El nuevo Duarte
Hace seis años, unos días después del triunfo del PRD en Morelos y a unas semanas de que el ganador de la contienda electoral tomara protesta como gobernador, El Universal publicó un artículo donde advertía que la futura pareja gobernante, Graco Ramírez Garrido Abreu y Elena Cepeda de León, iban a causar un gran daño al estado. “Son depredadores”, relataba el articulista, “los he tratado desde hace años y conozco su historia, sus ambiciones y su forma de actuar; se van a robar todo”. La esperanza que despertó el perredista entre el electorado fue alta, pero la confianza se vino abajo muy rápido. Seis años después el vaticinio de El Universal se hizo realidad: Graco y Elena saquearon el gobierno, lastimaron a la gente y hundieron al estado.
Lo que ha ocurrido en Morelos en los últimos años no puede quedar en el olvido, pues representaría de las nuevas autoridades un acto de complicidad y consecuentemente, de corrupción. El daño que causó esta administración a Morelos es enorme y no es sólo en materia económica, la lesión que provocó la familia gobernante a nuestra tierra implica desvío de recursos públicos, malos manejos financieros, actos de corrupción y tráfico de influencias, pero también un severo deterioro social derivado de la forma como se ejerció el poder y la complicidad de las autoridades con los grupos criminales.
Graco Ramírez es parte de la generación de gobernadores que junto con sus parejas saquearon al país en los últimos seis años; el tabasqueño y su esposa son la versión Tlahuica del matrimonio que hundió a Veracruz, que provocó una severa crisis económica en aquella entidad y llevó al puerto a uno de los peores momentos de su historia en materia de seguridad. Javier Duarte y Karime Macías robaron dinero público, hicieron negocios con los contratos de gobierno y también hurtaron recursos destinados a la atención de niños con cáncer.
Las similitudes entre la pareja que gobernó Veracruz y la que administra Morelos son absolutas tanto en su estilo personal de actuar y sus gustos por los viajes, las joyas, el arte, los inmuebles, hasta la forma de vestir, hablar y gobernar; en nuestro estado tenemos un clon del matrimonio Duarte compró medicamento falso (agua) para atender a niños con cáncer; aquí mezclaron agua con almidón y la pagaron como si se tratara de un suero contra la picadura de alacrán. Peor: en Morelos vivimos una tragedia como nunca antes cuando la tierra tembló el 19 de septiembre y lo primero que hizo la primera dama y su marido fue intentar robarse la ayuda humanitaria que ciudadanos, empresas particulares y gobiernos enviaron para la gente en desgracia.
Lo que hizo Graco Ramírez a Morelos es similar a lo que otros gobernadores hicieron en sus estados; el perredista forma parte de esa camada de políticos, muchos de ellos hoy bajo proceso judicial o encarcelados por sus actos como ejecutivos y las relaciones criminales y de negocio que hicieron al amparo del poder. El destino del todavía gobernador de Morelos y de su esposa no puede ser distinto al que enfrenta Guillermo Padrés, Javier Duarte, Roberto Borge o Tomás Yarringtón, sólo por mencionar algunos.
La ambición de la pareja gubernamental es enorme y nunca tuvo límites; de principio a fin tomaron el control de las instituciones, colocaron en los puestos clave, principalmente en las áreas de administración, a sus amigos e incondicionales y tejieron una red de corrupción que les permitió manejar y dirigir todas las obras. El problema no fue sólo que la familia Ramírez-Cepeda hizo del gobierno un negocio personal, lo más grave es que en su ambición desmedida permitieron que sus cómplices actuaran con la misma arbitrariedad y no sólo realizaran obras a sobreprecio, también la hicieron de mala calidad en perjuicio de los usuarios.
Los negocios del sexenio estuvieron en todos lados: en la obra pública y en los contratos de las dependencias, empezando por los de medicina, en la adquisición de insumos en los tres poderes del estado, en los municipios y hasta en el área de seguridad, pasando por la contratación de artistas y los escenarios para que se llevaran a cabo. Después de la primera mitad del sexenio el negocio se amplió y junto con los diputados actuales, el saqueo rompió límites e incluyó la modificación de leyes para poder vender propiedades del estado, crear fideicomisos a futuro y hasta jubilar a familiares y amigos.
Por toda esta situación es imposible que se pueda hablar de borrón y cuenta nueva; resultaría inconcebible que el nuevo gobierno que encabezará Cuauhtémoc Blanco o la legislatura de Morena decida que lo pasado puede ser olvidado. El voto de los ciudadanos el pasado 01 de julio fue por un cambio, para que no se repitieran este tipo de acciones, pero principalmente para que se castigaran a los culpables.
Cuauhtémoc Blanco sólo hizo una promesa de campaña y si no la cumple, no habrá manera de que su administración sea exitosa; el futbolista ya no tiene el cobijo de un partido nacional y su distanciamiento con Morena es notorio, por ello es primordial que demuestre de inmediato que no será una administración omisa o cómplice con quienes dañaron al estado.
Perseguir a este tipo de delincuentes no será sencillo, el gobernador saliente y su familia se han encargado de comprar conciencias, ha establecido diálogo con algunos diputados electos (como Pepe Casas) y armaron una red de protección legal y económica para que no los procesen.
El reto de la coalición que ganó las elecciones pasadas en Morelos es ponerse de acuerdo para actuar en conjunto y entender que para llegar hasta Graco Ramírez lo primero que deberán hacer es actuar contra quienes fueron el eslabón operativo de los negocios, como Andrik Ruíz de Chávez.
Procesar a Graco Ramírez no será sencillo, igual que Javier Duarte es un político que anticipó su futuro, pero igual que el gordo veracruzano, el gordo tabasqueño ha perdido fuerza e interlocución nacional, pero sobre todo se ha convertido en el político más odiado de los morelenses y uno de los más desprestigiados de México.
Actuar contra Graco Ramírez y su familia no sólo es un acto de justicia, es también la mejor estrategia política para iniciar un sexenio.
- posdata
La semana pasada el secretario de Hacienda de Morelos informó que la deuda que heredaría el gobierno de Graco Ramírez a la administración de Cuauhtémoc Blanco era de 5 mil millones de pesos. La transparencia y el buen manejo de los recursos, presumió el funcionario, eran el sello de esta administración.
Hoy se sabe que los pasivos que dejará el gobierno perredista al representante de la coalición superan los 12 mil millones de pesos; redondeando: 8 mil en deudas a largo plazo (que comprometen las finanzas de las próximas 4 administraciones) +2 mil en pasivos que deben ser cubiertos en los años 2017 y 2018 y deudas a proveedores por +2 mil millones de pesos. La orden que dio hace unos días Graco Ramírez a su equipo fue contundente: ya no se pagará nada más a nadie, ni contratos futuros, ni tampoco adeudos contraídos antes del 01 de julio. “Que se las arreglen con el jorobado”
Desde hace años los ojos de autoridades federales y de la opinión pública están puestas sobre la tierra de Zapata, la Secretaría de Hacienda ha expuesto varias veces que Morelos es uno de los estados que más se ha endeudado en el último sexenio y en el cual, proporcionalmente, se contrató la deuda más alta del país. De la misma manera el gobierno federal a través de la Auditoría Superior de la Federación ha señalado al gobierno de Graco Ramírez como uno de los menos transparentes y con menor crecimiento económico de México.
A unas semanas de que concluya la administración perredista de Morelos las cosas se le han ido de control al gobernador; la suspensión total de pagos tiene que ver con la severísima crisis económica que vive el gobierno estatal desde hace varios meses, relacionada de manera directa con la canalización de recursos públicos a la campaña del candidato del PRD. Graco Ramírez apostó todo al triunfo electoral de su hijo y no le importó comprometer la marcha del estado; era ganar o morir. Perdió.
El deterioro de las finanzas estatales es visible desde cualquier ángulo, los créditos contratados por la administración actual no tienen antecedente en la historia morelense, pero sobre todo carecen de sustento; es decir: todos sabemos que Graco endeudó a Morelos por 12 mil millones de pesos y comprometió las participaciones de las siguientes 4 administraciones, lo que nadie sabe es en dónde quedó el dinero contratado, pues las obras y acciones realizadas por el perredista no corresponden al dinero que solicitó.
El mal manejo de los recursos públicos del gobernador perredista no fue un acto solitario, para que los planes de enriquecimiento del tabasqueño se pudieran hacer realidad era necesario tener como cómplices a los diputados, quienes le autorizaron la contratación de los empréstitos y luego le generaron la plataforma legal de protección para que el siguiente gobierno no le pudiera hacer nada. La complicidad entre el jefe del ejecutivo y los diputados es absoluta, desde hace dos años la cámara de diputados es manejada por el hijo del gobernador y hace unos días el gobierno estatal transfirió a la cuenta del legislativo más de 10 millones de pesos que servirán para pagar a los diputados su voto en la última sesión de madrugada.
El manejo del dinero en Morelos no ha sido tan claro ni tan transparente como lo presume Jorge Michel; la única claridad y la transparencia está en la forma como este gobierno ha saqueado al estado.
- nota
Movimiento Ciudadano fue hace unos años el partido que representó la puerta de entrada a muchas personas que querían participar de la vida pública, pero no querían caminar por los partidos de siempre; primero como Convergencia y luego como MC, el partido naranja tuvo buenos momentos que le permitieron tener representación en el congreso, presencia en algunos municipios y respeto de los ciudadanos.
El problema de ese partido es que se mercantilizó, que se volvió instrumento para hacer dinero y en los últimos años se volvió el papel sanitario del gobierno de Graco Ramírez. En la elección del 2015 el partido naranja obtuvo poco más del 8 por ciento de los votos, ganó varios municipios y logró meter un diputado al congreso; en el 2018 su votación fue menor a la mitad.
No es difícil entender el porqué del hundimiento de Movimiento Ciudadano: en el congreso fueron copartícipes de todas las tropelías cometidas por Graco Ramírez, en la calle el partido desapareció, cerró todos los comités municipales, dejo fuera a la mayoría de los ciudadanos que le daban fuerza y utilizaron los 600 mil pesos mensuales que reciben de prerrogativas para abultar las cuentas de su dirigente Jessica Ortega, quien por cierto, presume ser maestra en Derecho Constitucional cuando su cédula de licenciada ni siquiera aparece registrada en la base de datos de la Secretaría de Educación Pública.
Movimiento Ciudadano como otros tantos partidos emergentes está destinado a desaparecer si no hace un cambio profundo en sus formas y acciones. No hay manera de que su futuro sea mejor si su actuación sigue siendo la misma, si sus decisiones son producto de la prostitución política y la dirigencia sigue estando en manos de los mismos.
Si todo sigue igual en ese partido, lo mejor sería que desapareciera.
- post it
La orden fue contundente, la dio el gobernador y la aplica el secretario de hacienda. Ya no se pagará nada, ni lo comprometido a futuro, ni lo pactado en el pasado. Que “el jorobado se encargue”, dijo, al referirse a los 2 mil millones de pesos de adeudos a proveedores que dejará la nueva visión.
No es que ya no tengan recursos, no es tampoco que se actúe con responsabilidad o por berrinche; la orden de no pagar más tiene un porqué: complicarle el arranque al próximo gobernador.
- redes sociales
Las jubilaciones doradas generaron molestia y dicen, serán revisadas por la siguiente legislatura. Si se añade el enojo social que provocan las últimas decisiones del ejecutivo, lo que viene es previsible.
- es viernes
Y a pesar de todo;: hoy toca.
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