La deuda de Graco
La deuda que recibirá Cuauhtémoc Blanco de Graco Ramírez no tiene precedente en la historia de Morelos. Son más de 12 mil millones de pesos que comprometen las participaciones federales de las próximas cuatro administraciones estatales y que representan el mayor endeudamiento porcentual de todos los estados del país. El daño que ha causado el gobierno perredista a la entidad es enorme y las consecuencias de ello se sentirán por las próximas tres décadas. Por eso la gente exige justicia. La cárcel no basta, queremos que regresen el dinero que se llevaron.
Los pasivos que dejará el gobierno de Nueva Visión a los morelenses se tratan de ocultar de diferentes maneras, el discurso los matiza y las cifras oficiales están por debajo de la realidad. Hace un par de semanas el poder ejecutivo informó que la deuda contraída por la actual administración era de alrededor de 5 mil millones de pesos, con un manejo financiero transparente, eficiente y con múltiples reconocimientos nacionales por su efectividad.
Pero en privado, entre los equipos de transición, la información es otra, ahí el monto de lo adeudado supera los 12 mil millones de pesos, divididos en 8 mil millones en créditos contratados a largo plazo, más de 2 mil millones de pesos en deudas pagaderas entre los años 2017 y 2018 y pasivos con proveedores por más de 2 mil millones de pesos. El monto que hasta ahora se ha informado de manera oficial al equipo de transición de Cuauhtémoc Blanco Bravo casi alcanza los 13 mil millones de pesos.
Para dimensionar lo que implica la deuda que hereda Graco Ramírez a Morelos habría que tomar como referencia lo que él recibió de la administración de Marco Adame Castillo. Al tomar el control del ejecutivo estatal el perredista recibió pasivos por mil 200 millones de pesos de un crédito aprobado por mil 500, pero de los cuales no se utilizo todo. Adame recibió la autorización del congreso local para adquirir un crédito de hasta 1,500 millones de pesos, pero sólo utilizó 1,200. Los 300 restantes los utilizó de manera inmediata Graco Ramírez al iniciar su gobierno.
Seis años más tarde la deuda creció exponencialmente, con Graco Ramírez el Estado de Morelos se endeudó más de 10 veces respecto a lo que recibió al inicio de la administración: de 1,200 millones de pesos en 2012, hoy la deuda estatal supera los 12 mil millones de pesos. La pregunta clave en esta historia es una ¿Dónde está el dinero?
Si hablamos sólo del impacto financiero que causó la administración perredista a la entidad, lo que vemos es un acto de depredación con consecuencias muy graves para todos los ciudadanos. Fueron muchos los créditos que contrató Graco Ramírez, pero es mucho mayor la duda ciudadana respecto al destino que se le dio el gobernador y su familia a ese dinero. Explico:
En seis años de gestión y con estos créditos Graco Ramírez construyó un estadio de fútbol en Zacatepec (Agustín “Coruco” Díaz), el Museo Juan Soriano, remodeló el Centro Histórico de Cuernavaca y cambió el piso de la Plaza de Armas, remozó las calles Ricardo Linares, Guerrero y el Puente Porfirio Díaz, hizo un mini parque en la colonia Patios de la Estación... ¿Y luego?
Estas son las obras que la mayoría de la gente recuerda y las que representarían una mayor inversión económica; el Auditorio Teopanzolco es una obra que se edificó con recursos federales, lo mismo que el Paso Exprés; lo mismo ocurre con la mayoría de las obras que se hicieron en los municipios, incluyendo la capital.
Pero la historia no se circunscribe a un endeudamiento, también incluye en la trama una serie de elementos que provocan malestar social y enfado colectivo. Las deudas que contrajo el gobierno de Graco Ramírez fueron con cargo a todos los morelenses y comprometieron las finanzas estatales por los siguientes 30 años, pero es vox populi que en el manejo de ese dinero participó de manera directa la familia del gobernador, su esposa y sus hijos; eran ellos quienes decidían las obras (el museo Juan Soriano fue una ocurrencia de Elena cepeda), fueron ellos quienes acordaban quienes recibían los contratos y ellos también los que a través de su gente (incrustada en todas las oficinas de administración de las dependencias) orientaron los recursos y se llevaron jugosas comisiones.
Precisamente por eso, por el tamaño de la deuda, por la poca obra que se hizo y por el cinismo como se actuó a lo largo de seis años, los morelenses exigen que el nuevo gobierno actúe contra los saqueadores, encarcele a los culpables de la depredación y los haga devolver el dinero que se robaron. El daño causado por Graco Ramírez y su familia a Morelos es mucho y no se solventará sólo con encarcelar al gobernador y a los suyos.
La presión social y política es mucha de ambos lados: Contra Graco Ramírez y su familia porque a ellos se les culpa del quebranto estatal y las consecuencias que ello trae aparejado; pero también contra Cuauhtémoc Blanco, porque la gente quiere castigo, demanda al futbolista que cumpla su promesa y no se conformará con excusas.
Una cosa lleva a la otra: la presión social se ha convertido en un arma política de dos filos que tiene muy preocupado al tabasqueño, porque varios integrantes de su círculo más cercano, algunos incluso aún funcionarios de primer nivel en su gobierno, ya han dado un paso a un lado, buscaron acercamiento con el equipo del gobernador electo y ofrecen información que puede servir a Cuauhtémoc Blanco a actuar contra el gobierno saliente.
El planteamiento que hacen es simple: información concreta de cómo se operaron los negocios y cómo se otorgaban los contratos, datos precisos de las personas que prestaron el nombre y las cuentas utilizadas para blanquear el dinero... y elementos tangibles para que el brazo de la ley alcance a Rodrigo Gayosso, a quien acusan de ser el principal operador de los negocios. Y añaden: si llegan a Gayosso, tienen a la mano a Elena y a Graco.
La presión que recibe hoy el gobernador Graco Ramírez es enorme: el tabasqueño vive las últimas semanas de su administración, perdió la elección, perdió su capital político y perdió a sus aliados nacionales, está enfrentado con el Presidente electo de México y su sucesor ha prometido encarcelarlo. Como si eso no fuera suficiente la presión ya dobló a varios funcionarios y ex funcionarios del primer círculo de gobierno, mismos que buscan amnistía a cambio de entregar información de los excesos que se cometieron durante el sexenio.
El daño que causó Graco Ramírez y su familia a Morelos es enorme y no puede quedar sin consecuencias.
- posdata
Lo ocurrido en Tetela del Volcán retrata la realidad que vivimos hoy en Morelos. La gente está cansada de la inseguridad y harta de que el gobierno sólo tenga excusas para justificar el baño de sangre.
Lo primero fue formar grupos de autodefensas en 9 municipios; ayer las cosas se fueron de control cuando los pobladores de aquella comunidad detuvieron a un presunto delincuente, un extorsionador de origen colombiano que, según ellos, cobraba piso a los negocios de la región.
Fueron los pobladores quienes lo detuvieron y llevaron a la comisaría y también los pobladores quienes lo sacaron de ahí, lo amarraron al asta bandera de la explanada principal y lo golpearon hasta quitarle la vida. Sobre su cuerpo sin vida colocaron una cartulina culpando al gobierno de Graco Ramírez por este tipo de acciones.
No hay manera de justificar un hecho así, aunque al verlo podemos entender el nivel de desesperación de la gente.
Desde hace varios años la ciudadanía de los altos denunciaba que eran víctimas de extorsionadores, acusaban a las autoridades de estar involucradas y a la Comisión Estatal de Seguridad de proteger a los pillos; el gobernador veía los reclamos a lo lejos y volteaba la vista hacia otro lado. Ayer la paciencia se acabó y la sangre llegó al río.
Insisto: no se puede justificar un acto así, no es correcto que la justicia se tome en mano propia, ni mucho menos que se le quite la vida a una persona. Lo que hay que entender es que esto refleja el tamaño del enojo que hay en la gente contra el gobierno y su titular.
De esto, como muchas otras cosas más, el culpable es Graco Ramírez.
- nota
Más de uno se han acercado, entre ellos, dicen, el bigotón que compitió (y perdió) en el 2015, el encargado del agua y la de obras. Los mensajes, cuentan, son concretos: información a cambio de inmunidad. Ellos saben el tamaño del quebranto y conocen la ruta del dinero, tuvieron acceso a mucha información y fueron testigos desde dentro de cómo se movían las cosas.
Ofrecen datos, cifras, nombres y números de cuenta, también documentos, esquemas de operación y forma de actuar. Saben quienes ordenaban los contratos, a quienes se entregaban las obras y de manera se regresaba el dinero. “Hay capturas de pantallas de los chats, mensajes de voz y algunos documentos escritos de mano propia de Rodrigo”.
Su preocupación, comentan, es evidente, saben que forman parte del grupo que operó las cosas y que tienen responsabilidad legal y financiera, por eso ofrecen datos, porque buscan inmunidad... una especie de testigos protegidos.
El mensaje que envían es muy claro: “Tenemos los nombres de los operadores de Rodrigo Gayosso y los elementos que comprueban que él manejaba todos los recursos; si agarran a Rodrigo, pueden llegar de inmediato a Graco y a Elena”
En el equipo del tabasqueño saben lo que está pasando, están enterados de que más de uno ha comenzado a hablar y entienden que eso puede desencadenar su tragedia, porque otros harían lo mismo. Peor: sus aliados (todos) han empezado a tomar distancia y hasta sus relaciones institucionales como gobierno se han roto.
Traiciones, dicen ellos. Justicia, afirman otros.
- post it
Puede ser legal, pero para muchos no suena justo. Los hechos ocurrieron el fin de semana pasado, la noche del sábado para ser exactos, cuando dos personas llegaron a asaltar una tienda de conveniencia ubicada a un costado de la gasolinera de Tabachines y uno de los empleados frustró el asalto. En el forcejeo, relatan medios de comunicación, uno de los ladrones perdió la vida.
La historia no es nueva, de hecho es demasiado común en una entidad como la nuestra donde todos los días hay asaltos en negocios, empresas, bancos, transporte público y casas habitación. Lo que vino posteriormente fue lo que movió a muchos, lo que provocó indignación y enfadó a muchas personas.
Así relata la historia Excelsior:
“Va a prisión joven que frustró robo, lo acusan de homicidio calificado
Una juez oral declaró legal la detención del joven de 24 años José Manuel “N”, quien el pasado sábado 28 de julio frustró un robo en el minisuper en el que trabaja y privó de la vida a un presunto ladrón.
La tarde de este lunes José Manuel fue enviado a prisión preventiva, mientras que un cómplice del presunto ladrón fue puesto en libertad.
Manuel Vences López, padre de José Manuel, lamentó la decisión de la juez y pidió la libertada de su hijo.
No es un delincuente, los delincuentes quedan libres, se acaba de ver, el defendió tanto su integridad física como la de la empresa en la que trabaja”, afirmó.
La juez de control de Nancy Aguilar emitió su falló y citó hasta el próximo miércoles a las 10:30 horas para celebrar la audiencia de vinculación a proceso, pero además el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal presentó su acusación por homicidio calificado contra José Manuel.
Yolanda Vences López, tía de José Manuel, también pidió que su sobrino quede en libertad.
“Entonces ahorita van a soltar al ratero y el otro ratero ya falleció, y este muchacho lo quieren dejar, pedimos libertad, el muchacho no fuma, no toma, no es vago, no anda en la calle, no nada, entonces pueden investigar con todos los vecinos, no tuviera este muchacho el apoyo que tiene ustedes lo están viendo”.
- redes sociales
Nada sencillo pinta el panorama para la próxima administración de Cuernavaca; aunque financieramente las arcas del municipio están mucho más sanas que hace 3 años, el contexto social y político que enmarca la llegada de Villalobos es sumamente compleja.
Inteligencia, capacidad y mucha prudencia necesita el próximo presidente municipal de la capital.
¡Y muchos aliados!
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