La llamada que sacó de su casa al candidato del PRI a diputado local por el Distrito XVII, Abel Montúfar, llegó de un número asociado a Luis Navarro Peñaloza, alias El Zarco.

El Zarco es el jefe de sicarios del narcotraficante que controla una parte de la Tierra Caliente, en los límites de Guerrero y Michoacán: Rodolfo Maldonado Bustos, a quien apodan El JP o Don José.

El candidato priísta acababa de terminar un recorrido proselitista mañanero. A las 10:30 del pasado 8 de mayo volvió a su casa. Recibió entonces una llamada y salió de su domicilio en Coyuca de Catalán.

De acuerdo con testigos, Montúfar se separó del grupo de escoltas que solía acompañarlo. Se afirma que a su lado iba solo su secretario particular: el secretario apareció en su propio domicilio doce horas más tarde, y no ha trascendido su versión de los hechos. Se sabe que Montúfar tomó la salida a Zihuatanejo. Pero no llegó al lugar de la cita. Fuentes de inteligencia federal afirman que en el camino fue interceptado por un sujeto apodado El Kevin, jefe de uno de los brazos armados de El JP o Don José.

Según reportes federales, El JP cobró relevancia tras la captura de Servando Gómez, La Tuta. Inicialmente, fungió como jefe regional de los Caballeros Templarios en Tierra Caliente. Cuando la estrategia de seguridad del gobierno prácticamente desbarató a los Templarios, El JP se alió al Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal cuya presencia se extiende a las tres cuartas partes del país. De la mano del CJNG, El JP le disputa el control de la zona al grupo criminal que antes la dominó: Los Tequileros.

Seis horas después de haber salido de su domicilio, Montúfar fue hallado en el asiento trasero de una Frontier blanca. Le habían dado un tiro en el pecho y otro en el ojo. Le quitaron los pantalones y la camisola con el logo del PRI. Le dejaron en los calzoncillos un narcomensaje —cuyo contenido tampoco trascendió.

Montúfar denunció, desde el primer día de su campaña, que lo habían amenazado de muerte. Investigaciones de la Fiscalía de Guerrero señalan que un grupo criminal lo acusaba de “no haber cumplido con los acuerdos” durante el tiempo en que fue alcalde de Coyuca de Catalán (2013-2015).

En cuanto se cometió el asesinato, las autoridades señalaron que la línea de investigación más poderosa apuntaba hacia Maldonado Bustos, El JP, hacia el hermano de éste, Francisco Maldonado Bustos, alias Chico; y hacia el jefe de sicarios, Luis Navarro Peñaloza, El Zarco.

Montúfar era hermano del actual delegado de la Secretaría de Gobernación en Guerrero, y ex jefe de la Policía Ministerial durante varios años, Erit Montúfar Mendoza.

Un segundo hermano del candidato asesinado, Bonifacio Montúfar, fue Secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo y actualmente es director de la Policía Auxiliar.

Un primo de Abel Montúfar, Ramiro Montúfar Burgos, fue detenido en 2014 con armas de alto poder, al lado de cinco integrantes de un grupo vinculado con extorsiones y otros ilícitos. Según la Policía Federal, tenía una orden de aprehensión vigente en Estados Unidos por delitos contra la salud: se le investigaba, concretamente, por trasiego de cocaína y otras drogas hacia Atlanta.

Tras el asesinato de Montufar, un grupo criminal compuesto por alrededor de 25 personas se dirigió al rancho El Pozo, propiedad de la familia Montúfar. La intención era saquearlo. Una versión afirma que los criminales se llevaron varios tractores, y que al volver en busca de ganado tropezaron con militares que llegaban en auxilio de los propietarios del rancho.

En el tiroteo que siguió murieron tres efectivos, y otros resultaron heridos. Tres soldados más, cuya desaparición fue reportada a los medios, regresaron a su cuartel al día siguiente. Tampoco ha trascendido su versión del hecho. En un comunicado dado a conocer el domingo, sin embargo, instituciones del Grupo de Coordinación Guerrero informaron de la captura de Lucio “N”, presunto implicado en la agresión en que perdieron la vida los militares.

En una conferencia de prensa, el gobernador de Guerrero admitió que los grupos criminales no solo pretenden el control territorial: desean “el control financiero de las instituciones y desean también el control político de las instituciones”.

Otra vez, la realidad de Guerrero viene a alcanzarnos.