La Secretaría de Gobernación acepta que hay crecimiento inusitado en índices de violencia de alto impacto y admite debilidad institucional.
En un comunicado de prensa, la dependencia indica que las causas de ese crecimiento se explican por la diversificación de las actividades delincuenciales de organizaciones dedicadas, en principio, al comercio de drogas y ahora a la extracción ilegal de combustibles.
“Incide (también) la participación, en algunos casos forzada o inducida, de miembros de diversas comunidades que han sido utilizados para generar barreras que obstaculizan la acción policiaca en la detención de personas que cometen ilícitos como el robo a transporte en carreteras y a trenes de carga.
“Lo anterior, generado en un contexto de debilitamiento de algunas estructuras institucionales en distintos niveles de Gobierno, sean municipales, estatales o incluso federal”, apunta Gobernación.
La dependencia que encabeza Alfonso Navarrete critica que, frente a este panorama, el Congreso y la Suprema Corte no hayan resuelto temas “fundamentales” como la estructura orgánica de las Policías y los límites en la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, respectivamente.
El 2017 cerró con 24 mil 899 homicidios dolosos, la cifra más alta de los últimos 20 años, incluso mayor a la registrada en 2011, en el auge de la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón.
Y en los primeros cuatro meses del presente año se registraron 8 mil 900 asesinatos, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De continuar la tendencia, el año podría terminar con 35 mil homicidios.
En días recientes, organismos como la Coparmex han subrayado la urgencia de iniciar una reforma en seguridad ante el repunte del delito.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación, afirmó que el Gobierno federal va perdiendo la batalla en esa materia.
Ayer, la Segob informó que, en el marco del Operativo Escudo-Titán, iniciado el 29 de enero, han sido detenidas mil 784 personas por homicidio y secuestro y se han cumplimentado 727 órdenes de aprehensión.
Destacó la disminución del robo de combustible en Guanajuato y la refinería de Salamanca, así como la detención de capos como Gerardo Botello, jefe regional del CJNG, y de Rosalinda González, esposa de Rubén Oseguera, “El Mencho”.