El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Bolaños Aguilar, propuso a víctimas y afectados en el caso de las fosas de Tetelcingo promover una queja por violación del derecho a la verdad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y contra el gobierno de Morelos.
Fue alrededor de las 15:00 horas de ayer viernes cuando Bolaños Aguilar acudió al panteón de Tetelcingo y sostuvo una reunión con los familiares de las personas desaparecidas y quienes participan desde el pasado lunes en la exhumación de los más de 100 cadáveres desconocidos.
"Lamento muchísimo que cuando se conoció este tema, el Gobierno del Estado haya despreciado la oportunidad de ponerse del lado de las víctimas, ya que no sólo debió de permitir la intervención de la Universidad, sino también la participación de otras universidades", dijo el diputado federal.
Lo anterior, luego de que el legislador escuchó atento la intervención de las madres de las personas desaparecidas, quienes hablaron sobre el apoyo que han recibido de la Máxima Casa de Estudios en la defensa a sus derechos, hecho por el cual Graco Ramírez reprime a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
"La decisión de colocar los cuerpos así como lo hicieron no pudo ser de una persona; aquí hay muchos que deben dar una explicación", declaró Javier Bolaños, al tiempo en que no descartó la propia responsabilidad del gobernador.
Como antecedente del caso, el diputado comentó a los presentes de la indiferencia del gobierno para atender con prontitud y eficacia las anomalías que se presentaron en la inhumación ilegal de los cadáveres desconocidos, así como de ocultar la verdad a la opinión pública, lo que generó un acto de impunidad.
En este tenor, criticó que el Gobierno del Estado tome una postura de agresión en contra del rector y la familia de Óliver Navarrete Hernández, al presentar una denuncia en su contra, y, después, ordenar a los diputados una auditoría a la universidad.
Ante la postura radical del Gobierno del Estado, el diputado federal propuso a las victimas llevar el caso de las fosas de Tetelcingo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que el caso podría configurarse como crimen de lesa humanidad, aunado a que el Estado apoyó en desaparecer a las víctimas.