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José Antonio Meade era secretario de Desarrollo Social cuando en el gobierno al cual servía se decidió la liberalización de los precios de la gasolina, para enero de 2017. Pero fue el secretario de Hacienda que debió administrar la implementación. A mediados de diciembre de 2016, los encargados de la opinión pública en Los Pinos anticipaban molestias, pero le dijeron a los jefes de la comunicación social del gobierno que se podían ir de vacaciones porque no esperaban que durara más de unos cuantos días. Cuando la irritación social se desbordó, los gobernadores buscaron el apoyo de la Secretaría de Gobernación, pero no había nadie. Cuando en Hacienda pidieron respaldo para gestionar la crisis que había estallado, nadie les tomó el teléfono. Meade y su equipo se quedaron solos para enfrentar la metralla, que no fue de días, sino de semanas, y que provocó la peor caída en la aprobación presidencial del sexenio. La desaprobación del presidente Enrique Peña Nieto se acentuó, pero la de Meade se estabilizó. Así podría haber terminado el sexenio, pero lo ungieron candidato del PRI, donde sus positivos se evaporaron y comenzó a pagar culpas ajenas, del Presidente y su gobierno.

Meade tiene una preferencia electoral inferior a los 20’s por cientos, que es la cifra más baja que ha tenido un candidato presidencial del PRI en su historia. Sus positivos se han evaporado y los negativos del Presidente y de su gestión gubernamental se le han colgado del cuerpo como un lastre que cada semana lo hunde más en el mar. En toda la campaña no ha podido remontar la carga negativa en su espalda ni modificar la esencia de la elección presidencial, de ser una de encono y voto contra el gobierno sin importar las características del candidato opositor, a que el electorado vea en Andrés Manuel López Obrador, como argumentan, un líder reaccionario y con políticas regresivas. En su equipo de campaña han admitido que sabían que el electorado estaba molesto, pero nunca se imaginaron cuánto.

La primera aproximación para determinar “cuánto” es “cuánto” la aportó la empresa Intélite, que sobre la base de más de 332 millones de registros de informaciones en mil 600 medios de comunicación mexicanos en sus bases de datos, elaboró lo que llamaron “El ABC de la Corrupción”, donde muestra cómo este fenómeno se coló dentro de los sempiternos temas de preocupación del electorado –económicos e inseguridad–, pero con un hallazgo que explica el porqué hay tanta molestia con Peña Nieto y su gobierno: en todas las subcategorías de la corrupción, el detonante se dio durante la actual administración. Bajo Peña Nieto, todos los indicadores de corrupción, medidos a través de los registros de medios, se incrementaron, en muchos casos, más del 100%.

El estudio de Intélite muestra cómo las menciones sobre actos de corrupción en los medios se mantuvieron estables durante la primera década de este siglo, y comenzó a escalar la estadística en 2011. En 2012, cuando arrancó el sexenio de Peña Nieto, se registraron 364 mil 320 menciones de corrupción en los medios, que brincó a 60 mil menciones al próximo año y 84 mil para 2015, después del escándalo por la casa blanca del Presidente. Al finalizar 2017, el total de menciones superaba las 287 mil. En total, el gobierno de Peña Nieto ha acumulado casi el 23% del total de las 8 millones 701 menciones sobre corrupción que los medios mexicanos han registrado en este siglo. Se puede argumentar que la mala percepción del Presidente, y una parte de sus altos niveles de desaprobación, tienen que ver con la imagen de corrupto que se ha proyectado a través de los medios. La corrupción del peñismo es conocida globalmente. El informe de Transparencia Internacional de 2012 calificaba a México con 34 puntos, y en el lugar 105 de 180 países revisados; en 2018, cayó cinco puntos (29), y fue situado en el lugar 135, convirtiéndose en el peor evaluado de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y, junto con Rusia, el peor del G-20, que son las principales economías del mundo.

Si la evaluación general es negativa, en el desagregado de fenómenos asociados con la corrupción, el gobierno de Peña Nieto sale peor. En el capítulo de tráfico de influencias de “El ABC de la Corrupción”, se manifiesta el mismo patrón, de enorme estabilidad durante la primera década del siglo, hasta que entró al poder Peña Nieto. De mil 822 registros de prensa en 2011, se fue a 5 mil 58 al finalizar su primer año de gobierno, y a casi 7 mil en diciembre de 2017. En el rubro de abusos de ética y autoridad, los registros no pasaron de 9 mil durante los 11 primeros años del siglo, pero se duplicaron al finalizar el primer año de la administración peñista, al dispararse a casi 24 mil en 2014, y estabilizarse en 2016 y 2017, en poco más de 16 mil. El fraude es uno de los capítulos más negativos que registra el actual gobierno, al elevarse las menciones de ese delito, de 33 mil, casi al finalizar el sexenio de Felipe Calderón, a casi 100 mil en 2013, el primer año del gobierno de Peña Nieto, y mantenerse arriba de los 70 mil en 2016 y 2017.

Los datos de corrupción en el gobierno de Peña Nieto son devastadores. El 53% de las menciones sobre corrupción se refieren a servidores públicos y políticos, mientras que el 25% toca a la sociedad y el 22% al sector privado. En todos los casos, la remontada en las cifras se dio durante la actual administración. Analizando el fenómeno cuantitativa y cualitativamente, podría pensarse que el lastre que arrastra Meade es muy oneroso, con un candidato más directamente asociado a Peña Nieto, como un mexiquense o un hidalguense. O sea, si la candidatura presidencial oficial está mal, podría haber sido mucho peor.