El 3 de junio de 1985, la Secretaría de Gobernación entregó a los diarios un informe que señalaba que, en relación con el asesinato del periodista Manuel Buendía, ocurrido un año antes, no existía denuncia ni investigación alguna en contra del ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, José Antonio Zorrilla Pérez.

El documento indicaba que, en todo caso, de lo único de lo que se podría responsabilizar a Zorrilla, era de ineficiencia administrativa, puesto que había ejercido un deficiente control sobre las acciones de los comandantes y agentes a su cargo, acusados de proteger a los narcotraficantes más conspicuos de la época.

El secretario de Gobernación, en los días en que el boletín fue expedido, era Manuel Bartlett Díaz.

Según La Jornada, Zorrilla había abandonado el país en un vuelo de Iberia el 25 de mayo de ese año: la hipótesis que señalaba su responsabilidad fue siempre la más sólida entre las 189 que se derivaron del caso.

Un fotógrafo de la DFS, apodado El Cepillín, reveló que él mismo había tomado las fotografías de Rafael Caro Quintero, Enrique Fonseca Carrillo y otros narcotraficantes, que luego sirvieron para que les fueran expedidas credenciales de la Policía Federal de Seguridad, firmadas por Zorrilla.

Al ser aprehendido, Caro Quintero confesó que había regalado autos y dinero a altos jefes de esta corporación. Un testigo declaró que un compadre de José Antonio Zorrilla, José Luis Esqueda (asesinado posteriormente) había comprobado la conexión del director de la DFS con señalados narcotraficantes, y había entregado a Manuel Buendía el expediente que comprobaba dichos vínculos.

La Secretaría encabezada por Manuel Bartlett se limitó a expresar que, “si de las investigaciones surgieran elementos que hicieran presumir alguna responsabilidad, se actuará conforme a derecho”.

Zorrilla estuvo prófugo hasta el 13 junio de 1989, cuando la gestión de Bartlett había concluido. Ese día, el entonces procurador capitalino Ignacio Morales Lechuga recibió una llamada del abogado Raúl Cervantes Ahumada. El jurista, profesor emérito de la UNAM, le dijo que había descubierto por accidente que en una casa las Lomas estaba escondido Zorrilla.

Morales Lechuga envió al domicilio a diez agentes, al frente de Federico Ponce Rojas. Les hizo una advertencia:

—No lo vayan a lastimar, no lo vayan a lesionar porque nadie nos va a creer que fuimos a aprehenderlo. Lo necesitamos vivo.

Luego salió disparado en su auto hacia las Lomas. De camino, a través de un radio, escuchó que se había desatado una balacera. Zorilla estaba enfrentando a tiros de arma larga a los agentes.

Morales Lechuga recuerda en entrevista que se quitó el saco y rechazó el chaleco antibalas que le ofrecía Miguel Amelio. Quería que Zorrilla viera que no llevaba armas. Gritó:

—¡José Antonio, no dispares. Soy el procurador. Voy a subir!

Zorrilla entreabrió la puerta y le apuntó con el cañón de una escopeta.

—Tú no eres policía —le dijo—. ¿Qué haces aquí?

—Vine a aprehenderte y a salvarte la vida —respondió el procurador.

Sin dejar de apuntarle, Zorrilla lo dejó entrar. Según el relato de Morales Lechuga, el ex funcionario se sentó en una cama y le dijo:

—Dile al presidente que no me voy a meter en política, que me voy del país.

—Este es un asunto de justicia, no de política —replicó Morales.

—Dime entonces cómo salgo de esta,
Ignacio.

—Eso pregúntaselo a tu abogado.

Zorrilla le marcó a José Antonio Hernández. Mientras el abogado llegaba, Morales le hizo dos preguntas: si había matado a Buendía y si había matado a Esqueda.

Zorrilla lo negó. Dijo que a Buendía lo había matado gente de otra área, que alguien le había dicho que la moto que usaron los asesinos era una moto de Los Pinos. Dijo que a Esqueda habían tenido que asesinarlo los agentes que lo seguían porque él los agredió: que el homicidio se había cometido en defensa propia.

Morales Lechuga supo entonces que Zorrilla mentía. Una persona que iba junto a Esqueda, y a la que los asesinos dieron por muerta, había revelado la manera en que éste fue ultimado a tiros. Por lo demás, las muertes de Buendía y Esqueda eran paralelas: la conducta de ambos había sido vigilada, a ambos se les interceptó en la calle, en ambos casos el primer funcionario en aparecer fue José Antonio Zorrilla; en ambas ocasiones el director se las ingenió para quedar al frente de la investigación —y encargarse de entorpecerla.

Cuando Manuel Bartlett entregó a los medios el informe que aseguraba que no existía investigación ni denuncia alguna en contra del ex director de la DFS, el semanario Proceso cabeceó la nota de este modo: “Gobernación exonera a Zorrilla”.

Zorrilla, sin embargo, pasaría un cuarto de siglo en la cárcel, acusado de haber ordenado el asesinato del periodista.