Quizá en otro momento político, quizá contra otro candidato con otra posición en las encuestas, dos acusaciones hechas en el debate de presidenciales contra Andrés Manuel López Obrador habrían tenido un impacto severo en la contienda.

El aspirante que durante doce años ha centrado su discurso en la denuncia de la corrupción gubernamental y el contubernio con empresarios, resulta que tiene designado como quien ocupará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a un hombre cuya esposa y familiares políticos son socios de una filial de la firma que se ha convertido en emblema latinoamericano de la transa, Odebrecht, la misma que ha sido denunciada por Morena como protagonista de cochupos que habrían beneficiado política y económicamente al presidente Peña Nieto y sus colaboradores.

José Antonio Meade dejó caer el dato de que la familia de Javier Jiménez Espriú es socia de Braskem, filial de Odebrecht, que participa en proyectos multimillonarios con Pemex. La misma noche del debate, el aludido dijo en un tuit que era una calumnia y que al día siguiente saldría una aclaración.

Ayer, Jiménez Espriú confirmó que su esposa es accionista de la empresa Idesa, fundada por su finado suegro, Patricio Gutiérrez Roldán. Idesa, asociada con Braskem, filial de Odebrecht, tiene participación en Etileno XXI, productor de polietileno en el país gracias a un contrato con Pemex. Meade afirmó que Jiménez Espriú era presidente del Consejo de Administración de Idesa. En realidad es su sobrino político Patricio Gutiérrez Fernández.

La esposa y familia política del que sería secretario de Comunicaciones es accionista de una empresa asociada con Odebrecht que goza de un contrato con Pemex. No existe acusación de que haya algo ilegal. Pero el nexo del colaborador de López Obrador, mantenido en secreto hasta ayer, se confirmó. Si fuera un familiar de un nominado por Meade o por Anaya, sería un escándalo. Pero al candidato de teflón se le resbala Odebrecht.

La segunda acusación la hizo Ricardo Anaya: durante su gobierno en el entonces DF, López Obrador otorgó a su “constructor favorito”, José María Rioboó, contratos sin licitación por 170 millones de pesos por el segundo piso del Periférico. López Obrador dijo de inmediato que no era cierto. Ayer reconoció que sí se otorgaron esos contratos, pero subrayó que fueron auditados y no hubo corrupción.

Además, el panista reveló que Rioboó compitió para participar en las obras del nuevo aeropuerto y perdió. Y que luego, se volvió estandarte del lopezobradorismo para proponer la cancelación de la terminal y construirla en cambio en Santa Lucía. La narrativa que delineó Anaya fue: la negativa de AMLO a aceptar el NAICM se debe simplemente a que no se la dieron a su contratista favorito. La relación López Obrador-Rioboó no es nueva. No hay acusaciones de actos de corrupción. Si fuera Higa o Barreiro, sería un escándalo. Pero al candidato de teflón se le resbala Rioboó.

Los dardos fueron certeros. Pero el tablero es de teflón.

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