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Denuncian que la Fiscalía siembra chivos expiatorios

-Exige abogado a las autoridades que no se pisotee el espíritu de la Constitución

El abogado penalista, Ricardo Colorado, denunció que las autoridades de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular es Uriel Carmona Gándara, violaron los derechos humanos de su cliente, Eduardo Lara García, quien fue aprehendido por un supuesto delito de robo y por llevar consigo droga.

En entrevista, mencionó que en el estado la autoridad ministerial está sitiada por quienes pretenden un proceso de continuidad; y la aplicación de la justicia es parcial y violatoria de los derechos fundamentales.

Añadió que a su defendido ya se le decretó la libertad; no obstante, fue trasladado al penal de Atlacholoaya, sin una causa jurídica justificada. Dijo que a la familia del antes imputado la acusaron de resistencia de particulares. “Nosotros creemos en el Tribunal de Justicia del Estado de Morelos”, acotó, al exigir a las autoridades que no se pisotee el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, expresó que la Fiscalía tiene el objetivo de tomar a su cliente como un chivo expiatorio, ante las deficiencias, la corrupción y la impunidad con que opera. Comentó que cuenta con el apoyo de diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), que están a favor de la reivindicación de los derechos humanos de las personas, que son inalienables.

Agregó que cuenta con cuatro carpetas en las que se destaca el actuar doloso de la Fiscalía, al someter a personas inocentes, sembrándoles algún delito.

El joven Lara García, a quien defiende, fue detenido, días atrás, en la colonia Ahuehuetitla, en Lomas de Cortés, en Cuernavaca. Advirtió que se ha incrementado la aprehensión de personas a quienes no se les ha encontrado ninguna conducta ilícita.

Colorado expuso que la labor de la Fiscalía ha sido deficiente, porque no indaga de la manera correcta, aportando pocos y falsos elementos, lo que ocasiona que se lastimen los derechos fundamentales de las personas.

Concluyó que una orden de aprehensión con un cúmulo deficiente de pruebas, ha sido un signo característico de las autoridades que deben procurar la justicia.

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