Plantea 4 años de cárcel a quien abandone a un niño, persona enferma o con discapacidad
PROPUESTA. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión tomó conocimiento de la iniciativa de ley enviada por el presidente Enrique Peña Nieto.
CIUDAD DE MÉXICO.
A sólo 44 días de que concluya la LXIII Legislatura, el presidente Enrique Peña Nieto propuso al Congreso de la Unión castigar hasta con cuatro años de cárcel a quien “abandone a una niña o niño, persona enferma o persona con discapacidad, incapaces de cuidarse por sí mismos” y con hasta 60 horas de servicios a la comunidad a quien se quede callado, a pesar de conocer de este abandono.
El Presidente envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su propuesta para modificar seis leyes y los dos Códigos, nacional y federal en materia penal, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y respetar plenamente sus derechos ciudadanos, tanto a una asistencia consular correcta, como al debido proceso y a ser considerado como parte del Servicio Civil de Carrera.
Esta iniciativa “busca reforzar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para dotarlas de disposiciones y mecanismos legales más eficientes, que permitan e impulsen mejores acciones para el respeto y ejercicio de los derechos laborales de este sector vulnerable de la sociedad y contribuir a la generación de una cultura de respeto y aceptación de estas personas como iguales, sin ninguna distinción, así como para garantizar los derechos de participación en la vida política del país y priorizar el principio de interés superior de la niñez”, dice el Presidente de la República.
Enrique Peña Nieto propone así al Congreso de la Unión modificar el Código Penal Federal para ordenar que “a quien abandone a una niña o niño, persona enferma o persona con discapacidad, incapaces de cuidarse por sí mismos, se les aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido”.
También para establecer que “al que encuentre abandonado en cualquier sitio a una niña o niño, persona herida o persona con discapacidad, incapaces de cuidarse por sí mismos o amenazadas de un peligro cualquiera, se le impondrán de diez a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si no diere aviso inmediato a la autoridad u omitiera presentarles el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal”.
Para que su derecho al debido proceso quede a salvo, el Presidente de la República propone modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para estipular que “si se trata de una persona con discapacidad, tiene derecho a que se le facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información solicitada o, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella.
“En los actos de comunicación, los órganos jurisdiccionales deberán tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada de las decisiones judiciales que deba conocer y de que comprende su alcance. Para ello deberá utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tan comprensión exista”.