Una reunión de cuatro de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el diputado electo de Morena Porfirio Muñoz Ledo, desató el enfrentamiento entre los árbitros finales de la contienda electoral.

Los tres magistrados que no fueron invitados son a los que se considera más alejados de las posturas de ese partido: Felipe Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez y Mónica Aralí Soto Fregoso.

Se enteraron del encuentro por la cuenta de Twitter de Muñoz Ledo cuando informó que estaba en reunión con la presidenta del TEPJF, Janine Otálora, para “hacer una evaluación y reflexionar sobre la pasada elección federal”.

Entre los temas pendientes en el tribunal están la declaratoria de validez de la elección presidencial, las impugnaciones a la elección en Puebla y las del Partido Encuentro Social (PES), que perdió el registro al no obtener el 3 por ciento de la votación y maniobra en busca de recuperarlo.

Son precisamente los recursos del PES los que detienen la declaratoria de presidente electo de Andrés Manuel López Obrador.

Después de escuchar el informe de los asistentes a la reunión con Muñoz Ledo, entre los magistrados no convocados se habló de una operación de Morena para rescatar al PES, el partido confesional que junto con Morena y el PT formó la coalición Juntos Haremos Historia.

La ruta es polémica. El PES pide que el tribunal “reinterprete el concepto de votación válida emitida” y elimine los casi 3 millones de votos del candidato independiente Jaime Rodríguez El Bronco para que suba su porcentaje.

A las cifras finales de los comicios se restan los votos nulos y los emitidos por candidatos no registrados. Si se eliminan también los de El Bronco de esa ecuación, el PES subiría de 2.7 a 2.9%. De un jalón quedaría a 30 mil votos de recuperar el registro, en lugar de los más de 110 mil que le hacen falta ahora.

No está claro bajo qué sustento, más allá de su conveniencia política, se haría la maniobra.

La solicitud la hizo el PES al INE, el 5 de julio, en forma de consulta para que, al obtener respuesta negativa —como ocurrió— pudiera impugnarla ante el tribunal, con cuyos miembros ya cabildeaba. La impugnacion entró el sábado pasado, tres días después de la reunión con Muñoz Ledo.

Aun si lograran esa forzada reinterpretación de la ley, al PES le faltarían 31 mil 285 votos para salvarse. Y seguir recibiendo financiamiento público.

La solución es lograr que se anule el mayor número de casillas posible de las 15 mil 324 que impugnó. No es broma: el PES, en acuerdo con Morena y su líder, impugnó la elección presidencial que ganó su candidato. El argumento es que hubo un mal conteo de los votos en favor de López Obrador porque hay decenas de casillas en las que el PES aparece con cero votos por lo que pudo ser que los ciudadanos tacharon su logotipo junto con el de Morena o el PT y esos votos no se dividieron entre los partidos.

El líder del PES, Hugo Erik Flores, ha acudido en varias ocasiones a reunirse con López Obrador.

Según la versión del equipo de Muñoz Ledo, tras la reunión la presidenta del tribunal “se comprometió a hacer todo lo posible para adelantar el fallo y hacer la declaratoria de presidente electo lo antes posible”.

Para no esperar hasta el límite legal del 6 de septiembre, las impugnaciones del PES tendrán que resolverse con celeridad.

SACIAMORBOS. El nuevo gobierno se dispone a hacer lo que tanto condenó: fabricar desde el poder mayorías a modo en un ente autónomo para que “reinterprete” la ley y salve el dinero de su partido aliado. Y el suyo también: son los mismos magistrados que decidirán si se sostiene la multa de 197 millones de pesos a Morena por el fideicomiso para los damnificados. Veremos si lo logra.
 

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