Incognitapro

OBSERVADOR POLÍTICO

 
 

Lo que se vive entre el personal del Congreso del Estado no es cosa menor, los todavía diputados que cobran como tal, deben poner no solo atención a los reclamos y demandas que han estado haciendo de manera constante sino orden, sobre todo, de quienes están a cargo de los trabajadores porque son ellos los que están violentando sus derechos laborales y humanos que rayan en lo absurdo, en ocasiones, amparados por la complicidad, omisión e impunidad de los representantes populares.

 

LA SITUACIÓN DEL CONGRESO DE MORELOS.- Desde el pasado 13 de junio del presente año, fue ocupada la nueva sede del Poder Legislativo la cual hasta el momento, lamentablemente, no cuenta con los servicios básicos indispensables y elementales para su funcionamiento como son: Toma de agua, energía eléctrica, servicio de internet y además, no está concluida la obra al 100 por ciento.

Lo preocupante y triste, es que jamás se hicieron las pruebas de funcionamiento a dicho inmueble para la ocupación del mismo y por lo tanto, se ignora si existe o no un dictamen que haya sido autorizado por Protección Civil en el que permita el funcionamiento de la nueva casa de los diputados. Al menos, las autoridades de obras, gobernación, protección civil y demás no lo autorizaron de forma oficial. Nadie sabe, o al menos nadie ha informado respecto de la posible liberación del oficio de ocupación del inmueble emitido por la autoridad correspondiente. Y algo que es indispensable pero que no se tiene, es información de las condiciones generales de la entrega recepción de la obra con motivo de la garantía del funcionamiento del edificio, así como si existe o no algún comité que en su momento haya verificado la funcionalidad de la sede legislativa.

Y mientras los diputados que están por concluir con su encomienda que les dio el pueblo por tres años –algunos buscan la reelección-, afirman que los derechos de los trabajadores del Congreso están por encima de los intereses partidistas e incluso, señalan como rumores las versiones que se han suscitado y que además son infundados. Un argumento que ofrecen es que, se tiene un respeto continuo a los derechos humanos y laborales de cada trabajador y más: “En total apego a lo ordenado por la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, así como su propia Ley Orgánica y su Reglamento”.

 

LOS EMPLEADOS Y SUS NECESIDADES.- Lo cierto es que, pese a todas las incógnitas que existen por la nueva sede legislativa ésta ya fue ocupada, sin importar que sea haya impuesto por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas y la Dirección Jurídica, una serie de restricciones a los empleados que rayan en lo absurdo y violentan sus derechos humanos y laborales. Con conocimiento de causa, podemos afirmar que hay amenazas de despedirlos y levantarles actas administrativas, en caso de surgir algún accidente dizque “ocasionado” por los propios empleados, es decir, que no se puede caminar por pasillos y en los alrededores y mucho menos conectarse a la corriente eléctrica, por no estar terminada la construcción de dicha sede. Por tal motivo, cualquier siniestro que ocurra será pagado –les dijeron- por la persona que tenga la desgracia de sufrir algún percance.

Además, todo el personal del Congreso tiene prohibido ir al baño más de tres veces al día, porque no hay suficiente agua en virtud de que la están comprando el vital líquido por pipas. Lo triste, lamentable y preocupante, es que esta medida además de ser injusta es inhumana e insalubre porque pone en riesgo la salud de los empleados sobre todo, de aquellos que padecen infecciones en las vías urinarias, hipertensión arterial e incontinencia. Pero no es todo, porque existe un acoso en contra de las personas de la tercera edad que laboran en esa “honorable” institución.

 

EXCESOS Y ABUSOS.- Es necesario que los diputados, hombres y mujeres que siguen cobrando como tal, pongan mayor atención en los directivos que ponen porque les han impedido al personal que tomen agua y coman en las oficinas, sin importar que se tiene un Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo donde establece que el personal tiene derecho de media hora para disfrutar de sus sagrados alimentos.

Pero además, les obligan a guardar silencio todo el día, (esto incluye no reírse); no salir más de tres veces a la calle porque hacerlo, será considerado como retardos y amenazaron con descontarles un día de salario a los trabajadores.

Los empleados no tienen acceso de sus vehículos al estacionamiento por no estar terminada la construcción del Poder Legislativo. Además, la entrada a las oficinas del está totalmente restringida y todas las medidas disciplinarias son impuestas por la  Martha Patricia Bandera Flores, secretaria de Administración y Finanzas y Humberto Serrano Guevara, Director Jurídico, éste último ejecutor de las actas administrativas y quien realiza los despidos de trabajadores.

Martha Patricia Bandera Flores, es quien aplica los descuentos que no son enterados a diversas instituciones como al Instituto de Crédito, (donde desde hace tiempo no ha depositado los descuentos efectuados a los trabajadores de cuotas y pagos de préstamos personales), mucho menos al Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo ya que le deben poco más de un millón y medio de pesos por  prestaciones sociales.

Asimismo indebidamente la Secretaria de Administración aplica descuentos quincenales a los trabajadores con la promesa de la contratación de un seguro de vida que cobrarían sus beneficiarios en caso de algún deceso de un trabajador, empero, el seguro de vida desde el 2015 a la fecha no fue contratado y del dinero nadie sabe en que lo utilizó la secretaría, ya que recientemente se les informó que no se les devolvería la suma descontada, a pesar de que en la Ley del Servicio Civil no especifica dicho descuento, en el Título Sexto del Régimen de Seguridad Social, capítulo único de las prestaciones sociales menciona en el artículo 54. Puesto que los empleados públicos, en materia de seguridad social tendrán derecho a: Fracción V: Seguro de Vida, cuyo monto no será menor de 100 meses de salario mínimo general vigente en el estado por muerte natural y 200 meses de salario mínimo general vigente en el estado por muerte accidental. Fracción VI: Los beneficios derivados por riesgos y enfermedades de trabajo y por enfermedades no laborales, maternidad y paternidad. Lo preocupante es que son muchos los descuentos que no son enterados a las instituciones correspondientes, causando perjuicio a los trabajadores, beneficiándose esa Secretaria de Administración. ¡Aplausos¡

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