Los consejeros electorales han estado atrapados toda la semana en sus propias declaraciones. Al iniciar la semana no veían ningún error u omisión de su parte al haber otorgado el registro de candidatura a Salgado, candidata plurinominal de Morena al Senado, pese a tener doble nacionalidad. A la mitad de la semana ya habían matizado su opinión, y consideraban que al no haber denuncia no tendrían por qué intervenir en revisar su legalidad, cuando menos por ahora. Al no ser un caso “público y notorio”, dijo el consejero Benito Nacif, tendrá que haber una denuncia para investigarse, y esto, hasta después de las elecciones.

Los consejeros están atrapados en lo que llaman actos de buena fe, y sus omisiones legales. El artículo 32 constitucional establece que “la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad, y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad”. Se puede restablecer ese derecho pleno, siempre y cuando, como señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Nacionalidad, se presente la renuncia, vía certificado, de nacionalidad a los mexicanos a los que otro Estado atribuye diversa nacionalidad.

El problema para los consejeros electorales es que fue tan abierto el tema de la doble nacionalidad, tan público y notorio, que la propia Salgado afirmó hace unos días que no renunciaría a ser estadounidense. Se burló de ellos o los desafió. El Instituto Nacional Electoral ya admitió que cometió un error al revisar la documentación de Salgado, y está abierta la posibilidad de que, en caso de ganar, nunca se le otorgue la constancia de mayoría. Pero si sucede con Salgado, tendrá que pasar también con Gómez Urrutia, candidato plurinominal de Morena al Senado. Gómez Urrutia tiene la nacionalidad canadiense y sólo presentó su certificado mexicano de nacionalidad. Los consejeros se lo aceptaron y cometieron un error: lo que vale es el certificado del gobierno canadiense que le retira la ciudadanía. Ese documento, no existe.

El Consejo Electoral del INE ha tenido una serie de actuaciones y tomado decisiones que parecen encaminadas a agradar a Andrés Manuel López Obrador. El caso de Salgado y Gómez Urrutia son dos ejemplos, pero los antecede la organización de los debates presidenciales. Desde otoño pasado decidieron en forma unilateral las plazas, las horas y, sobre todo, los temas de los debates. De esa forma escogieron que el primero sería sobre corrupción y gobernabilidad. En todas las encuestas de cada elección, el tema de mayor interés para los electores es el económico, lo que permite señalar que si en la mente de los consejeros hubieran estado los ciudadanos, habría seleccionado el que más preocupa a la mayoría. Optaron por ir por el que provocó la ira contra el gobierno y golpeó a su candidato presidencial. El PRI buscó que se cambiara el orden temático, pero nunca se aceptó meterlo siquiera a discusión. Los consejeros jugaron políticamente sin revelar el método por el cual seleccionaron los temas. En la campaña de José Antonio Meade, consideraron que este orden lo perjudicaba.

Las actitudes de los consejeros electorales también han provocado actos de autocensura en los medios, donde en varias organizaciones, ante la confusión sobre sus criterios sobre qué es información, análisis o propaganda, han limitado coberturas ante el riesgo que algún día en que amanezcan de mal humor, decidan emprender una querella contra un medio. Las acotaciones autoimpuestas en los medios han llevado a los absurdos de las coberturas que se están realizando, donde lo relevante no es lo importante de lo que sucede, sino que todo esté absolutamente balanceado para darle gusto a los consejeros. La justicia de puntos equidistantes no es justicia. El justo medio aristotélico provee justicia, no la llevada a cabo por el INE.

La democracia electoral pregonada por el INE ha costado trabajo que la apliquen en los hechos. Por ejemplo, a finales de 2016, Córdova afirmó que revisarían la utilización de los recursos de los candidatos en los medios, pero no podían plantear que los políticos no hablaran de política; en 2018, censuraron debates en los medios durante la intercampaña. “Somos muy liberales en el tema de la libertad de expresión”, ha dicho Córdova, pero Ciro Murayama, uno de sus más cercanos, demostró el talante del grupo: porque no le gustaban los mensajes en Twitter del propagandista de López Obrador, John Ackerman, bloqueó sus comentarios. Ante la presión pública, rectificó. El episodio no es una mera anécdota, sino que habla mucho de lo que el INE de Córdova ha sido a lo largo de todo este tiempo: autoritario, déspota e hipócrita. Un árbitro, pues, realmente chafa.

 

Nota: En réplica a la columna del miércoles, donde se indicó que Manuel Mondragón y Kalb se formó en la escuela policial de Arturo Durazo, el doctor negó haber trabajado con quien fue jefe de la policía en la Ciudad de México durante el gobierno de José López Portillo.