¿Qué podría ser lo peor que le podría pasar a Enrique Peña Nieto antes de que entregue el poder a Andrés Manuel López Obrador? Difícilmente podría pensarse algo peor que la humillación pública. Eso sería un golpe al honor del presidente que ya se va y una demostración del poco valor que le queda a su investidura presidencial. Y sucedió la semana pasada. López Obrador –quizás sin que fuera su intención–, hizo escarnio político de Peña Nieto cuando dijo que le pediría que enviara una iniciativa preferente al Congreso para tener lista la nueva Secretaría de Seguridad Pública Federal al tomar posesión el 1 de diciembre y arrancar el nuevo gobierno con una nueva arquitectura institucional.

Falta ver cuál será la reacción de Peña Nieto ante esta petición, que si bien tiene una lógica funcional, sería una burla al presidente, cuya incompetencia en esta materia, precisamente, lo llevó al abismo. Tras seis años echados a la basura en materia de seguridad, este país regresará al que había no hace seis años, sino hace 12, cuando comenzó la guerra contra los cárteles de la droga. Peña Nieto recibió el gobierno de Felipe Calderón con una estrategia de fuerza y violencia contra criminales, que 18 meses antes del relevo del poder llegó a su máximo de homicidios dolosos y había comenzado a caer de manera sistemática. Esa inercia le duró escasos dos años, antes de repuntar una vez más la violencia.

El fracaso de Peña Nieto, que trata de enmendar López Obrador y revertir en seis años el daño que le causó al país la estrategia del gobierno actual, comenzó desde la transición en 2012, cuando el entonces presidente electo aprobó el plan de quien sería su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública Federal y fusionarla en la Secretaría de Gobernación. Dentro del equipo de Peña Nieto hubo oposición a esa medida, pero siguió adelante con el plan de Osorio Chong, quien luego de conocer los recursos de inteligencia que disponía esa dependencia, los pensó para él y sus ambiciones, de acuerdo con personas que platicaron con él en aquél tiempo.

La fusión revelada en este espacio en octubre de 2012, sería el principio de la debacle. Paradójicamente, la suerte de Peña Nieto fue echada antes de iniciar su mandato presidencial. En diciembre de ese mismo año, también se reveló en este espacio, comenzó el desmantelamiento de Plataforma México, el complejo sistema de información e inteligencia criminal construido con recursos de la Iniciativa Mérida, que el gobierno de Barack Obama quería que se replicara en Centroamérica como parte de una estrategia regional que hoy, todavía, forma parte del enfoque integral para resolver el problema de la violencia regional.

A eso le siguió el cese de los especialistas mexicanos en el manejo de drones, porque se argumentó que sus salarios eran muy elevados. Era cierto, pero, al despedirlos, México se quedó sin expertos en esos equipos y se tuvo que pedir ayuda a la CIA y al Departamento de Alguaciles para poder ubicar a Joaquín El Chapo Guzmán en la sierra de Durango. Guzmán pudo escaparse del Altiplano porque también el gobierno peñista dejó de pagar mantenimiento del sistema de sensores subterráneos, relajó la seguridad en los ingresos a la cárcel, le quitó el audio a los monitores de la Policía Federal que vigilaban el interior del penal, cesó su vigilancia perimetral alrededor del penal, acabó con los protocolos que se habían establecido y con la capacitación de custodios, cuya preparación especializada se canceló. Por las mismas razones se despidió a los jefes de la Policía Cibernética, y se puede argumentar que la debilidad táctica en esa área fue una de las causas de los ataques a instituciones financieras que arrojaron pérdidas por unos 400 millones de dólares este año.

La desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal fue un error que terminó hundiendo a Peña Nieto, a Osorio Chong y a todo el gobierno. No hay debacle más grande en su administración que la estrategia de seguridad, cuya ineficiencia en el combate –el número de homicidios dolosos es 19% más que en el gobierno de Calderón, alcanzando los máximos históricos desde 1997, cuando empezaron a contabilizarse–, se convirtió en uno de los dos grandes factores de su derrota en las elecciones presidenciales. El otro factor fue la corrupción, percibida por el electorado como un fenómeno extendido y permitido en su gobierno.

La corrupción se magnificó como una hipótesis de trabajo, frente a la incompetencia en proveer seguridad. La eficiencia de un político o un gobierno le permite flotar en los peores pantanos. Si es ineficiente en algo tan vital como la seguridad, se ahoga en un estanque, como le sucedió.

El legado de Peña Nieto estará para siempre vinculado a esos dos factores, que son los primeros que López Obrador se ha dispuesto a enfrentar y cambiar. La petición de López Obrador a Peña Nieto es un atajo para combatir la inseguridad desde el principio, con una nueva secretaría dedicada a reducirla y eliminarla, lo más complejo y difícil que tendrá durante su administración, y lo que más tiempo le llevará para que empiece a dar resultados.

Peña Nieto está en una encrucijada ante tal petición, la única concreta de largo alcance que le ha solicitado. Está atrapado entre lo que necesita su sucesor y este país, y lo que significa para su propio legado y reputación. Pero es responsable de este desastre en seguridad, y las tormentas que causó lo perseguirán.