Austeridad y corrupción
El presidente electo de México ha hecho un planteamiento muy concreto en materia de austeridad gubernamental, presentó una serie de lineamientos que inician por la reducción de los salarios a los altos funcionarios, empezando por el de él, y un programa que elimina muchas de las prestaciones de las cuales gozan la mayoría de los servidores públicos y representantes populares. Las medidas delineadas por Andrés Manuel López Obrador son atractivas y realizables, se pueden llevar a cabo sin mayores complicaciones y representan un ahorro multimillonario para el erario. La austeridad es buena, pero para que el esfuerzo sea completo se debe acompañar del combate frontal a la corrupción.
Los 50 puntos que ha marcado el próximo jefe del ejecutivo de México no son sólo en materia de austeridad, también incluyen el marco legal que rodea (protege) a la clase política, aspectos que atacarán de manera directa la corrupción y sobre todo una nueva cultura en el servicio público.
Andrés Manuel López Obrador propone entre otras cosas:
- Modificar el artículo 108 de la Constitución para agregar que el Presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delito de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción.
- Se reformará la Ley para considerar delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la Hacienda Pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades; las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza.
- Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales, así como la de sus familiares cercanos y será pública y transparente en todos los casos.
- El Presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe actualmente el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones.
- No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios.
- No habrá más de cinco asesores por secretaría.
- Se limitarán los viáticos al mínimo.
- Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.
- Nadie tendrá guardaespaldas, sólo los encargados de la seguridad.
- Se reduce toda la estructura de trabajadores, empleados de confianza, en un 70 por ciento del personal y del gasto de operación.
- Se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad, de quienes ganan más de un millón de pesos anuales; de manera progresiva, pero lo ahorrado debe significar el 50 por ciento del gasto actual; es decir, se va a ahorrar la mitad de lo que ahora se destina para el pago de los altos funcionarios públicos.
- Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados, se venderá la flotilla de aviones y helicópteros, sólo quedarán los destinados a la seguridad, la protección civil y los que se ocupen para el traslado de enfermos.
- Se cancelarán las pensiones a los ex presidentes de la República.
- No habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados y senadores, se acabará la vergonzosa práctica de los sobornos o de los llamados “moches”.
Estos son sólo algunos de los puntos que ha marcado el presidente electo de México en lo que representa el ajuste más fuerte al gasto corriente del país en los últimos años. Algunos de los lineamientos que describe pasan por el congreso, implican un cambio a la ley, pero con la mayoría que tendrá Morena en ambas cámaras es previsible que las modificaciones se llevarán a cabo sin contratiempos.
El punto a revisar en esta historia no es sólo la viabilidad y las implicaciones de los movimientos que llevará a cabo el próximo gobierno federal, estos lineamientos involucran a los tres poderes de los 3 niveles de gobierno porque se reformará la ley y se establecerán topes salariales y la pauta federal obligará a todos los gobiernos a actuar en consecuencia.
Si se aplica el programa integral de austeridad que plantea Andrés Manuel López Obrador, el próximo gobierno de Morelos, surgido de la misma coalición electoral, deberá ceñirse a los lineamientos del Presidente de la República. Si eso ocurre veremos cambios sustantivos en la operación del gobierno y una nueva forma de actuación y convivencia política entre los poderes del estado.
En Morelos la corrupción ha marcado la pauta de la política y define los acuerdos; los poderes legislativo y judicial han actuado por consigna y a conveniencia del ejecutivo estatal, lo cual volvió económicas las decisiones y selectiva la aplicación de la ley. Al elevar las penas contra los actos de corrupción y los abusos de autoridad, la siguiente legislatura y el próximo gobierno del estado tendrán que actuar de manera distinta a lo que hemos visto hasta ahora.
Los abusos que han cometido en complicidad los tres poderes del estado y que trascienden al sexenio deberán ser revisados. Algunos de ellos son: 1- Los jueces han recibido inamovilidad en sus cargos por 20 años, lo cual es un claro exceso de los diputados actuales y un golpe brutal para todos los tienen una carrera judicial y aspiran a uno de esos cargos. 2- Los diputados han otorgado jubilaciones doradas a personas que no cumplen con los requisitos que marca la ley, colocaron funcionarios en posiciones clave para cuidar la salida del gobernador Graco Ramírez, quebraron las finanzas del poder legislativo y dejaron comprometido el presupuesto de la siguiente legislatura. 3- El gobernador contrató créditos multimillonarios que afectarán las participaciones de las próximas cuatro administraciones, vendió inmuebles del estado a través de procesos poco claros y realizó múltiples obras de mala calidad y a sobreprecio en prejuicio de la entidad y de sus habitantes.
Todo lo anterior está a la vista y puede ser fácilmente documentado, representa un abuso de poder, un golpe muy fuerte a la entidad y a sus finanzas, pero sobre todo generó una enorme molestia ciudadana. No puede entenderse ningún programa de austeridad ni tampoco ningún discurso de honestidad si no se actúa contra quienes violaron la ley, abusaron de las instituciones y dañaron la estabilidad social y la economía del estado.
Más claro: la gente espera que el próximo gobierno sea diferente, que las autoridades electas actúen con más compromiso social, pero sobre todo esperamos que no se aplique un “borrón y cuenta nueva” ni tampoco se olviden los pecados a cambio de favores políticos.
Para que los ciudadanos mantengan su confianza en las próximas autoridades estatales y federales, tienen que actuar contra los corruptos; en el caso de Morelos, como ha sucedido en Veracruz, lo primero es iniciar un proceso legal en contra del gobernante saliente, revertir las acciones legales de los diputados y obligar a quienes dañaron el patrimonio del estado a que devuelvan lo que se llevaron.
Ahí está el primer reto para Cuauhtémoc Blanco y de su equipo, de eso depende que el respaldo social continúe y que las cosas cambien en Morelos.
Hasta por cuestiones personales, porque tanto el gobernador electo como varios de sus más cercanos colaboradores fueron víctimas de este régimen, es indispensable que la ley se aplique.
- posdata
De noche y a puerta cerrada, como ha sido el sello de la casa de esta legislatura, los diputados sesionaron y de madrugada aprobaron una serie de jubilaciones que a todas luces representan una violación a la ley y una mentada de madre al ciudadano común.
No son las únicas jubilaciones doradas cuestionables que han llevado a cabo estos diputados, antes estuvieron los de los amigos y familiares de la diputada Beatriz Alatriste y también la de quien fue colaboradora de Jaime Álvarez y en próximos días será diputada local plurinominal por Movimiento Ciudadano.
Hay muchos casos de personas que llevan años tratando de obtener del congreso la jubilación que la ley les concede, son ciudadanos comunes y corrientes, trabajadores ordinarios que no forman parte del círculo de poder ni de la clase gobernante, por eso sus trámites tardan meses, a veces años y al final reciben una pequeña pensión que en la mayoría de los casos apenas les alcanza para subsistir.
No es el caso, por supuesto, de algunos de quienes recientemente recibieron el beneficio de una jubilación. No todos entran en el esquema de tráfico de poder que se acusa desde muchos lados, pero hay varios cuya pensión representa una ofensa legal, social y económica para miles de ciudadanos.
Hablamos, por ejemplo, de la esposa del secretario de gobierno Anahí Bahena quien a sus 37 años de edad fue beneficiada con una jubilación vitalicia de 54 mil pesos. Otro caso ofensivo es el de Stephanie Guzón André, funcionaria cercana a Graco Ramírez que con 8 años de servicio público se llevará de por vida otros 54 mil pesos mensuales. Uno más es el de Karina Arteaga, a quien destituyeron como consejera electoral porque su nombramiento violó la ley y ahora recibe un nuevo premio vitalicio gracias a los favores del partido naranja.
Ninguno de los dictámenes de las jubilaciones otorgadas recientemente fue leído en la sesión para no generar polémica con los legisladores de PRI, Partido Encuentro Social y Humanista, quienes se opusieron a la aprobación de los retiros. Otros jubilados en esa sesión fueron la secretaria de Educación Beatriz Ramírez Velázquez, el secretario de Hacienda Jorge Michel Luna, el exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos Fernando Pacheco Godínez y el exdirector del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado Francisco Velázquez Adán, quien apenas hace cinco años empezó a laborar en la administración pública.
A unas semanas de dejar el cargo el Congreso local jubiló también a Anahí Bahena López, esposa del secretario de Gobierno Ángel Colín López, Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos del Legislativo, Denia Flores Sánchez, esposa del diputado perredista Francisco Navarrete Conde, Stephanie Guzón André, cuya edad no rebasa los 40 años y se desempeñaba como coordinadora general de Relaciones Públicas y Eventos Gubernamentales y Bertha Rodríguez Báez, ex diputada local y actual directora de Afiliación y Operación del Seguro Popular.
Son las jubilaciones doradas de la Legislatura 53.
... Y luego preguntan porqué la gente está enojada con ellos.
- nota
El que concluye ha sido un sexenio de abusos y saqueos en todos lados. Cuauhtémoc Blanco recibirá el estado con una deuda superior a los 10 mil millones de pesos, lo cual implicará que su administración tendrá menos de la mitad de las participaciones federales que recibió Graco Ramírez durante 6 años.
Pero la historia de corrupción y excesos no es sólo económica; el gobierno de Graco Ramírez heredará, con el apoyo de los diputados, 2 fiscales (el General y el Anticorrupción), magistrados inamovibles por 20 años y diversos funcionarios enquistados en posiciones clave o recibiendo jugosas pensiones.
Y falta más: también hay doce nuevos notarios designados en esta administración: Javier Alberto Barona, 14 de Cuernavaca, Raúl Israel Hernández, 13 de Cuernavaca, José Antonio Acosta Moreno, 8 de Cuernavaca, Uriel Carmona Gándara, 6 de Cuernavaca, Manuel Carmona Gándara, 1 de Temixco, José Antonio Ordoñez, 2 Tetecala, Juan José Hernández Peralta, 1 Jojutla, José Carlos de la Sierra, 2 de Cuautla, Yauré Leticia Hernández Lozano, 3 Temixco, Neftaly Tajonar, 5 Cuautla, Enrique Hernández Ramírez, 1 de Puente de Ixtla, y Sandra Denisse Gómez, 10 de Cuernavaca.
Varios de quienes recibieron la patente de notario en la actual administración cumplieron con todos los requisitos y sin duda gozan de la experiencia necesaria para ocupar esa posición. Otros, como Javier Alberto Barona, a quien le entregaron la patente siendo secretario de administración del gobierno de Graco Ramírez o Raúl Israel Hernández, quien también era funcionario del gobierno actual, claramente violaron los lineamientos de ley y fueron designados por su cercanía con el tabasqueño.
Dos casos son peculiares: el de José Antonio Ordoñez y Uriel Carmona; al primero lo relacionan con actos irregulares cometidos desde la notaría de Guillermo Tenorio y al segundo le entregaron la patente con el compromiso de saldar el adeudo que dejó su antecesor, mismo que ronda los 26 millones de pesos. No ha pagado nada.
Un dato más: para que algunos de estos personajes pudieran ser designados, el gobernador Graco Ramírez ordenó que se cambiara la ley. Los casos concretos son: Javier Alberto Barona y Raúl Israel Hernández.
- post it
Los elementos están sobre la mesa:
1- Un gobernador saliente derrotado
2- Un partido desarticulado y desanimado
3- Una clase política repudiada
4- Un gobierno odiado
5- Una familia gubernamental desprestigiada
6- Un gobernador entrante con sed de venganza
7- Un partido con mayoría en el congreso
8- Una sociedad que reclama venganza
Todos los ingredientes que tuvo Javier Duarte al término de su mandato están presentes en Morelos.
Y con todo eso, Graco Ramírez insiste en seguir peleando con todos hasta el final.
- redes sociales
¿Y dónde andan los defensores de Graco Ramírez, que por cierto eran los mismos que atacaban a Cuauhtémoc Blanco?
Comentarios para una columna alegre:
Twitter: @eolopacheco
Facebook: Eolopachecomx
Instagram: eolopachecomx