El Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) tendrá que cumplir el mandato del Congreso local e incluir en su anteproyecto de presupuesto anual el tabulador de sueldos de magistrados y personal.
Lo anterior, debido a que ayer perdió la lucha jurídica contra la reforma constitucional en materia de transparencia y combate a la corrupción que la LII Legislatura aprobó el año pasado.
En la sesión de este lunes, con 7 votos en contra y 4 a favor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el recurso de revisión que el TEEM promovió contra la decisión de la ministra instructora, Beatriz Luna Ramos, de desechar en primera instancia la controversia 53/2015, sin entrar al fondo del acto reclamado.
Los magistrados alegaron que el Congreso invade su área de competencia al obligarlos a incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos.
Sin embargo, la ministra Luna Ramos consideró que debido que no está claro que el Tribunal cumple los requisitos de los órganos autónomos creados por la Constitución, no tiene facultad para promover un controversia y, de ser así, éste sólo podría combatir por esa vía las decisiones de otros órganos autónomos, más no las decisiones del Congreso local o las del Congreso de la Unión.
Inconformes, los magistrados electorales pidieron que el Pleno revisara el criterio de la ministra para no dar entrada a la controversia 53/2015, pero el resultado de la votación de ayer no los favoreció nuevamente.
En el mismo listado de la sesión, que continuará en los días siguientes, se encuentra la controversia 54/2015 promovida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), que entre otras cosas, objetó la designación, desde el Congreso, de un contralor interno.
A diferencia de la controversia del TEEM, la del Impepac sí fue admitida por el ministro Arturo Saldívar para que la Corte entre al fondo del acto reclamado.
Obligados
La Universidad Autónoma del Estado también está obligada por la ley a hacer públicos nombre y salario de sus trabajadores y docentes.
Por: ANTONIETA SÁNCHEZ / antonieta.sanchez@diariodemorelos.com
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