinas y Antonio Riva Palacio, desaparecido el 16 de diciembre de 1988 en Cuautla”.

Además de desapariciones otros fenómenos delincuenciales marcaron de alguna manera a los diferentes gobernadores posteriores a Riva Palacio.

Jorge Carrillo Olea fue defenestrado por “meter las manos al fuego” defendiendo a sus jefes policiacos. Su renuncia se aceleró al detectarse que agentes policiacos morelenses fueron a tirar el cadáver de un delincuente apodado “El Moles” por los rumbos de Iguala.

Sergio Estrada Cajigal ha de agachar la cabeza de vergüenza por haber defendido al jefe de la entonces Policía Judicial, Agustín Montiel, a quien protegió y, creemos, llegó a considerar como un excelente policía. Marco Adame fue catalogado, cuando menos de tibio, ante el crecimiento del crimen organizado en Morelos. Durante su gestión, no se olvide, sucedió el caso de la muerte de el llamado “Jefe de jefes”.

Llegamos al presente y nos topamos con un escenario de crisis. La entidad es calificada como una  de las más inseguras. Eso le pega duro a Graco, que tanto se ha vanagloriado de haber implantado políticas y programas con el objetivo de abatir los índices de la violencia que nos agobia. Pero en lugar de convencer a la gente de que supuestamente vamos bien, surgen eventos controvertidos como el de las fosas clandestinas en Tetelcingo, y se vienen por tierras  sus afanes de presumir logros que nadie ve.

Si algo le sirve de consuelo, tendríamos que decir que en materia de seguridad registra perfiles de medianía como los que registraron sus antecesores. Nada tiene de qué vanagloriarse.

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