* CONFLICTO EN MEDIOS
“ Todos esos oportunistas que se llaman socialistas pueden irse. ¿Son acaso algo más que un desecho que la historia arrojará al cesto de la basura?”. La anterior expresión se le atribuye al revolucionario ruso León Trotski (Ucrania, 1877 – Coyoacán, México, 1940), misma que nos ayuda a comprender el oportunismo del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, y otros personajes (la mayoría “cartuchos quemados” de la política morelense), en el delicado asunto de Tetelcingo. Ayer escribí que el tema ofrece la oportunidad para sentar un precedente nacional, desde Morelos,con el objetivo de combatir la impunidad en torno a la desaparición forzada de personas. Y debe castigarse con severidad a quienes autorizaron la inhumación irregular de una cantidad indeterminada de cuerpos otrora concentrados en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la extinta Procuraduría General de Justicia y de la hoy denominada Fiscalía General de Morelos. Sería saludable para nuestra sociedad la aplicación rigurosa de la ley, caiga quien caiga y tope lo que tope. Obviamente, deseamos que se otorgue certidumbre a los familiares de desaparecidos y se les haga justicia.
Pero algo distinto es el oportunismo demostrado ayer por Vera Jiménez en varias entrevistas con medios nacionales. Ocupó muy bien los espacios, aunque hizo a un lado el asunto de las fosas de Tetelcingo para centrarse en impugnar a Graco Ramírez, desde luego retomando como argumento el tema de la seguridad pública. Al igual que otros actores políticos (entre ellos podemos incluir ya al obispo Ramón Castro, quien querrá ser el “gran elector” en el Hándicap Morelos 2018) el multicitado funcionario universitario anhela sacar raja política del Caso Tetelcingo y no duda en aprovechar los medios a su alcance. Imaginen ustedes el escenario, frente a la expectación generada por la apertura de un depósito “clandestino” de cadáveres, en un contexto donde el propio rector ha acusado a Graco Ramírez de delitos de “lesa humanidad”. No se ha cansado de proyectar la idea de que en Tetelcingo hay víctimas abatidas por el estado mexicano y el gobierno estatal, lo cual deberá aclarar la Fiscalía General a cargo de Javier Pérez Durón… ¡en los próximos seis meses! Ese será el lapso dentro del cual los científicos definirán el ADN a partir de muestras extraídas a los alrededor de 116 cadáveres depositados en la fosa de Tetelcingo, antes de que se les conserve en un panteón particular a la espera de que alguien los reclame. Desde la exhumación hasta la comparación con las muestras de ADN tomadas a quienes así lo soliciten, el proceso será largo.
Mientras tanto, los detractores de Graco Ramírez aglutinados en la CMMC de Gerardo Becerra ayer volvieron a demostrar desesperación y acudieron a la Ciudad de México esperanzados en que conseguirán la remoción del gobernador desde la Secretaría de Gobernación y Los Pinos. Infortunadamente para ellos, eso no sucederá pues la entidad no está sumida en ingobernabilidad, ni hay conflicto entre poderes. Los vaivenes en la incidencia delictiva tampoco configuran omisiones por parte del gobierno estatal, aunque debe trabajarse con mayor intensidad para evitar el descontrol de la violencia. La Fiscalía requiere evitar la impunidad en torno a los delitos de alto impacto y la Comisión Estatal de Seguridad Pública necesita incrementar sus patrullajes. Becerra y su grupo pretenden que el Ejército Mexicano asuma el control del C-5 y haga a un lado a las autoridades estatales, bajo un esquema parecido al que soportó dos veces Marco Adame durante los operativos “Morelos Seguro” (de triste memoria en nuestro estado) en un entorno de descontrol de la violencia. El panista gobernador fue marginado por Leopoldo Díaz, entonces comandante de la 24 Zona Militar, hoy recluido en una oficina del Campo Marte por encubrir el asesinato de Jethro Ramsés Sánchez Santana el 1 de mayo de 2011 en las instalaciones del 21 Batallón de Infantería. A eso me referiré mañana.