Cuando Andrés Manuel López Obrador gobernaba la ciudad de México, una célula del Cártel de Tijuana, organización dirigida por los hermanos Arellano Félix, empezó a operar en Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl.

La célula, que se conocía como Cártel de Neza, contaba con la protección de policías judiciales capitalinos, de agentes federales, de elementos de la policía mexiquense, y de altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública —que por aquellos días se hallaba bajo las órdenes de Marcelo Ebrard.

Aunque el gobierno de la ciudad procuró apartar de la atención mediática las actividades de aquel grupo criminal, su presencia se volvió inocultable a partir de febrero de 2002.

En esa fecha, Mario Roldán Quirino, director de Asuntos Especiales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, fue cazado en San Pedro Mártir, a bordo de su auto, por sicarios que le dispararon 25 veces. Días más tarde, el 23 de abril, sicarios del cártel asesinaron al jefe de la Base Plata en la delegación Iztapalapa, Arturo Pérez Estrada. A él también lo cazaron a bordo de su vehículo. Los asesinos le dispararon en 19 ocasiones.

A principios del mes siguiente, el Cártel de Neza ejecutó en Río Consulado al director de Operaciones Mixtas de la Secretaría de Seguridad Pública, Guillermo Robles Liceaga. Robles estaba cerca de detener a los líderes del cártel: Delia Patricia Buendía, alias Ma Baker, y Carlos Morales Gutiérrez, apodado El Águila. De hecho, acababa de comunicarse con su jefe inmediato, el subsecretario de Seguridad Pública Raymundo Collins, para informarle que se dirigía a cierta clínica de Río Consulado, en la que se hallaba internado uno de los líderes criminales.

Dentro de las ropas de Robles la policía halló un papel doblado que tenía escritos tres nombres: el del propio Raymundo Collins, el del presidente municipal de Neza, el perredista Héctor Bautista, y el del director de Seguridad Pública de Ciudad Nezahualcóyotl, Carlos Ernesto García García. No hubo grandes explicaciones sobre aquella lista. Se dijo solo que se trataba, probablemente, de funcionarios amenazados por el cártel. En todo caso, el tercero de ellos, García, fue sentenciado poco después a 25 años de cárcel, acusado de haber puesto al servicio de Ma Baker una red de protección oficial.

En agosto de ese año la PGR presentó por fin a Ma Baker: la presunta aliada del Cártel de los Arellano que controlaba más de 300 “tienditas” en Iztapalapa, Neza y Tepito. La declaración de un testigo protegido reveló que el brazo derecho de Ma Baker, El Águila, era hijo del primer inspector de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Morales Correa: al menos en una ocasión, el inspector había intervenido para que agentes de la SSP dejaran en libertad a su vástago.

Durante la ola de detenciones que siguió, un cómplice de Ma Baker involucró al subsecretario Collins en la venta de protección al Cártel de Neza. Ebrard desestimó la acusación: “Hay que tomar en cuenta que los que están declarando son delincuentes… no podemos actuar con base en declaraciones o imputaciones que hacen delincuentes que están procesados”, dijo. Collins fue acusado poco después de proteger al líder de una banda de secuestradores (César Gómez, El Licenciado) integrada por policías de élite de la Secretaría de Seguridad Pública.

En aquellos años trascendió que Ebrard ordenó que se abriera una investigación interna que esclareciera las acusaciones en contra de su subsecretario. El informe que le presentaron no fue tranquilizante. Collins tenía, además, varias quejas en la CDHDF por tortura y ejercicio indebido del servicio público. En abril de 2003 presentó su renuncia “por diferencias en el mando operativo” y “amenazas de muerte”.

Tres años más tarde, cuando Ebrard llegó al gobierno capitalino, Collins fue designado director de la Central de Abasto: investigaciones periodísticas de esos años revelaron la manera en que cargamentos de droga llegaban a las bodegas de la Ceda, “entre fruta, flores y legumbres”. Se documentó también la venta de droga, el secuestro, el robo y la extorsión, como prácticas cotidianas, toleradas por el director.

Al arrancar el gobierno de Miguel Ángel Mancera, Collins fue llevado a la dirección del Instituto de Vivienda. Las denuncias de constructores y contratistas no tardaron en llegar: notas de la época relatan que el funcionario fue acusado de cobrarles 10 millones de pesos, a cambio de mantenerlos en las listas del INVI.

El jueves pasado, José Ramón Amieva dio a conocer el nombre del funcionario que podría suceder a Hiram Almeida al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

Exacto. Raymundo Collins, a pesar de su laaargo pasado polémico