Encontré a las puertas de un estudio de televisión a la ex ministra Olga Sánchez Cordero, propuesta por Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Gobernación en caso de que los números le favorezcan el próximo 1º de julio.

La ex ministra publicó en Milenio, el pasado 6 de julio, un artículo que contiene a grandes rasgos su idea de una nueva política con relación a las drogas.

En ese artículo, expuso la necesidad de llevar al país a una discusión capaz de “reorientar y reevaluar todo el contexto jurídico nacional”.

Para detener la ola de violencia que sacude a México desde hace más de una década, afirmó Sánchez Cordero, es preciso practicar una suerte de cirugía mayor.

Reescribir, desde la Constitución, “hasta las leyes secundarias en las materias de salud, agraria, fiscal, penal, civil, mercantil, aduanera y, en fin, todas aquellas que hoy son un dique para un camino exploratorio de todas las opciones que eventualmente se pongan a consideración de la colectividad”, escribió.

—Él único que puede llevar a cabo todo esto es Andrés Manuel López Obrador —me dijo en el estudio—. A José Antonio Meade y a Ricardo Anaya se los comería la propia inercia del sistema: no lograrían lo que el país necesita, solo llevarían a cabo cambios tímidos.

Le pedí que algún día me invitara un café para explicarme cómo sería ese cambio.

—Te lo cuento aquí mismo —contestó, y prácticamente me invitó a pasar a la pequeña sala de invitados.

Sánchez Cordero tiene 70 años. Acaban de realizarle una cirugía a corazón abierto. Pensó durante un tiempo que todo estaba terminado. La invitación de AMLO, dijo, le abrió sin embargo una segunda vida, la oportunidad de “hacer algo contra esta pesadilla”.

La ex ministra trazó un panorama general: hoy, la procuraduría está al servicio del Presidente. En función de eso, el procurador ordena hacia abajo: qué casos resolver de manera urgente, y qué casos archivar, retrasar o echar al olvido. Los ministerios públicos siguen esas instrucciones según su competencia: unos atienden delitos federales, y otros de fuero común. Los de fuero común se encogen de hombros cuando pasa frente a ellos un delito federal. Y viceversa.

—Hay que tener un fiscal autónomo y hay que borrar el tema de la competencia, una zona gris que solo lleva a la inacción —dijo.

Siguió la ex ministra: mientras atienden secuestros, extorsiones, homicidios, los MP deben atender también conflictos familiares, como la custodia de los hijos, o mercantiles, como la falta de pago por un bien o un servicio.

—Para hacerlas más eficientes hay que quitarles los asuntos familiares, mercantiles, laborales, para que se enfoquen solo en lo urgente, y hay llevar esos asuntos a otro lado: abrirles una ventanilla.

La piedra de toque de todo esto, agregó, será la creación de fiscalías autónomas regionales, pequeñas fiscalías delegacionales o municipales, capaces de procesar rápidamente los asuntos que les competan y no los que les dicten sus superiores.

Le pregunté por el combate a las drogas. Dijo que la criminalización solo ha traído luto y muerte. Propuso dos cosas. Primera: despenalizar totalmente, y cuanto antes, el consumo de marihuana, y comenzar a explorar el aprovechamiento con fines farmacéuticos de la amapola que se produce en México, como una forma de iniciar otra relación entre el Estado y las cerca de 30 mil comunidades que viven de ese cultivo.

Segunda: cambiar el paradigma del enfrentamiento y la confrontación: desmilitarizar paulatinamente las calles, realizar solo operativos quirúrgicos, “con la menor cantidad posible de enfrentamientos”, y redoblar en cambio temas relacionados con la inteligencia financiera.

Me guardé el tema de la amnistía para lo último.

—¡La amnistía debe abarcar incluso al Ejército! —exclamó—. Eso, si queremos llevar a cabo un proceso que nos conduzca a la reconciliación. Desde luego, esto sería en una segunda etapa.

—¿Qué es concretamente la amnistía que ustedes proponen? —insistí.

—Una forma de justicia que nos permita transitar este momento. Explorar, por poner un ejemplo, la reducción de penas.

—¿Mandar en tres días a la calle a los involucrados en el caso Iguala, por ejemplo? —pregunté con mala leche.

La ex ministra contestó:

—Tal vez si ofreciéramos una reducción de penas lograríamos saber por fin dónde están los alumnos desaparecidos. Desde luego, todo esto es un proyecto, nada está confirmado, mucho menos autorizado.

Quedaron mil preguntas. Prometió responderlas en unos días.

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