El secuestro del futbolista Alan Pulido en Tamaulipas y las elecciones en una semana en esa entidad, es una coincidencia que ni un niño se la podría creer.

Ahí están las manos de la narcopolítica, que a través de una acción criminal buscan incidir en un proceso electoral competido.

De cualquier manera, sea lo que sea, el muchacho está privado de su libertad y México vuelve a ser señalado como un país de bárbaros.

Fue secuestrado el jugador del Olympiacós, campeón de Grecia. La nota está en todos los medios de comunicación del mundo y quedamos como lo peor en inseguridad.

No hay coincidencia posible entre un hecho de esa repercusión nacional e internacional, y las elecciones del próximo domingo.

Hay muchos tamaulipecos infinitamente más adinerados que el joven Pulido, pero el escándalo mundial lo provocaba un secuestro así, mediático hasta decir basta.

Los grupos criminales ya actúan en política, aliados a fuerzas que es preciso desenmascarar con toda energía.

Lo vimos en Iguala, con el secuestro y asesinato de normalistas de Ayotzinapa, por parte de alianzas entre narcos y políticos.

Por eso el país necesita mano dura, o mano firme, pero que actúe sin miramientos contra la narcopolítica y grupos violentos.

Basta de contemplaciones por miedo al qué dirán en la prensa identificada con un color político cuando se actúa con firmeza, como en Tlatlaya, ante un grupo de secuestradores.

Ahí en Tlatlaya no hubo ejecuciones sumarias, sino mano dura ante una numerosa banda de plagiarios que opusieron resistencia al Ejército.

Así debe ser. Pero cuando se ejerce la legítima violencia del Estado contra secuestradores y asesinos, viene una ola de protestas en los medios que tienden a inhibir la acción de las fuerzas de seguridad que tenemos.

Hay que poner orden sin miedo. La seguridad de México y los ciudadanos es primero.

Partidas de criminales hacen lo que quieren, porque luego salen libres gracias a retruécanos del “debido proceso”.

Secuestran, mutilan, matan, amedrentan y no les pasa nada, gracias al favor de algunos miembros del Poder Judicial que interpretan la ley a conveniencia de los delincuentes, y a la presión de sectores de los medios de comunicación que con tal de apalear al gobierno se ponen del lado de los asesinos.

Gracias a la ambigüedad del Estado, ahora los grupos violentos incursionan hasta en política. En Tamaulipas, en Oaxaca, en Chiapas.

“Alto a la represión”, gritaban el viernes por las calles de la Ciudad de México, quienes vandalizan, agreden y afectan la vida laboral de millones de personas.

Ahora resulta que los delincuentes que secuestran niños como en Oaxaca o plagian funcionarios como en Chiapas, ameritan una mesa de negociaciones.

Sí, es cierto que el país no se puede manejar a garrotazos, pero si alguien tiene que darlos es el Estado y no la mafia de la CNTE o los grupos criminales.

En San Cristóbal de las Casas, la semana pasada, la CNTE y el EZLN secuestraron al presidente del Congreso del Estado, lo amarraron en la plaza central y amenazaron con quemarlo vivo si no les cumplían sus demandas.

Los maestros de la CNTE estrangularon Oaxaca y la Ciudad de México el viernes, con lo que hubo contingencia ambiental y afectó a millones de personas de la zona metropolitana.

¿Se puede tolerar eso por miedo al qué dirán? Pienso que no.

Twitter:@PabloHiriart