No ha pasado un mes desde su triunfo arrollador en las elecciones federales.

Aún está muy lejos su toma de protesta.

Y sin embargo, Andrés Manuel López Obrador parece haber entrado ya en una ruta de desgaste y de pérdida prematura de capital político.

En cuestión de días estalló el escándalo por el dinero, de origen y destino desconocido, que manejó ilegalmente el fideicomiso “Por los demás”.

Vino también el pleito contra el INE, que multó a Morena por haber creado un mecanismo de financiamiento prohibido, y al que el próximo presidente de México acusa de perpetrar una “vil venganza” en su contra.

Vino también la amenaza velada contra los medios “fifíes” que revelaron las claves de la creación de aquel mecanismo de financiamiento paralelo.

Y llegó, asimismo, la “cuestionable misiva” que López Obrador dirigió al mandatario estadounidense Donald Trump, y que hizo incluso que un medio que siempre le ha sido afín, La Jornada, le reprochara duramente, entre otras cosas, el haber enterado a un presidente extranjero de sus planes de política interna, y peor aún: por ponerse a buscar “similitudes y semejanzas” entre él y un personaje que lleva años agrediendo a México “tanto de obra como de palabra”.

“Ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar al establishment o régimen predominante”, escribió AMLO.

Mientras todo esto sucedía, otra bola de nieve, soltada por el propio ganador de las elecciones, comenzó a correr en la burocracia federal. Esa bola de nieve, la agresión a los burócratas, amenaza con llevar al próximo gobierno hacia un laberinto de juicios de amparo masivos, y de demandas laborales.

Hoy, a escasas semanas del triunfo lopezobradorista, la zozobra y la incertidumbre son palpables en las dependencias, que se ha anunciado, tendrán que dejar la capital del país. Cientos de miles de trabajadores sindicalizados y de confianza miran cómo sus vidas se hallan al borde de un abismo.

En noviembre pasado —Día de Muertos—, López Obrador se fue a descansar a Tabasco. “Siempre estoy pensando en lo que vamos a realizar para sacar a México —declaró luego en un video—. En mis reflexiones de ahora pienso que es acertado la descentralización del gobierno federal (sic), para que haya crecimiento parejo”.

En menos de ocho minutos de grabación, AMLO repartió a lo largo del país dependencias y secretarías. En un durísimo artículo publicado hace días, Jesús Silva-Herzog se preguntó si hubo acaso algún estudio que sirviera de base a aquella determinación.

“¿Para qué perder el tiempo en nimiedades prospectivas… si ésta es, en realidad, una iluminación?”. Escribe Silva-Herzog:

“El Presidente decide a dónde enviar las oficinas públicas como si fueran piezas de su ajedrez (…) López Obrador se acerca a la administración pública como un hacendado se relaciona con sus peones. Puede tronar los dedos y reducirles el salario. Puede deshacerse de ellos si le da la gana. Puede cambiarles el horario de trabajo de un día para otro sin que importe mucho lo que dice la ley. Moviendo un dedo ordenará a sus criados que empaquen sus cosas y se trasladen a la otra punta del país”.

Para el presidente de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo y coordinador de la Comisión de Derecho del Trabajo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, el licenciado Gilberto Chávez Orozco, los planes de AMLO no son tan fáciles de cumplir.

Se estrellarán con el marco jurídico y de derechos humanos que protege a los trabajadores al servicio del Estado, en cuyos nombramientos se asienta, por ejemplo, el lugar exacto en el que habrán de desempeñar su trabajo.

De acuerdo con Chávez Orozco, en términos legales López Obrador no puede ordenar la mudanza con solo chasquear los dedos. Tendrá que establecer negociaciones y convenios, liquidar a los afectados, pagar gastos de traslado y de vivienda, ofrecer beneficios como becas para los hijos y como créditos para vivienda.

Tendrá que desembolsar además unos 147 mmdp en bienes inmuebles y muebles.

Y tendrá, sobre todo, que ganar los juicios legales y de amparo a que, llegado el caso, pueden llevarlo 1.2 millones de trabajadores.

En caso de llevarse a cabo, la reflexión de aquella mañana en Tabasco, cree el también director general del Instituto de Posgrado del Derecho, traerá al gobierno de AMLO impredecibles costos. Algunos de ellos, políticos.