Una jueza ordenó la libertad de la exlíder de autodefensas por faltas al debido proceso, mas no fue indultada; víctimas reprochan que se le premie con candidatura

 

Aunque se dice totalmente absuelta e inocente, la realidad es que Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado de la República, aún tiene vigentes cuando menos tres expedientes en su contra, en los que se le acusa de los delitos de homicidio y secuestro agravado.

Los tres están aún en proceso, debido a que, en una primera instancia, su defensa solicitó a un juez que los anulara, pues aseguraba que no se llevaron a cabo diligencias a favor de Nestora y por ende, no se garantizó su debido proceso.

El argumento que dieron fue que al ser ciudadana estadounidense debía tener asistencia consular y ésta no se le brindó.

El juez consideró que tenían razón y ordenó reponer el proceso de los tres casos contra Nestora Salgado, pero en ningún momento la declaró inocente.

“…Se admitió a trámite el incidente no especificado de regularización de procedimiento, planteado por la defensa de la inculpada Nestora Salgado García, en el que se ordenó la reposición del procedimiento desde el auto del 22 de agosto de 2013, en que se decretó su detención legal, dictándose un nuevo auto de detención legal y ordenándose que se hiciera del conocimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, por su conducto, se informara al Consulado estadounidense…”, se lee en la determinación del juez.

Información obtenida por La Razón revela que los tres expedientes que aún tiene abiertos en su contra la candidata de Morena se encuentran registrados como 1-566/2016, XI-712/2016 y XI-713/2016 y están radicados en la Primera Sala Penal de Chilpancingo.

En uno de los casos se le acusó de un homicidio; en otro, por plagiar a dos mujeres y a un hombre y, en un tercero, por el secuestro también de un hombre.

En todos los casos, los delitos los habría cometido cuando encabezó la Policía Comunitaria del municipio de Olinalá, en Guerrero.

Testimonios de las víctimas de Nestora en poder de La Razón revelan que como jefa de dicha organización ordenaba detenerlos a su juicio y exigir a sus familias pagos que iban de los 5 a los 50 mil pesos, con el argumento de que habían cometido algún delito.

Mientras juntaban el dinero, los mantenía presos en un sucio lugar que llamaba El Paraíso y los obligaba a realizar trabajos en el campo con jornadas de seis de la mañana a siete de la noche. Su pago eran tres cucharadas de frijoles y dos tortillas al día.

Un envase de plástico de refresco recortado a la mitad era lo que usaban como escusado quienes estaban ahí. Hombres armados encabezados por ella los amenazaban de muerte y los golpeaban si no acataban las órdenes.

Como parte de su defensa, Salgado ha argumentado que sus acciones se regían por usos y costumbres. Sin embargo, al aportar sus datos generales ante un juez aseguró que “no pertenece a ningún grupo étnico”.

En esa misma entrevista, reconoció que no fue elegida por los pueblos indígenas náhuatl o tlapaneco, sino por habitantes de la cabecera municipal de Olinalá, y que ello se dio al unirse a los policías comunitarios, pero en realidad fungían como autodefensas.

De hecho, Armando Patrón Jiménez, exsíndico procurador de Olinalá, rechazó que el grupo armado del que formó parte Salgado fuera una policía comunitaria.

“Decía que lo que hacía estaba bajo la ley porque era policía comunitaria, porque operaba por usos y costumbres, pero eso es mentira, aquí los usos y costumbres no operan porque no somos indígenas, aquí somos mestizos. No se actúa por usos y costumbres”, contó.

En cuanto a los tres procesos que aún tiene abiertos la hoy candidata a senadora, las autoridades no han podido ni siquiera notificarla. Según los informes públicos oficiales, apenas en abril pasado tenía una audiencia a la que no se presentó. Y es que cuando buscaron dejarle citatorio, su hija dijo que vivía en Estados Unidos.

“Entonces la pregunta es cómo cubrió el requisito de que si vive en Estados Unidos pueda ocupar un cargo como el que va a ocupar”, cuestiona Isabel Miranda de Wallace.

Patrón Jiménez afirmó que, como a él, Nestora secuestró y extorsionó al menos a 50 personas.

“No nada más fue a nosotros, a las casas llamaban para pedir dinero. De verdad no entiendo si el delito de secuestro es grave y ella, sin haber hecho ningún mérito al respecto, ahora esté nominada para ser senadora”, dijo.

Ella violó los derechos humanos: exalcalde

El exalcalde de Olinalá Eusebio González aseguró que en los tiempos de autodefensas de Nestora Salgado hubo violaciones a los derechos humanos, aprehensiones irregulares y cobros de rescate, según expedientes de víctimas, debido a que la líder de policías comunitarias se extralimitó en su labor.

“Tomó cierto grupo de familiares y afines y de allí manifestó que se iba a dedicar a vigilar; sin embargo, se hizo una comisión para llegar a un acuerdo de que no se crearían policías armadas, pero ella lo hizo”.

Señaló que fue el entonces gobernador, Ángel Aguirre, quien le dio patrullas para tareas de vigilancia, por eso comenzó a hacer detenciones arbitrarias; después Eusebio, en su calidad de alcalde, pidió apoyo del estado pero fue tarde porque el control de Olinalá ya lo tenía Nestora.

En las detenciones, dijo, se procesó y sancionó a varias personas en predios alejados porque no eran llevados con las autoridades, pues en esos momentos no había gobierno por el estallido.

Destacó que Olinalá no se rige por usos y costumbres, aunque los policías de Nestora se quisieron regir por la Ley 701, que permite a pueblos indígenas autovigilarse.

Con información de Antonio López y Jorge Butrón.