Las movilizaciones de la Coordinadora magisterial en la Ciudad de México recrearon los peores momentos de 2013, cuando tomaron el Centro Histórico de la capital federal en protesta contra la reforma educativa. Ayer lunes suspendieron clases en el sur del país, estrangularon por horas varias arterias de la capital y chocaron con la policía en la carretera de Cuernavaca. No tuvieron la intensidad de años recientes, pero una vez más trajeron a la mente la alteración del orden social para alcanzar sus objetivos políticos: que liberen a maestros que cometieron delitos del fuero común y que les condonen sabotajes a la reforma educativa. Junto con ello recordaron a quién apoyan en la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, quien ha prometido la cancelación de la reforma.

López Obrador, puntero en las preferencias electorales, ha escogido a la disidencia magisterial como uno de sus grandes aliados tácticos en su campaña presidencial, junto con quien es enemiga histórica, la exlíder magisterial, Elba Esther Gordillo. Lo que los divide históricamente a las dos facciones magisteriales, los une la coyuntura, la oposición al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a partir de la reforma educativa. López Obrador ha sido muy consistente en que una de sus primeras acciones en el gobierno, de ganar la Presidencia, será abolirla.

Aun si ganara la Presidencia y tuviera la mayoría en las cámaras, no sería un proceso fácil. Para cancelar la reforma educativa se requiere una mayoría calificada en el Congreso, el Senado y en 16 más uno de los congresos locales. Pero tampoco es imposible o inviable, que es lo que en las últimas semanas ha comenzado a causar alta preocupación en el mundo donde evalúan la educativa como la reforma más importante de Peña Nieto, incluso superior a la energética, por la magnitud del cambio en el destino del país, si tiene el éxito que se espera.

El equipo de López Obrador ya recibió un mensaje importante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que agrupa a 35 de las más poderosas economías en el mundo. Hace unos cuantos días, Gabriela Ramos, quien es la directora de gabinete del secretario ejecutivo de la organización, José Ángel Gurría, y Sherpa de la OCDE ante el G-20 –los Sherpas en el G-20 son funcionarios senior que se encargan de guiar el proceso político de los países miembros antes de que se presenten las recomendaciones a los líderes de esas naciones–, habló con Esteban Moctezuma, quien es el responsable de construir la plataforma social para López Obrador, y quien es su secretario de Educación designado.

Ramos le expuso a Moctezuma que si López Obrador llegara a la Presidencia y cancela la reforma educativa, la OCDE no descansará en denunciar –esta no fue la palabra que utilizó– la regresión de su gobierno y en hablar en cada uno de los foros a donde acudan, que además de numerosos cuentan con una alta calidad de interlocutores, sobre las consecuencias que tendrán esas acciones para la educación en México. No se conoce la fecha exacta de esa conversación, o si fue personal o telefónica. En enero viajó Ramos a México junto con Gurría para participar en un foro de la OCDE, donde señaló a la prensa: “Lo que le diríamos a cualquiera de los candidatos que están conteniendo en esta justa democrática, es que miren estas reformas (hablaba en general) y les den oportunidad para que sigan rindiendo frutos, porque están rindiendo fruto, y el problema es que si uno no las sigue avanzando, evidentemente hay posibilidades de que se vayan para atrás”.

En aquel foro, Gurría dijo que las reformas habían generado 80 mil millones de dólares en compromisos de inversión, que no podían retroceder. Se pueden reformar las reformas, precisó, pero no cancelarlas. Gurría ha sido uno de los principales promotores de las reformas peñistas, que permitieron que México se fuera alineando con los mecanismos de desarrollo a nivel internacional. En esa misma reunión, el secretario de Educación, Otto Granados, le pidió que la OCDE realizara una evaluación de la reforma educativa, que comenzarán a hacer en junio próximo y los resultados serán dados a conocer, se estima, en octubre.

La semana pasada, el semanario británico The Economist advirtió que si ganaba López Obrador, la reforma educativa estaba en riesgo, aunque matizaba que si en este año la reforma no mostraba resultados positivos, le daría argumentos a su pretensión. Gurría y Ramos siempre han elogiado la reforma, cuya evolución conocen por el trabajo permanente de los expertos de la OCDE con la Secretaría de Educación Pública. Para el informe de este año, la SEP quiere que incluyan los datos del ciclo escolar 2017-2018 en la evaluación final de este sexenio, ya que normalmente sus informes tienen de uno a dos años de desfase.

Las advertencias de Ramos a Moctezuma se enmarcan en el contexto de la forma como la educación impacta en el desarrollo de las naciones, y las consecuencias para el desarrollo de México que puedan tener la cancelación de esa reforma. El caso de los niños en Oaxaca siempre ha sido un ejemplo muy utilizado para combatir la cancelación. Las protestas y suspensión de clases en las primarias de ese estado provocaron que en la última década los niños perdieran 50 días de clases por año. Sólo en lo que va del año, los niños oaxaqueños han perdido casi dos semanas más. La educación no importa, sino utilizarla como divisa de cambio para fines políticos, lo que la OCDE advirtió a López Obrador que no permitirá.