Senadores y diputados integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente aprobaron un dictamen para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de distintas violaciones a sus derechos humanos, presuntamente cometidos por Nestora Salgado, excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero.

En reunión de trabajo de este martes, el órgano técnico legislativo presidido por el senador del PRI, José María Tapia Franco, avaló un exhorto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que quienes hayan sufrido de presunta privación ilegal de la libertad y tortura, puedan acceder a la reparación del daño.

Los legisladores coincidieron que toda autoridad, sea o no indígena, debe garantizar el pleno acceso y goce de los derechos de todos los mexicanos en los diversos ámbitos.

Según el documento, la Policía Comunitaria de Olinalá cuenta con ocho a diez investigaciones por la detención ilegal de 48 a 58 personas, ocurridas cuando Salgado García estaba al frente de esa organización, en octubre de 2012.