Los terribles homicidios de estudiantes de cine de Guadalajara más los asesinatos de tres militares en Coyuca de Catalán, Guerrero, no dejan lugar a dudas acerca de dónde está el enemigo: en las bandas criminales, no en las Fuerzas Armadas.

Con una frivolidad pasmosa, algunos insisten en hacernos creer que es culpa del Estado que asesinen a estudiantes, por “haber declarado a lo tonto una guerra contra el narco”.

Falso. Nadie le declaró una guerra al narco ni se “pateó el avispero”, como dicen los que ven el tema en blanco y negro, con facilismo e interés político.

La estrategia se agotó, sí, porque el fenómeno cambió de fisonomía luego de una década de combate a los grandes cárteles de las drogas.

Felipe Calderón recibió un país cuya viabilidad como tal estaba amenazada por la presencia de organizaciones de narcotraficantes con capacidad para hacer frente y quizá doblegar al Estado.

No en vano fue el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, el que pidió ayuda a la federación para combatir a un grupo criminal, dedicado al tráfico de drogas, que amenazaba con apoderarse del estado.

Así ocurría en otras entidades del país. Los Beltrán Leyva tenían en su nómina a media PGR.

En los estados el narco estaba cerca de las casas de gobierno, cuando no en ellas.

Hay municipios en que casi el 80 por ciento de los policías estaban en la nómina del narcotráfico.

Por eso Calderón actuó como actuó, y no para “legitimarse”, como se dice con irresponsable vulgaridad.

Si Calderón no hubiera lanzado al Ejército y a la Marina contra esos grupos asesinos, muy posiblemente México sería hoy un narcoestado y no estaríamos hablando de la intervención estadounidense en Siria, sino en nuestro país.

El gobierno de Peña Nieto también combatió con éxito a los grandes capos. De los 122 objetivos principales, han caído 110: 96 detenidos y 14 abatidos.

La eficacia ha sido notable y hoy no existe en el territorio nacional un solo grupo capaz de disputar al Estado el mando de la nación o de una entidad completa. En 2006 sí los había.

¿Por qué si han sido tan eficaces contra los grandes capos eso no se refleja en una disminución de la violencia?

Independientemente de los errores de instrumentación de una estrategia integral, lo que ha sucedido es que los cárteles se atomizaron por la presión del Estado, y la delincuencia se diversificó.

¿Procede entonces un cambio de estrategia? Desde luego que sí, pero no porque haya sido un error atacar al narco con toda la fuerza legal posible, sino porque el escenario y las condiciones de la lucha mutaron hacia otras expresiones delictivas.

Narcomenudeo, secuestro, robo de combustible (huachicol), derecho de piso (el asesino de los estudiantes de Guadalajara, detenido ayer, cayó cuando realizaba una extorsión), asalto a casa habitación y a transporte, entre otros delitos.

De hecho, una de las entidades donde más ha crecido la delincuencia en el país ha sido Guanajuato, y no es ruta de tráfico de drogas.

Por eso hay que cambiar la estrategia, pero teniendo claro dónde está el enemigo.

Y el cambio de estrategia pasa por retomar la creación de policías profesionales. Concentrar en una secretaría la seguridad ciudadana. Formar una policía nacional que reemplace paulatinamente al Ejército en la lucha. Crear las diferentes especializaciones en los cuerpos policiacos, e invertir el doble del presupuesto en seguridad pública.

Pero nada de eso va a funcionar sin dos elementos básicos, indispensables: una política social activa y no pasiva. Y que la ciudadanía sepa de qué lado estar, a diferencia de ahora en que existe una marcada tendencia a culpar al Estado y no a los delincuentes de las muertes y delitos que nos agobian.