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REFORMA: Tiran en hospitales 663 mdp cada año

 

 

El Gobierno federal y el del Edomex pagan a proveedores 663 mdp cada año por servicios no utilizados de seis hospitales, revela estudio.

El Gobierno federal y el del Estado de México pagan a proveedores 663 millones de pesos anualmente por servicios no utilizados de seis hospitales de alta especialidad.

Construidos bajo el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP), los hospitales apenas operan al 50 por ciento de ocupación, pero los proveedores reciben un pago como si funcionaran al 80 por ciento.

Los seis hospitales –cuatro de ellos ubicados en el Estado de México– costaron 32 mil millones de pesos.

Ese monto, según estimaciones de especialistas, cubriría la atención de cáncer de mama de 8 mil mujeres en un año, la mitad de los casos que se registran en el País.

Conforme a un estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no obstante el fracaso de la construcción de hospitales bajo el modelo APP, en 2017 se echó a andar un nosocomio más, en Mérida, bajo el mismo esquema y se firmaron contratos por otros 7 hospitales más.

Además, se encuentran en estado de preinversión otros seis nosocomios.

Aunque los primeros seis hospitales fueron concebidos como instituciones de alta especialidad, su principal egreso son los partos, según la investigación liderada por Mauricio Hernández, de la Universidad de Guadalajara.

El desperdicio no sólo es por las camas desocupadas, sino que, además, se suma el costo de equipos y quirófanos que están subutilizados.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca se reportan 4 quirófanos abiertos de 14.

El estudio revela que, en promedio, en los seis hospitales sólo se hace una mastografía, nueve tomografías y cuatro resonancias magnéticas al día.

“La experiencia mexicana en la implementación del modelo de hospitales APP ha sido desastrosa. Sin embargo, a pesar de este mal desempeño, ahora este tipo de contratación se expande de manera acelerada entre las instituciones de seguridad social.

“Recientemente, el IMSS y el ISSSTE han firmado siete contratos nuevos, más costosos y riesgosos para el Estado”, concluye el análisis, en el que también participó Arturo Cervantes, de la Universidad Anáhuac.
Modelo endeudado y cuestionado
De acuerdo con la investigación, los seis hospitales construidos entre 2005 y 2011 bajo la figura de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), modelo que antecedió al de APP, han significado para el erario una megadeuda de más de 119 mil 263 millones de pesos a pagar entre 5 y 25 años.

Por los seis hospitales bajo el esquema PPS, la deuda alcanza 32 mil 519 millones de pesos, y para los otros ocho en figura APP el adeudo es de 86 mil 744 millones de pesos.

Con el paso de los años, expone MCCI, el monto de la deuda por estos contratos se ha disparado, las condiciones de operación y cantidad de servicios ofertados se ha diversificado y el tiempo de funcionamiento se ha extendido hasta 25 años.

Mientras que en 2005 el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío que opera la Secretaría de Salud implicó una deuda de 3 mil 130 millones de pesos, para 2017-2018 el ISSSTE firmó la construcción y operación del Hospital General en la Delegación Regional Sur de la CDMX por 18 mil 513 millones de pesos.

Además, en países como Chile los contratos son de hasta 15 años y en Brasil de 10, en tanto que en México son casi del doble.

"Nuestros contratos son los más largos de Latinoamérica. Hemos comprometido (en total) la suma de 350 años de servicio", consigna MCCI.

Para MCCI, que lidera el empresario Claudio X. González, es urgente revisar y ajustar los contratos existentes para disminuir costos, frenar los que no aún no se ejecutan y transparentar sus condiciones.

Según el análisis, la falta de rectoría de la Secretaría de Salud sobre estos hospitales ha provocado el mal uso de los recursos, mientras que la Secretaría de Hacienda aprueba más y mayores inversiones, pero sin garantizar fondos para su operación.

Se debe asegurar, advierte MCCI, que operen a su máxima capacidad, además de crear una instancia única que supervise la aplicación y la transparencia de todos los contratos para no repetir errores.

"Se recomendaría no impulsar más proyectos APP hasta no asegurar una buena gestión de los existentes", concluye.

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