Lo que menos les ha dicho el presidente electo a los servidores públicos es que son un estorbo y que los va a correr.

Y lo que ha motivado indignación es que les diga que son unos borrachos y fiesteros en sus lugares de trabajo.

En el lineamiento 28 contra la corrupción y por la austeridad, establece: “No se podrá asistir al trabajo en estado de ebriedad ni ingerir bebidas alcohólicas en las oficinas públicas”.

Sus expresiones escritas, dadas a conocer a la opinión pública, se traducen en titulares como: “AMLO acaba con borracheras, viajes y choferes de funcionarios” (El Universal, viernes 13)

Sus ataques contra los mandos altos y medios del gobierno federal, que en realidad son miles o decenas de miles, se expresan en “noticias” de ocho columnas como ayer, en La Jornada: “Cuantiosa sangría genera el pago a la burocracia dorada”.

En las páginas interiores del diario no dice de cuánto es la sangría, sino que mencionan algunos sueldos que son superiores a los 108 mil pesos mensuales que se fijó como salario López Obrador.

Lo que sí encontramos es una seguidilla de caricaturas que hacen escarnio de los servidores públicos del poder judicial (el presidente de la Corte), aferrados a bolsas con dinero, o en convivio con una prostituta de voluminosos senos rellenos de billetes, que representa la justicia.

Acusados de borrachos y dispendiosos por López Obrador, y satanizados con la saña más procaz por el órgano oficial del próximo presidente, no queda duda de que hay una campaña de odio hacia los servidores públicos.

Desconozco cuál sea su experiencia personal como jefe de Gobierno del DF, pero en los despachos oficiales no hay esas francachelas como para incluirlas en sus lineamientos.

La inmensa mayoría de los servidores públicos son gente honesta y que vive de su salario, por lo general menor al trabajo que realizan.

Se jacta el próximo presidente que va a correr al 70 por ciento de los empleados de confianza (194 mil 805 personas) porque eso es “austeridad republicana”.

Anuncia que le va a bajar el sueldo, a la mitad, a los altos funcionarios, que según algunos cálculos son 35 mil y de acuerdo con otros son 22 mil 500.

Vamos a ver cuánto representa eso en términos de ahorro, que muy posiblemente será insignificante en el presupuesto.

Personal de escasa formación, con sueldos netos de 40 mil pesos mensuales, manejará miles de millones de pesos.

Les va a quitar seguros de gastos médicos y seguro de separación (seguro de desempleo). Esto último afecta a choferes, secretarias y otros puestos modestos.

¿Por qué les van a quitar a los empleados su seguro de desempleo?

Tal vez para incentivar la mística revolucionaria de esta cuarta transformación, o como le quiera llamar el próximo presidente.

A cientos de miles de trabajadores públicos los van a mandar a vivir a los estados. Primera pregunta: ¿para qué?

No tiene sentido alguno dispersar secretarías que están en una sola ciudad porque la interacción de sus integrantes es cotidiana: hay reuniones a diario entre el personal de las distintas oficinas públicas.

Miles de trámites se realizan todos los días en esas dependencias.

Dice el presidente electo que con eso van a detonar el desarrollo en los estados donde lleguen los burócratas capitalinos.

Falso. Lo que promueve desarrollo es la actividad productiva, no la burocrática.

Aguascalientes no es el estado de mayor crecimiento del país porque allá se haya ido el INEGI, sino por la instalación de armadoras y otras industrias que requieren mano de obra calificada y básica para producir.

Y falta ver cómo van a recibir en esos estados a los burócratas chilangos que el presidente electo ha estigmatizado como flojos (deberán trabajar los sábados) y borrachos.

¿No quieren irse? ¿No aceptan bajarse el sueldo? A ver qué tal les va con el linchamiento público que harán de ellos el batallón de golpeadores oficialistas del diario del presidente.

El país votó por un cambio, sí. Aunque este cambio, así planteado, es demagogia.

No habrá más ahorros, sino empobrecimiento de la calidad del sector público.

Actividades clave quedarán en manos de una nueva clase burocrática que, en su mayoría, carece de experiencia y preparación profesional.

No quieren talento, sino lealtad al presidente.