Entre otros problemas de la fiscalización, está el de las sanciones
De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, “una campaña promedio para gobernador puede costar hasta 10 veces más que el tope legal”, lo que se traduce en campañas exitosas para la Gubernatura que rondan los 460 millones de pesos. “En promedio, los candidatos a gobernador gastan 10 veces más que el tope legal. Si el tope promedio es de 46.8 millones de pesos, el gasto promedio ejercido es de 470 millones de pesos, con casos superiores y otros inferiores, dependiendo del tamaño de la entidad y su nivel de competitividad electoral”.
También sugiere el documento, coordinado por María Amparo Casar de Mexicanos contra la Corrupción y Luis Carlos Ugalde, de Integralia Consultores, que “por cada peso que se reporta como gasto ejercido en una campaña de gobernador, hay 15 pesos que se mueven debajo de la mesa, que nunca se reportan y cuyo origen se desconoce”.
Para la investigación realizada también por Ximena Mata Zenteno y Leonardo Núñez González, “las principales fuentes de financiamiento ilegal son el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y el financiamiento del crimen organizado. Las principales modalidades de desvío de recursos públicos son recaudaciones en efectivo que no ingresan a las tesorerías; el uso de facturas apócrifas; las adjudicaciones directas y subcontrataciones forzosas con sobrecostos; los descuentos de nómina, entre otros”.
Advierte el documento que “las modalidades de financiamiento privado ilegal implican la comisión de algunos delitos como lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasma o fachada, cobertura ilegal de medios, entre otros. El dinero a campañas se entrega en efectivo o en especie, ya sea directamente al candidato o partido, o mediante terceros usando esquemas de triangulación". Y señala como destinos del dinero ilegal en campañas, “al clientelismo electoral: compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategas de campaña y de cobertura en medios”.
El estudio reconoce que si bien la fiscalización de las campañas políticas es uno de los medios para sancionar el financiamiento ilegal y los gastos por encima de los topes legales y México cuenta con uno de los sistemas más complejos en el mundo en la materia; el mecanismo es insuficiente y en ocasiones incluso irrelevante para combatir el enorme problema del fondeo ilegal de campañas.
El primer problema, advierte el estudio, radica en que el proceso de fiscalización se detona a partir de los informes de gasto que los propios entes fiscalizados, los partidos y candidatos, presentan ante el INE. Aunque la autoridad cuenta con mecanismos independientes para auditar gastos —por ejemplo, espectaculares, eventos de campaña, publicidad en redes sociales o inserciones en la prensa escrita— con frecuencia carece de la infraestructura y de la inteligencia financiera para detectar el flujo total de recursos en efectivo que fluyen a las campañas y los gastos que se realizan en movilización, compra o inhibición del voto, así como en pago de cobertura informativa, por mencionar algunos de los rubros más comunes.
Entre otros problemas de la fiscalización, está el de las sanciones, considera el estudio: “Al comparar el total de financiamiento público otorgado en este periodo con el total de multas por sus informes anuales y de campaña, cada año las sanciones equivalen, en promedio, a solo 3.6 por ciento del dinero público recibido. De esa forma las multas son como un peaje que partidos están dispuestos a integrar a sus funciones de costos y riesgos con tal de ganar elecciones. Cabe resaltar que las sanciones son pagadas con el dinero que reciben, esto es, la autoridad electoral les descuenta las multas de sus ministraciones mensuales, de tal forma que no tienen que erogar dinero de su cuenta bancaria. En suma, infringir la ley es una acción racional porque constituye simplemente un costo marginal de sus estrategias de campaña que no afecta significativamente el flujo de sus recursos”.