LA LEY DE HERODES DE LOS REGIDORES
En casi cinco meses de haber iniciado las administraciones municipales, los abusos de regidores van en aumento y el abuso de poder en que incurren van desde el acoso sexual, otros de haber cometidos ilícitos que atentan contra la vida de las personas y ahora un golpeador de mujeres.
El primero del que salieron sus calenturientos ánimos fue el regidor de Cuautla del partido MORENA, César Salazar Zamora, quien al ser denunciado penalmente por acoso sexual hacia sus colaboradoras la Fiscalía General del Estado de Morelos en la región oriente archivó la carpeta de investigación.
Posteriormente, otro concejal del municipio de Jiutepec, Orlando Gorostieta Rabadán, fue señalado de balear a dos jóvenes y una menor de edad en la comunidad conocida como Jardín Juárez.
A pesar de los testigos que lo inculpan del delito agresiones con un arma de uso exclusivo para el Ejército Mexicano, antes del término legal de las 72 horas fue dejado en libertad por el ministerio público.
Recientemente, un tercer regidor ahora del municipio de Xochitepec, Daniel Ernesto Gómez Noriega, fue acusado por su propia esposa de golpes y violencia intrafamiliar, en su domicilio de la colonia El Edén, en Jiutepec.
Los tres delitos dentro del Código Penal y el de Procedimientos Penales de Morelos son gravosos, porque la violencia tiene una penalización mínima de siete años de cárcel.
Sin embargo, al momento y a pesar de que los integrantes de los Cabildos como son sus concejales y el presidente municipal dejaron de tener fuero legal desde hace un par de años; es decir, al momento de cometer un ilícito, incluso administrativo, deben ser sancionados.
En ninguno de los tres casos mencionados, la Fiscalía General del Estado de Morelos ha ejecutado el marco del derecho y, al contrario, pareciera que su postura es la de proteger ese tipo de ilegalidades, más si proviene de un representante popular.
Esa impunidad ha dejado como consecuencia que la desconfianza hacia el ministerio público continúe incrementándose, tanto que de que de cada 10 delitos cometidos, solamente uno es denunciado y de ese número el cinco por ciento tiene resultados positivos para la población.
Así es que en Morelos tenemos regidores que abusan de las mujeres, pistoleros y golpeadores de damas, sin que al momento a pesar de las denuncias no haya sanciones conforme a derecho, solamente el ministerio público solapa actitudes negativas.
Ahora la comunidad ante el alto índice de impunidad que hay en el estado protegidos y con complicidad de las autoridades, es por ello que el número de asesinatos crecen, total la Policía de Investigación Criminal (PIC) no sirve ni para resolver un crucigrama, menos un homicidio.
Estos tres casos son un pequeño ejemplo de la impunidad y el perdón a la violencia institucionalizada en Morelos, pero la pregunta es: ¿Cuántos casos más hay en otros municipios en donde la familia no denuncia por temor a represalias o bien que un regidor o alcalde deje de otorgar la pensión, así como amenazar -incluso- de muerte a su pareja?.
La Fiscalía en casi cinco meses ha provocado, con sus actitudes, el incremento del abuso de poder por parte de los servidores públicos, sin razón ni sustento legal para solapar las violaciones legales en las que incurren.
¿Qué pasa en Morelos?, ¿acaso es un pueblo sin ley? O ¿tal vez la ley de la selva debe imperar, o bien la Ley de Herodes?. ¡Que nos pasa caramba!