El presidente Enrique Peña Nieto regresará de sus vacaciones para el último jalón del sexenio. Aunque aproximadamente un mes antes de la elección entregó la plaza y trabajó más por tener una elección y una transición en paz que por mantener el poder, el epílogo será amargo. Disfrutó el poder con frivolidades y excesos, que, por ser personales, no tendrán repercusiones en el séptimo y octavo año de gobierno, como se conocen los periodos más delicados para un expresidente, cuando existe el riesgo que los usen como chivos expiatorios de las cosas que no salgan bien a la nueva administración. Peña Nieto quiere ir a Ixtapan de la Sal, su lugar de descanso preferido, para reiniciar su vida privada, aunque a decir de personas que tienen contacto con él, no está confiado de que su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, pueda mantener su palabra de no tocarlo.

López Obrador ha dicho repetidamente que no piensa tomar acción en contra de Peña Nieto, pero la demanda de un ajuste de cuentas contra la corrupción, lejos de haber amainado, se ha incrementado en las últimas semanas. Objetivamente hablando, si en efecto López Obrador quiere un profundo cambio de régimen, tendrá que acabar con el viejo régimen, que significa, como en el ancian regime francés, guillotinar al rey. Para mirar hacia el frente, debe tener limpio el retrovisor. Si este se encuentra sucio, no sabrá qué pueda acabar con sus intenciones, como sucedió con Vicente Fox cuando al ganar con el mandato del cambio, no hizo nada para cambiar el sistema vigente.

Cercanos a López Obrador comentan que la corrupción sí será atacada, y que hay varios funcionarios peñistas a quienes están revisando sus haberes. En lo alto de su lista se encuentra la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, con quien López Obrador tiene viejos diferendos desde que ella presidía el PRD. Robles dice en público y en privado que no hay nada por lo cual puedan perseguirla, lo que, en el peor de los casos, técnicamente sería factible, porque ella no firmó nada que pudiera probarse ilegal. Pero los mexicanos conocemos bien nuestra justicia, donde lo importante no es lo que existe o es, sino lo que parece. En el hipotético caso que Robles fuera la primera en la lista del gabinete sobre la que el nuevo gobierno pudiera actuar y ganar tiempo para la transformación prometida, una persecución política ¿daría suficiente circo a masa que babea sangre?

Las expectativas de quienes votaron por López Obrador difícilmente amainarán con alguien del gabinete. La exigencia presionará ir hacia arriba. ¿Qué tanto puede demorar que la escala en el ajuste de cuentas suba? Un indicador es lo que tarde en tener problemas el proyecto de López Obrador. Si las cosas salen como las ofreció originalmente, Peña Nieto podrá dormir tranquilo allá por la mitad del próximo sexenio. Mientras tanto, tiene que prepararse jurídicamente para lo que pudiera venirle encima. En forma específica, que es lo más claro y concreto por lo que pueden perseguirlo: ejecuciones extrajudiciales. Dos casos paradigmáticos ha tenido el gobierno de Peña Nieto, Nochixtlán y Tanhuato, referidos a detalle en este espacio en su momento.

En Nochixtlán, se apuntó en octubre pasado, el uso excesivo y letal de la fuerza, y violaciones a los derechos humanos provocaron la muerte de siete personas y dejaron más de 500 lesionados que protestaban contra la Reforma Educativa, como consecuencia del “pésimo” diseño, planeación y ejecución del operativo armado y ordenado por el entonces jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, que derivó en un choque en tres comunidades, como señaló una recomendación de la CNDH. Fue un ejemplo, apuntó, “de lo que no deben ser las acciones policiales”. Nochixtlán fue una metáfora de la incapacidad de este gobierno en materia de seguridad, pero también de la soberbia. Galindo fue removido ante las crecientes críticas a su trabajo, pero el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo rehabilitó como operador político al arrancar el proceso electoral pasado. Galindo llegó a tener incluso expectativas de ser senador, y Osorio Chong, quien lo protegió, hoy será coordinador del PRI en el Senado.

Sobre otro caso flagrante, en Tanhuato, se publicaron detalles en este espacio en agosto de 2015 sobre lo que pasó el 22 de mayo de ese año en el rancho “El Sol”, cuando policías federales se enfrentaron con supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue una matanza, concluyó la CNDH, y hubo ejecuciones extrajudiciales y se alteró la escena del crimen. Durante más de un año la Policía Federal sostuvo que no violó derechos humanos y que actuó conforme al protocolo de uso de la fuerza. Mentira.

Los policías federales violaron el código de conducta y los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. El índice de letalidad de la Policía Federal establece como estándar un policía muerto por 1.4 agresores; en Tanhuato fue un policía muerto por 42 agresores abatidos. El excesivo uso de la fuerza debe ser una excepción, y cuando no se aplican los protocolos, se considera ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria, según los principios y estándares del Derecho Internacional, de donde se puede desprender una responsabilidad directa hacia el Estado.

Peña Nieto tiene sobre sus hombros Nochixtlán y Tanhuato, que si no resuelve antes de terminar su Presidencia, podrán ser su pesadilla y, eventualmente, un proceso penal que, por el tipo de delito, nunca prescribe.