Delincuencia Política Organizada
La tragedia que se vive en Morelos no es producto de una sola persona, lo mismo que la inseguridad y la violencia no son causadas por un solo delincuente. Para que el estado llegase a las múltiples crisis que hoy le agobian se requirió de la participación de muchos. Son la delincuencia política organizada que saqueó e hizo sangrar a la tierra de Zapata.
Graco Ramírez es responsable y culpable de la crisis económica del estado, del deterioro de la calidad de vida de los morelenses, del enfrentamiento social, del incremento de la violencia, de la inseguridad y de la corrupción y del endeudamiento multimillonario. El tabasqueño también es responsable y culpable del caos de fin de sexenio y la convulsión que ha surgido a unas semanas de que concluya su mandato. Pero el perredista no lo hizo solo, su esposa Elena, sus hijos Rodrigo y José Domingo y los diputados son corresponsables de la herencia que dejará este régimen al próximo gobierno. La justicia los debe alcanzar a todos.
Para nadie es secreto que en los últimos años el gobierno de Morelos se ha ejercido en familia. Marco Adame gobernó de la mano de su esposa Mayela Alemán y sus hijos Armando y Juan Pablo; la familia panista emuló al matrimonio Fox-Sahagún y la primera dama Tlahuica actuó como una Martita de rancho: utilizó el poder de su marido, compartió el gobierno con los hijos y juntos, todos, hicieron del gobierno un negocio al cual invitaron hasta a los grupos delictivos, empezando por el cártel de los Beltrán Leyva.
Entonces llegaron Graco y Elena y las cosas en lugar de mejorar, empeoraron; el régimen democrático se transformó en una monarquía y los nuevos inquilinos de palacio clonaron las actitudes, las prácticas y los vicios de una pareja veracruzana. Graco Ramírez y Elena Cepeda hicieron lo mismo que Javier Duarte y Karime Macías, con la diferencia que en Morelos se incluyó en el contubernio a sus hijos Rodrigo y José Domingo.
Pero el problema de corrupción no está sólo en el gobierno estatal y en la familia del gobernador saliente; el daño social y patrimonial causado al estado es muy grande y los responsables del caos son muchos más que los inquilinos de la residencia oficial. Los integrantes de la legislatura local son pieza clave del desastre, gran parte del daño causado a la entidad está directamente relacionado con lo aprobado desde el congreso de Morelos. Ahí los nombres saltan de inmediato: Hortencia Figueroa, Julio Yáñez, Francisco Moreno, Jaime Álvarez, Francisco Santillán, Carlos Alaniz, Alberto Martínez, Mario Chávez, Silvia Irra, Alberto Mojica, Norma Popoca, Beatriz Alatriste, Edwin Brito, Javier Estrada, Eder Rodríguez, Enrique Laffitte...
Lo ocurrido en la cámara de diputados merece un análisis aparte, pero ligado directamente a la catástrofe que hoy vive la entidad. Fueron ellos, los diputados, quienes autorizaron el endeudamiento multimillonario a Morelos, también fueron ellos los que cambiaron la ley para conceder al ejecutivo la facultad de vender los bienes del estado sin tener que consultar a nadie, fueron ellos los que cancelaron o mutilaron las leyes de participación ciudadana y transparencia para evitar que el gobierno tuviese un contrapeso social, fueron ellos los que entregaron al mandatario todos los instrumentos para hacer de la seguridad pública y de la reconstrucción un negocio personal y fueron ellos también los que a petición de parte construyeron un andamiaje legal para proteger a Graco Ramírez y a los suyos de cualquier acto jurídico en contra, luego de que perdieran el poder.
Lo hecho por el congreso morelense es igual de grave que lo que se hizo desde el poder ejecutivo. Los diputados locales, principalmente aquellos que tuvieron el control institucional o de facto en la cámara (Hortencia, Figueroa, Julio Yáñez, Paco Moreno, Beatriz Alatriste...) amerita una revisión profunda y acciones legales como consecuencia. Mucho de lo que paso en Morelos tuvo como base lo aprobado en el congreso y estos diputados fueron (son) las piezas con las que Graco Ramírez y Rodrigo Gayosso operaron en la cámara.
Los abusos cometidos por los integrantes de la 53 legislatura de Morelos son tremendos y de todo tipo: cambiaron la constitución a modo del gobierno, ajustaron leyes para beneficiarse de ellas, autorizaron créditos para endeudar al estado y hasta violaron el marco legal para poder jubilar a familiares y amigos. Eso sin mencionar que a lo largo de 3 años consumieron alrededor de mil 500 millones de pesos de presupuesto, quebraron a la institución y utilizaron cientos de millones de pesos del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.
No puede haber agenda social y política en el estado si primero no se revisa y juzga lo que pasó en los últimos seis años. Graco Ramírez y su familia están en la mira de Andrés Manuel López Obrador, quien podría utilizar a Morelos y a Veracruz para demostrar que su gobierno será implacable contra la corrupción. Pero en esa misma lógica tienen que estar los diputados, pues fue gracias a ellos que el ejecutivo pudo hacer y deshacer todo a su antojo.
En menos de un mes inicia la nueva legislatura y el reto que tienen enfrente es enorme; no importa que Morena sea mayoría y que con sus votos puedan hacer lo que quieran en el parlamento estatal; precisamente por eso, porque la gente tiene claro que el Movimiento de Regeneración Nacional no tiene impedimento para actuar es que la presión social reclamará acciones inmediatas y contundentes contra quienes abusaron de las instituciones.
Revisar lo que hizo la Legislatura 53 es tan importante como lo que se exige sobre el ejecutivo; si los próximos diputados quieren cambiar la imagen del congreso y recobrar la confianza de los ciudadanos, es fundamental que revisen, denuncien y sobre todo que actúen contra aquellos que robaron y permitieron el saqueo del estado. Hortencia Figueroa, Francisco Moreno y Beatriz Alatriste deben ser los primeros.
El discurso de López Obrador es de conciliación, pero también de combate a la corrupción; el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y el próximo poder legislativo deben seguir esas líneas: tienen que conciliar al estado, recobrar la confianza de los sectores y sumar a todos a la reconstrucción de la entidad. Pero para que eso suceda es imprescindible que se actúe contra los corruptos, que se castigue a los pillos y se ponga un alto a la impunidad.
La conciliación es indispensable para que Morelos salga adelante, pero la conciliación no puede ni debe ser con los ladrones.
La mejor manera de reconciliar al estado es haciendo justicia a la gente.
- posdata
La inseguridad que se ha desatado en el estado al final del sexenio es terrible y ha generado preocupación en todos lados. La hipótesis de que se trata de un escenario provocado está latente en muchos, incluyendo en el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco, quien la semana pasada acudió a una reunión con Andrés Manuel López Obrador para externarle que la crisis que se vive en la entidad es causada por el gobierno saliente.
Pero más allá de las causas, motivos o actores que pudieran estar detrás de esta tragedia, el hecho ineludible es que se viven momentos de tensión en el estado, producto del incremento exponencial de la violencia, el repunte de la inseguridad y la molestia social.
En nueve municipios de Morelos se han formado grupos de autodefensa, en Tetela del Volcán fue sacrificado un hombre a quienes los pobladores acusaron de formar parte de una banda de extorsionadores y en Cuernavaca tres personas en dos días distintos de la semana pasada estuvieron a punto de ser linchados por cometer robos en casas habitación y transporte público.
Todo esto ocurre al final del sexenio y según el comisionado de seguridad Alberto Capella es a causa de dos factores: 1- El discurso de Cuauhtémoc Blanco dando por cancelada la estrategia de Mando Único y 2- El cambio de poderes en la entidad y en el país.
Como si lo anterior no fuera suficiente, la misma semana pasada aparecieron en tres momentos distintos igual número de videos en redes sociales en los que se muestran supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos personajes encapuchados y armados advierten que vienen a “limpiar” la plaza, denuncian complicidad de las autoridades y anticipan que habrá más sangre en las calles.
Las grabaciones fueron, como siempre, desestimadas por el comisionado de seguridad, pero como si se tratara de un reto apareció otro video, esta vez de un joven que contaba que era delincuente, que relataba quienes protegían al grupo delictivo al cual formaba parte y anunciaba que sería asesinado. El muchacho que salió en el video fue ejecutado la semana pasada.
El cierre de sexenio es terrible y los problemas se siguen acumulando. Lo que pasa hoy en Morelos no es bueno para nadie, ni para los que se van, ni para quienes vienen.
Es un escenario en donde todos perdemos.
- nota
Los escribe Salvador García Soto en El Universal. El tema es delicado, advierte momentos muy difíciles para los aludidos y representaría el primer gran golpe contra la corrupción de Andrés Manuel López Obrador.
Esto es parte de lo que se publicó el sábado pasado.
“El futuro presidente hará sentir su mano dura contra gobernadores cuyas cuentas ha pedido revisar “con lupa” ante evidencias y denuncias de posible corrupción y desvío de fondos federales. Dos nombres suenan: Graco Ramírez y Miguel Ángel Yunes.”
- post it
De principio a fin el estilo de este gobierno fue el mismo: golpear. El problema es que no es lo mismo golpear el primero que el último año.
La estrategia del neovisionismo siempre fue mala; ahora en lugar de conciliar y mejorar el terreno y el animo social para su salida, siguen generando enconos y abriendo frentes.
La soberbia es muy mala consejera.
- redes sociales
La denuncia llega a través de las redes sociales. El hecho es público y conocido por muchos, pero callado porque la funcionaria involucrada es “cercanísima” a la primera dama.
Así lo envían:
“Ya son varias victima las que se acercan con nosotros, hemos intentado denunciar por diversas paginas pero nos hemos dado cuenta que hay un trafico de influencias y protección hacia Nadxielli Carranco; el DIF no les hace caso, ni a nosotros... ella (Nadxielli) no hace nada, siempre lleva a las victimas que son sus alidadas, no lo hace con todas porque sabe que exigirían sus derecho y la desenmascararían.
Su oficina es la extensión de su casa, sus empleadas se dedican a atender al niño, ahí trabajan sus amigas, su cuñada y hasta su hermano que esta adscrito a la secretaria de gobierno en la oficina del secretario, pero comisionado con su hermana... su pareja, un tal Igor, no trabaja, se dedica a cobrar un porcentaje del salario de todos los que contratan y se ostenta como ingeniero, les vende todo a la comisión con una comercializadora que tiene.
Además tiene a su sirvienta dada de alta ahí pero le hace su casa; no entendemos porque tanta protección, mientras a las victimas tardan meses en pagarles viáticos y transporte, ella se dice protegida de Elena Cepeda y todos le tiene miedo. ¿Por que no la auditan? ¿Por que la protegen? Las victimas comenzaran en poco tiempo a denunciar ante la Fiscalía, aunque quien sabe qué ocurra porque ella se dice muy amiga del Fiscal y creemos que seguirá igual. Pregúntele a Leonora Valentina Jiménez Franco por qué la corrieron. ¡Porque no se presto a los malos manejos y le estorbaba a la señora esa!
Ahí se revictimiza a las víctimas, hay señoras que venden todo por ir a buscar a sus familiares, esperan meses a ser dictaminadas como victimas... es una crueldad, nos han dicho que es un dispendio terrible rentar una casa con alberca tan lujosa cuando bien podrían ser mas humanos y tener oficinas en pleno centro, donde es mas fácil llegar.”
Comentarios para una columna alegre:
Twitter: @eolopacheco
Facebook: Eolopachecomx
Instagram: eolopachecomx